3 de Abril de 2020

Fondos de inversión demandan a Puerto Rico exigiendo pago de bonos

Por el 26 de Septiembre de 2016

SAN JUAN – Treinta y un fondos de inversión que tienen bonos garantizados emitidos por el Sistema de Retiro de los Empleados del ELA (ERS, por sus siglas en inglés) han demandado al gobierno de Puerto Rico para exigir que las aportaciones de los empleados sean puestas en una cuenta separada para su beneficio.

En una demanda radicada el 21 de septiembre, los demandantes dijeron que son conscientes de los retos que enfrenta Puerto Rico y del apoyo del Congreso de Estados Unidos para hacerle frente a los problemas fiscales, estructurales y de administración del gobierno local. Ellos dijeron que tienen la intención de trabajar con la junta de supervisión establecida por la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para administrar las finanzas de Puerto Rico con el fin de renegociar la deuda.

“Sin embargo, en el ínterin, el ELA no ha reconocido los derechos constitucionales y contractuales de los demandantes y otros acreedores garantizados. Por lo tanto, los demandantes buscan alivio limitado en el marco de Promesa con el fin de proteger sus intereses de propiedad y retar el desvío indebido de su propiedad”, dijeron.

El ERS es uno de los tres sistemas públicos de retiro en Puerto Rico. En el 2008 emitió bonos para financiar las pensiones, cuyos recaudos fueron utilizados para aumentar los fondos disponibles para pagarles beneficios a los empleados públicos retirados. Para asegurar los bonos, el ERS le concedió a los demandantes, a través de un agente fiscal, una promesa y asignación de la concesión de un derecho de garantía y gravamen en y sobre todas las futuras aportaciones patronales, además del derecho del ERS a esas aportaciones, entre otras cosas. Ningún otro tenedor de deuda emitida por el ELA o cualquiera de sus instrumentalidades tiene un gravamen sobre esta propiedad.

“El 6 de abril, el ELA aprobó la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que “no respetó los derechos constitucionales y contractuales de los demandantes y le concedió al gobernador autoridad irrestricta para declarar una moratoria total sobre los pagos de deuda por parte de determinadas entidades gubernamentales, incluyendo el ERS”, dice la demanda.

El 30 de junio, el gobierno federal promulgó la Ley Promesa que proporciona herramientas para instituir reformas fiscales y económicas en el ELA. El mismo día, el gobernador emitió la Orden Ejecutiva 2016-31, que declaró que el ERS se encontraba en estado de emergencia y suspendió su obligación contractual de transferir las aportaciones patronales al agente fiscal del sistema para pagar sus bonos pendientes. La orden también suspendió las obligaciones del ELA para hacer aportaciones patronales al ERS hasta la cantidad del servicio de la deuda a pagar por el ERS durante el año fiscal 2017.

El ERS continúa recibiendo las aportaciones patronales de los patronos no gubernamentales, pero la orden no altera o suspende las obligaciones patronales a hacer las aportaciones requeridas. Todas las aportaciones que se están realizando actualmente están sujetas al gravamen y al interés de seguridad conferidos por el ERS para asegurar los bonos del ERS.

Los demandantes dijeron que el ELA no ha hecho ningún esfuerzo para proporcionar una protección adecuada y se ha negado expresamente a hacerlo.

“Antes de presentar la moción, los demandantes enviaron una petición por escrito al ELA solicitando protección adecuada, pero el ELA negó esa petición. Por lo tanto, los demandantes buscan remedio de la suspensión de Promesa. La Ley Promesa establece que la corte ‘deberá’ ofrecer relevo de la suspensión de Promesa por ‘causa’ y la falta de protección adecuada para compensar a los demandantes por el deterioro de sus gravámenes e intereses de seguridad constituye ‘causa’ bajo Promesa”, dijeron los demandantes.

Si la suspensión prevalece, entonces el juez debe poner las aportaciones patronales cobradas durante la suspensión automática en una cuenta establecida para el beneficio de las firmas, según ellas indicaron.

Se espera que el juez federal Francisco Besosa emita un fallo que determine si se le concederá un relevo de la suspensión de Promesa a otros cuatro litigantes en un caso separado. Se presume que el fallo será emitido en algún momento del próximo mes.

Los demandantes en la más reciente demanda incluyen a Altair Global Credit Opportunities Fund (A) LLC, Claren Road Credit Master Fund Ltd., Claren Road Credit Opportunities Master Fund Ltd., Glendon Opportunities Fund, L.P., Nokota Capital Master Fund L.P., Oaktree-Forrest Multi-Strategy LLC (Series B), Oaktree Opportunities Fund IX L.P., Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2) L.P., Oaktree Value Opportunities Fund, L.P., Ocher Rose L.L.C., Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund Inc., Puerto Rico AAA Portfolio Bond Fund II Inc., Puerto Rico AAA Portfolio Target Maturity Fund Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund II Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund III Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund IV Inc., Puerto Rico Fixed Income Fund V Inc., Puerto Rico GNMA & U.S. Government Target Maturity Fund Inc., Puerto Rico Investors Bond Fund I, Puerto Rico Investors Tax-Free Fund Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund II Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund III Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund IV Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund V Inc., Puerto Rico Investors Tax-Free Fund VI Inc., Puerto Rico Mortgage-Backed & U.S. Government Securities Fund Inc., SV Credit L.P., Tax-Free Puerto Rico Fund Inc., Tax-Free Puerto Rico Fund II Inc., Tax-Free Puerto Rico Target Maturity Fund Inc. y UBS IRA Select Growth & Income Puerto Rico Fund.

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