6 de Diciembre de 2022

Fiscalía federal somete su caso por corrupción pública

Por el 19 de Septiembre de 2016

Tras la presentación de 30 testigos de cargo, la fiscalía federal sometió hoy en la mañana su caso contra los cuatro acusados por un presunto esquema de corrupción pública de conspiración, soborno y extorsión orquestado por el exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Javier Hernández Pérez.

A las 10:30 a.m., el fiscal federal José Capó Iriarte le informó al juez Pedro A. Delgado que sometían su caso justo al culminar el testimonio de Ángel Rijos, jefe de seguridad de AT&T, que declaró que el 19 de febrero de 2014 Hernández Pérez lle compró un iPhone 5 de 16GB a la exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), Sally López Martínez.

A preguntas del fiscal federal Capó Iriarte, el testigo precisó que la compra del teléfono celular se hizo con una tarjeta American Express Black, a nombre de Hernández Pérez, y el monto de la compra del equipo fue de $645.99 con impuestos.

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Previamente, la empleada de la división legal del Banco Popular, Tania Pérez, que fue la testigo 29 de cargo del gobierno, fue contrainterrogada por la defensa por las múltiples transacciones que aparecían en las cuentas bancarias de la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falcón Nieves, y de su hermana y coacusada, Marielis Falcón Nieves.

Godwin Aldarondo, abogado de la exvicepresidente de la AAA, cuestionó a la testigo si el banco o ella detectaron alguna irregularidad con los depósitos en efectivo que aparecían en las distintas cuentas desde el 2012 al 2015 y Pérez dijo que “no”.

El pasado jueves, la fiscalía federal mostró un resumen del comportamiento de varias cuentas bancarias de Ivonne y de Marielis donde se detallaban múltiples depósitos en efectivo durante los años que presuntamente duró la conspiración con Hernández Pérez, del 2012 al 2015.

Tribunal Federal. (Juan Rodríguez/ CB)

El desfile de prueba comenzó el 24 de agosto y hoy la fiscalía federal sometió su caso. Se espera que hoy mismo la defensa comience la presentación de su prueba. (Juan J. Rodríguez/ CB)

Sobre las cuentas de Ivonne Falcón, el gobierno federal demostró que en una de sus cuentas en el 2012 se depositaron $1,777 en efectivo y tuvo un total de ingresos de $95,348.35. En el 2013, según el resumen de la cuenta bancaria, la exvicepresidenta de la AAA tuvo depósitos de $1,583 en efectivo, para un total de ingresos de $84,803.

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Otra cuenta bancaria a nombre de Ivonne Falcón, según sus estados bancarios, reveló que en el 2012 la funcionaria del gobierno de la AAA depositó $21,930 en efectivo. En el 2013, en esa misma cuenta, depositó $15,300 en efectivo.

La testigo 29 de cargo del gobierno y empleada de Popular precisó el jueves en la tarde que Ivonne y Marielis tenían una cuenta bancaria a nombre de las dos y en esa cuenta, durante el 2014, se depositaron $14,247 en efectivo.

La fiscalía federal presentó además evidencia de otra cuenta a nombre de Marielis Falcón que en el 2012 depositó $30,719 en efectivo; y en el 2013 depositó $28,727 en efectivo.

El contratista de la AAA, Ramón Crespo, el testigo 20 de cargo, había declarado el pasado 9 de septiembre, que desde el 2012 le pagaba a la hermana de la exvicepresidenta de la AAA, Marielis Falcón, a cambio de que ella lo ayudara con su hermana para que le pagaran facturas vencidas en la AAA por trabajos realizados.

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Según Crespo, la hermana de la funcionaria de la AAA recibió cerca de $100,000 por parte del contratista de la AAA a cambio de sus favores para agilizar el pago de factura.

Este mismo testigo indicó al jurado que en el 2013 le pagó a Hernández Pérez y al excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, cerca de $100,000 a cambio de que ellos le ayudaran a cobrar una factura de $1 millón que tenía detenida en la AAA.

La fiscalía federal, como parte de su prueba, presentó el testimonio de Lourdes Alsina, gerente de finanzas de la AAA y testigo 21 de cargo, quien declaró que recibió instrucciones directas de parte de Ivonne Falcón para que se consiguiera el dinero en la AAA y se le pagara al contratista Ramón Crespo y a su empresa I A Mech.

Alsina testificó el pasado 12 de septiembre que, por instrucciones de Ivonne Falcón al contratista Ramón Crespo, se le pagaba antes de que vencieran las facturas, esto contrario a las normas de sana gerencia de la AAA.

Asimismo, Alsina señaló entonces que mientras Falcón era tesorera de la utilidad, y para el mismo tiempo que su hermana le facturaba a Crespo por ayudarle a agilizar el pago de facturas, Ivonne Falcón autorizaba el pago de las facturas a I A Mech antes de que venciera el término para pagarle.

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La semana pasada, la fiscalía federal también sentó en la recta final de su caso a Heidie Rosado Nieves, testigo 27 de cargo del gobierno y quien era la encargada de administrar los fondos federales destinados para atender las necesidades de desempleados en ADL.

Rosado Nieves, quien fue una testigo que contactó a las autoridades federales hace dos semanas para cooperar, dijo que su entonces jefa Sally López le concedió trato preferencial a Hernández Pérez a través de un contrato para realizar ferias de empleo que no había forma de medir su efectividad. Asimismo, dijo que sugirió cancelar otro contrato que Hernández Pérez logró con ADL para adiestrar personal para la AAA pero su entonces jefa le indicó que ella no tenía ninguna autorización para hacer tales sugerencias.

“Ese contrato era demasiado difícil de auditar porque tenía muchas lagunas, demasiada información sin incluir… Le estaban dando trato preferencial (a Hernández Pérez) por instrucciones de Sally López”, subrayó Rosado Nieves.

Respecto a Glenn Rivera Pizarro, exayudante del administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González Calderón, la fiscalía federal sentó a declarar la semana pasada a Víctor Burgos Cotto, el exdirector de informática de la Cámara.

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Burgos Cotto dijo que le concedió y firmó el contrato para el reemplazo del cuadro telefónico de la Cámara a 3Comm Global, empresa de Hernández Pérez, por intensas presiones recibidas por el entonces administrador de ese cuerpo Xavier González.

El testigo, quien se declaró culpable en este caso, dijo además que Glenn Rivera le expresó “firma el contrato porque si no te van a botar”.

Esta expresión es la única evidencia que la fiscalía federal pudo presentar en contra de Rivera Pizarro pues, en todos los correos electrónicos presentados en sala en donde se discutieron las 10 enmiendas de propuestas para reemplazar el cuadro telefónico, en ninguno está copiado Rivera Pizarro.

Durante el contrainterrogatorio, la defensa de Rivera Pizarro, a cargo de Juan Masini Soler, llevó al testigo a afirmar que su cliente carecía de autoridad para expulsarlo de la Cámara y que al final de cuenta quien lo despidió fue el propio administrador, Xavier González.

Entre los testigos principales de cargo de la fiscalía federal, representada por Timothy Henwood y José Capó Iriarte, estuvo el propio exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández Pérez; su socio y convicto, Héctor Vargas; la senadora popular, Mari Tere González; la exayudante de La Fortaleza, Sasha Pomales; y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Jesús Manuel Ortiz.

El desfile de prueba comenzó el 24 de agosto y hoy la fiscalía federal sometió su caso. Se espera que hoy mismo la defensa comience la presentación de su prueba.

Durante el juicio, por las distintas menciones, el presidente de la Cámara Jaime Perelló Borrás renunció a la presidencia pero no a su escaño; también renunció la directora de campaña de David Bernier, la licenciada Liza Ortiz; además renunció a la candidatura la senadora popular Mari Tere González, y renunció a la Junta de Directores del PPD, el excomisionado electoral de esa colectividad y exsenador Eder Ortiz.

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