20 de Septiembre de 2019

Férrea oposición a consolidación de la Comisión de Energía

Por el 6 de Febrero de 2018

Durante la primera vista pública en lo que será una serie de evaluaciones de los cinco planes de reorganización sometidos por el Ejecutivo a la Legislatura, el director interino de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), José Román Morales, defendió la independencia del cuerpo en momentos en que se entrevé la privatización energética.

Ante la Comisión de Gobierno presidida por el representante Jorge Navarro, Román Morales opinó que la consolidación de esta y otros dos entes reguladores “trastoca significativamente la estructura de la CEPR, afectando principios fundamentales de la regulación de utilidades, como lo son su independencia sustantiva y financiera”.

El representante Jorge Navarro. (Suministrada)

Mientras, el presidente de la Cámara Carlos “Johnny” Méndez, señaló que la autonomía de la CEPR como la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) –también incluida en el plan de reorganización 5– no se trastocaría por la aprobación de la propuesta.

“El decir que no va a haber la independencia, eso es falso. Va a haber la independencia. Nosotros vamos a garantizar que exista esta independencia”, enfatizó Méndez durante la vista. En un aparte con la prensa, planteó que para atender las inquietudes por la autonomía de la CEPR y el OIPC, podría haber cambios al proyecto de ley de la Legislatura, pues lo que no puede ser enmendado es el plan de reorganización del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

De las enmiendas al debatido Proyecto de la Cámara 1408 no ser compatibles con el plan de reorganización que propone crear la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico (JRSP), Méndez manifestó que se rechazaría el plan para que el Ejecutivo ajuste el mismo a las enmiendas legislativas.

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En la misma línea de transparencia, la junta de control fiscal determinó en una misiva que un regulador energético independiente es “crucial para una transformación exitosa del sector energético”. Por eso, el ente rector requirió a la administración del gobernador incluir en el plan fiscal un “plan para un regulador energético independiente y robusto”, aparte de someter ante la Legislatura un proyecto que funde el modelo no más tarde del próximo verano.

A pesar de estar de acuerdo con esta orden, el director ejecutivo de la CEPR acentuó que no es necesaria una nueva legislación, pues el organismo actual abarca las peticiones de la junta, como tres comisionados, poder para aprobar cargos tarifarios y total autonomía.

Por otro lado, Román Morales cuestionó que el propuesto Negociado de Energía contaría solo con un comisionado, nombrado por el gobernador y que podrá ser removido de su posición en cualquier momento, “con o sin justa causa”. De acuerdo al director interino de la CEPR, es importante que el organismo cuente con al menos tres miembros para así propiciar el intercambio de ideas y opiniones.

Sobre el particular, el representante popular Luis Vega Ramos inquirió si la potestad del gobernador para destituir al comisionado podría inhibir al experto en energía de tomar decisiones que contradigan la postura del Ejecutivo.

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Según dispone su ley habilitadora, la CEPR recibe un presupuesto anual de $5.8 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mientras que otra parte de sus ingresos sale del .25% del ingreso bruto anual de aquellas compañías de servicio eléctrico que generen “ingresos al generar energía eléctrica”. 

En el plan de reorganización, el presupuesto de la CEPR pasaría al Fondo General. “Dicho acto genera una carga adicional no existente en la actualidad en el fondo general”, además de que no elimina el cargo regulatorio que los clientes pagan actualmente, por lo que la consolidación del organismo en términos económicos “no representa un ahorro para el ciudadano ni para el gobierno”.

El portavoz de la delegación popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, debatió si incluir el presupuesto de la CEPR en el Fondo General del gobierno podría causar que estos se vean comprometidos en el proceso de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa.

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