8 de Julio de 2020

Férrea defensa de contratos de asesores en la Cámara y Senado

Por el 1 de Febrero de 2017

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, defendieron la contratación de varios expolíticos afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) justo cuando en el Capitolio se entregaban ayer cerca de un centenar de cartas de despidos.

“No estamos contratando batatas políticas. Estamos contratando personas que tienen las capacidades, las cualidades, los estudios y traen la experiencia de vida para aportar en legislación. Así que en ese sentido no veo nada malo con esos contratos”, dijo el presidente cameral, quien tiene en nómina a los exrepresentante Edwin Mundo, Albita Rivera, María Vega y Elizabeth Casado.

El presidente cameral agregó que no cuestiona el deseo de sus compañeros que decidieron contratar a los cuatro exlegisladores.

Mundo está bajo un contrato de $150,000 para prestar servicios de publicidad, representación o artísticos, mientras Rivera tendrá un salario de $4,500 mensuales.

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Rivera Schatz, por su parte, argumentó que los exfuncionarios públicos tienen derecho a trabajar y lanzó una crítica a los medios por reportar contratos de personas afiliadas al PNP sin hacer lo mismo con la oferta de trabajo que hizo pública la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al preso político Oscar López.

El presidente del Senado sostuvo que los contratos del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, y el exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, se otorgaron a base de la capacidad y experiencia que tienen ambos como abogados.

“Si dijera que voy a contratar a Oscar López, estoy seguro que alguna gente que hoy se indigna con el contrato de Santini pues no se indignarían y a don Oscar López alguna gente lo llama preso político. Santini fue alcalde 12 años y Oscar López lleva encarcelado tres décadas. Son dos puertorriqueños. Uno cree en la estadidad el otro cree en la independencia. ¿Debemos negarle una oportunidad de trabajo a uno o al otro por su afiliación política? ¿Debemos aquí condenar que periodistas cuando se cambie un gobierno dejan el medio de comunicación y se van a trabajar a agencias de gobierno, a la legislatura o a la alcaldía por el mero hecho de que hubo un cambio de partido? No lo critico”, respondió Rivera Schatz en su justificación de los cuantiosos contratos.

En el caso de Santini, según la Oficina del Contralor, el Senado le otorgó un contrato por $48,000 por seis meses, mientras Vega Borges tiene un contrato de $18,000 por el mismo término.

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“Cada cuatro años se quiere venir con el argumento que una persona que no prevaleció no debe tener trabajo. ¿Eso es lo que esta prensa está planteando? ¿Que una persona que no prevalece en un proceso político no tiene derecho a trabajar?”, cuestionó.

El presidente del Senado aclaró que Vega Borges fungirá como asesor legislativo y no como un asesor administrativo, como trascendió.

Actualmente, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realiza una pesquisa al municipio de Toa Baja por presunta malversación de fondos federales bajo el liderato de Vega Borges, quien estuvo lejos del ojo público y desterrado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares desde que los federales allanaron la alcaldía.

“Gobernar no es a base de especulaciones. Gobernar es a base de hechos. Si alguna persona que trabaje en el Senado o en la Cámara, es acusado, el que sea del PNP, PPD o del PIP, se tiene que ir. Pero plantear aquí que una especulación es un hecho no”, apuntó Rivera Schatz.

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