25 de Mayo de 2020

[Fuentes] Gobierno ocultó verdadera razón para la cancelación del contrato para las pruebas de COVID-19

Por el 9 de Abril de 2020

Las autoridades federales detuvieron la transacción de $19 millones para la compra de pruebas rápidas para el COVID-19 con la empresa Apex Contractors, lo que explicaría la razón por la cual el gobierno detuvo la millonaria transacción.

Fuentes de Caribbean Business con conocimiento directo de esos movimientos sostuvieron que la entidad bancaria que emitió el cheque, Oriental Bank se comunicó con el administrador de Servicios Generales, Ottmar Chávez para informarle que el dinero había sido puesto en “hold” por las autoridades federales, luego de que ellos notificaran la misma como requieren las leyes.

Chávez por su parte, notificó al secretario de Hacienda, Francisco Parés debido a que la transferencia electrónica había sido originada por Hacienda.

Las fuentes aseguran que el secretario Parés, al tener conocimiento del hecho, llamó al secretario de la Gobernación Antonio Pabón y le notificó que la transacción había sido detenida.

Este medio solicitó confirmación al secretario de Hacienda pero este no había respondido hasta el momento de publicación de esta historia. En entrevista radial (WIAC), sin embargo, Parés si confirmó la información.

“Nosotros tuvimos conocimiento de que Oriental Bank tuvo problemas haciendo la transferencia (de $19 millones) a la entidad australiana que había contratado Apex y notifiqué a contabilidad central para que interviniera para que ese dinero regresara”, dijo el secretario en la entrevista.

Una solicitud de entrevista al administrador de Servicios Generales, Ottmar Chávez no había sido concedida hasta el momento.

Caribbean Business supo que la empresa Apex Contractors no solía mover más de $30 mil dólares en la cuenta por lo que la millonaria transacción levantó sospecha de las autoridades que ya venían investigando las transacciones del Departamento de Salud y otras agencias del gobierno.

El lunes de esta semana, el secretario de Salud, Lorenzo González informó la cancelación de compra de un millón de pruebas de COVID-19, sin detallar las razones para dicha acción.

Posteriormente indicó que la cancelación se debió a que las pruebas no fueron entregadas según estipulado en el contrato, el pasado 31 de marzo. Sin embargo, con la información que ahora se conoce, se explica que las pruebas no podían llegar debido a que el pago adelantado que había solicitado la empresa no se había completado por la intervención de las autoridades federales.

Esta información no fue revelada ayer en la conferencia de prensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre este mismo tema.

Apex Contractors es una dos empresa contratadas por el Departamento de Salud, sin experiencia en la industria de la salud, para suplirles pruebas rápidas para el COVID-19.

Vázquez Garced dijo ayer que el gobierno nunca preguntó cómo una empresa sin experiencia ni peritaje conocido en el área de salud podía traer en cinco días a la isla, desde Australia, las codiciadas pruebas.

“Cómo ellos lo iban a lograr verdaderamente era algo que no teníamos que evaluar… Yo quería que las pruebas estuvieran aquí”, dijo anoche Vázquez Garced.

Tanto Apex Contractors como la empresa 313 LLC, tiene como socios de la empresa a personas ligadas al Partido Nuevo Progresista (PNP). Estas son las únicas dos empresas contratadas por el gobierno para proveer estas pruebas a pesar de que la gobernadora dijo ayer que en el gobierno se recibieron múltiples propuestas de distintas personas y entidades ofreciendo las venderle pruebas al gobierno.

El comentarista radial, Luis Pabón Roca dijo hoy en su programa conocer de al menos un empresario que ofreció pruebas al gobierno por una cantidad mucho más económica que los $40 por prueba que las ofreció Apex, pero nunca lo llamaron para que presentara una propuesta formal.

En la conferencia de prensa donde la gobernadora dijo presentar toda la prueba relacionada al escándalo como evidencia de que no había nada que esconder, Vázquez Garced no presentó evidencia sobre cómo Salud hizo las solicitudes a empresas para comprar las pruebas .

Las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 son indispensables para comenzar a realizar un rastreo de casos que permita poner en cuarentena a los afectados por el virus y a sus contactos, mientras el resto del país puede comenzar a retomar cierta normalidad en su operación.

En su ausencia, el país lleva cuatro semanas con el 75% de sus empresas y comercios paralizados lo que se estima implicará un impacto negativo en la economía que podría superar los $11 mil millones según consignó ayer el propio gobierno a través del representante de la gobernadora ante la Junta de Control Fiscal, Omar Marrero.

image_print

You must be logged in to post a comment Login