8 de Mayo de 2021

Gobernador convierte en ley el Plan Tenesí

Por el 5 de Junio de 2017

Acompañado por un grupo de legisladores y alcaldes que ondeaban banderas estadounidenses, el gobernador Ricardo Rosselló convirtió hoy en ley el Proyecto de la Cámara 876, que establece una comisión compuesta por dos senadores y cinco representantes federales que solicitarán ante el Congreso y el gobierno de Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como estado, proceso que públicamente se conoce como Plan Tenesí. 

En momentos en que la Legislatura se prepara para examinar el presupuesto del país, el primero que deberá tener el aval de la junta de control fiscal, el primer ejecutivo dijo que evaluará junto con los presidentes legislativos quiénes serán esos siete congresistas puertorriqueños que acudirán a Washington D.C. a cabildear por la estadidad para la isla. Aseguró que buscará a “los mejores” representantes en los próximos 30 días.

El gobernador, acompañado de legisladores y alcaldes, convirtió en ley el proyecto que impulsa el Plan Tenesí, algo que fue una de sus promesas de campaña. (Suministrada)

Estos congresistas serán seleccionados por el gobernador, pero deberán ser confirmados por Cámara y Senado antes de iniciar sus labores. Dos años después, cuando concluya su término, serían electos por el pueblo, según dispone la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico.

Camino a Fortaleza el Plan Tenesí

“Esto fue una estrategia del siglo 18. También fue una estrategia del siglo 19 y del siglo 20. Fue una estrategia que ha funcionado el 100% de las veces… Es un complemento perfecto a lo que se ha estado trabajando en el plebiscito [del 11 de junio]”, expresó Rosselló sobre el Plan Tenesí en una rueda de prensa en La Fortaleza. Puerto Rico sería el octavo territorio que utiliza esta estrategia para solicitar la admisión como estado, después de Tenesí, Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas y Alaska.

La cantidad de fondos que tendrá esta Comisión de la Igualdad, sin embargo, es desconocida, aunque el mandatario afirmó que se trata de una “fracción ínfima” del presupuesto. “Es una aportación mínima relativo a lo que implica resolver el problema colonial”, agregó.

A sus palabras se unieron los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente. “¿Cuánto se va a gastar? Le daría más dinero que a la junta de control fiscal”, declaró Rivera Schatz, en una acostumbrada lanza contra el ente creado por Promesa.

“Cualquier estipendio de gastos que se haga a esta comisión es una inversión para el futuro de Puerto Rico”, declaró Méndez.

La Comisión de la Igualdad trabajará de la mano con la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), así como con la comisionada residente, Jenniffer González. Aunque los congresistas no tendrán salario, sí tienen derecho a reembolso de gastos y dieta.

Rosselló sostuvo que la “igualdad” que provee la estadidad para Puerto Rico también sería clave en el desarrollo económico de la isla, que lleva una década en recesión.

“La transición a la estadidad nos permite una gran oportunidad para despuntar como lo han hecho los otros territorios… Es una gran oportunidad para Puerto Rico y para Estados Unidos poder hacer esa transición, para expandir, para tener el primer estado hispano”, sostuvo el mandatario, que dijo que 10 años después de que Hawái se convirtió en estado, “se dio un ‘boom’ económico”.

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Invita a votar en el plebiscito 

De otro lado, el gobernador aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a votar en el plebiscito de estatus del 11 de junio, para el cual podrán escoger entre la “estadidad”, la “libre asociación/independencia” o el “estatus territorial actual”.

Para el Partido Nuevo Progresista (PNP) no es primordial la cantidad de gente que votará en la consulta o cuántos votos obtenga la estadidad, sino que se convierta en una estrategia conjunta con el Plan Tenesí y otras para la descolonización de la isla.

Rosselló afirmó que los $5.3 millones para la consulta fueron desembolsados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que le corresponde a la presidenta, Liza García, solicitar más, si fuera necesario.

El primer ejecutivo confirmó que aún no han recibido comunicación adicional del Departamento de Justicia federal aceptando los cambios que solicitaron al plebiscito, por lo que se desconoce si será la primera consulta con aval de Estados Unidos.

A esta consulta, tanto los Partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático (PPD) como grupos sindicales llamaron a un boicot por entender que el contenido no los complace y que la situación fiscal del país no se resuelve con este tipo de acciones.

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