4 de Agosto de 2020

Funcionarios del Departamento del Tesoro visitan la isla

Por el 22 de Julio de 2016

Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. estuvieron en Puerto Rico la semana pasada para supuestamente allanar el camino a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal.

Según fuentes de Caribbean Business, los funcionarios se reunieron con la presidenta saliente del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta. Una de las fuentes mencionó que el eje de las reuniones fue el plan de crecimiento económico y fiscal de la isla.

(Getty Images / Mark Wilson)

(Getty Images / Mark Wilson)

Aunque los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal no han sido aún designados oficialmente por el Presidente Obama, otra fuente aseguró que ya los miembros fueron  seleccionados y que “ya están tomando el control” de la isla.

De otra parte, las fuentes expresaron su preocupación de que el Departamento del Tesoro esté tratando de influir las decisiones de la Junta sobre la forma de manejar la crisis fiscal.

La preocupación viene luego de que senador republicano Orrin Hatch pidiera recientemente a la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos ampliar su investigación sobre posibles actos ilegales que pudieron contribuir a los problemas fiscales de la isla para determinar si oficiales del Tesoro violaron la ley al intervenir en las negociaciones entre Puerto Rico y sus bonistas.

El también presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de EE. UU.  alegó que existen posibles “asimetrías de información” entre inversionistas y funcionarios públicos, incluidos los funcionarios locales y del Tesoro de Estados Unidos.

El gobierno de Puerto Rico, según Hatch, pudo haber violentado la ley al no divulgar información financiera a tiempo o al divulgar información “selectiva” a distintos grupos de bonistas o al Departamento del Tesoro.

Hatch, uno de los ocho congresistas nombrados a una comisión especial del Congreso que trabajará el tema de crecimiento económico en la isla, destacó que funcionarios del Tesoro desalentaron negociaciones entre el gobierno de Puerto Rico y sus acreedores para obligar al Congreso a aprobar legislación que ayudara a la isla restructurar la deuda.

 

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