Gobernador firma ley de política pública energética de Puerto Rico

Por Eva Lloréns Vélez el 11 de Abril de 2019

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el nuevo marco regulatorio que requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía. (Suministrada)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el jueves la ley que establecerá la política pública energética de Puerto Rico y que requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles a favor de renovables como fuente de generación de energía.

La medida, la cual establece como una “aspiración” el que las tarifas energéticas bajen a menos de 20 centavos el kilovatio hora, ocurre a semanas de que entre en vigor el primero de mayo la nueva tarifa básica permanente. La AEE no ha dicho de cuánto será la nueva tarifa permanente que sustituiría la tarifa provisional implantada en el 2016 que conllevó un aumento de 1.29 centavos el kilovatio hora.

A preguntas sobre las garantías de que no habrá un aumento en las tarifas, Rosselló dijo que al presente el 60% de los gastos de la AEE son en combustibles fósiles caros, y aseguró que el uso del gas natural, que es más económico, en combinación con fuentes renovables, brindarán alivio a los consumidores.

En relación al tope de 20 centavos como una aspiración, Rosselló sostuvo que no quería imponerse una camisa de fuerza en momentos en que la AEE se dispone a ser privatizada. “Queríamos estuviese abierto al mercado”, dijo.

La medida establece una nueva cartera de energía renovable: eliminar 20 por ciento de combustibles fósiles al 2022; 40 por ciento al 2025; 60 por ciento al 2040; y un 100 por ciento para el año 2050.

El congresista Rob Bishop, quien ha recibido mas de medio millón de la industria de gas natural, expresó sus dudas recientemente en que Puerto Rico pudiese lograr sus metas en el uso de renovables debido a que el sistema energético no está preparado para aceptar fuentes renovables y necesita $2 mil millones en fondos para poder modificar los sistemas.

“Esa es su opinión”, dijo el gobernador.

Tras el esfuerzo de la Asamblea Legislativa y todos los sectores involucrados, el gobernador dijo que se ha diseñado un marco regulatorio para adaptar nuestro sistema energético a uno resiliente, confiable y robusto con tarifas “justas y razonables” para todos los consumidores.

Rosselló Nevares añadió que “esta nueva medida, junto con la ley para la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos provee las herramientas necesarias para reformar la manera en que vemos la producción y el consumo energético. Estamos dando un paso de avanzada para mejorar la calidad de vida de todos quienes residimos en la Isla”.

La medida provee una reconstrucción, modernización y actualización rápida y efectiva de la red para desarrollar un sistema robusto, confiable, inteligente y flexible que pueda integrar nuevas tecnologías y mayor energía renovable.

El decreto ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) transferir a compañías privadas los activos de generación mediante venta o APP; también se puntualiza que ninguna compañía, en ningún caso, podrá alcanzar el 50 por ciento o más de los activos de generación.

Los contratantes que adquieran u operen las plantas de generación de la AEE deberán modernizarlas o sustituirlas por plantas altamente eficientes en un periodo no mayor a cinco años.

Asimismo, las nuevas plantas que se establezcan durante la transición a 100 por ciento renovables tendrán que ser centrales de menor escala.

Deberán, además, tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, con tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con capacidad para integrar generación distribuida y energía eléctrica renovable.

La nueva ley también establece la transferencia de la operación y el mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario mediante alianza público-privada (APP) en o antes del 31 de diciembre de este año.

A preguntas acerca de cómo se garantizarían tarifas razonables con el nuevo modelo de privatización, Rosselló dijo que se haría mediante el esquema de alianzas público-privadas, las cuales estarían monitoreando los contratos.

Por su parte, el principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz Vázquez, indicó que “la baja en los costos de energía solar y los sistemas de baterías harán posible la implantación de esta ley, con muchas opciones al abonado y añadiendo resiliencia en la red”.

Ortiz destacó que hacen falta personas y recursos especializados en el diseño de fuentes renovables y pronosticó que creará “un mercado enorme de empleo” en el sector energético.

Mientras, el senador Larry Seilhamer Rodríguez sostuvo que “esta ley encamina a Puerto Rico en la dirección correcta, colocándonos en un futuro cercano a la generación de energía a menor escala, en la que los mayores proveedores sean los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales, microrredes, entre otros. Puerto Rico está ahora a la vanguardia con otras jurisdicciones y lugares en el mundo que se mueven a producir el 100 por ciento de electricidad con fuentes de energía renovables”.

Ortiz, al igual que Rosselló, anticiparon que se renegociarán los contratos con Ecoeléctrica y con AES, ambos proveedores de electricidad, para que usen fuentes renovables antes del vencimiento de sus contratos. Ortiz dijo que se le pedirá a AES que use biomasa en vez de carbón para generar energía. “Me gustaría hacer la transición ahora. No hay porque esperar al 2028”, dijo el gobernador.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, el representante Víctor Parés Otero, explicó que “esta ley va a establecer las guías correctas para que Puerto Rico cuente con un sistema energético confiable, moderno y resiliente que sirva de vehículo para un desarrollo económico sostenible”.

El presidente de la Comisión añadió que “pero más importante aún, establece unas salvaguardas para que el proceso de privatización sea transparente y que beneficie al consumidor. Agradezco al gobernador por trazar la ruta para este importante cambio y para que la Isla se mueva el 100 por ciento a energía renovable”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Christian Sobrino, destacó que “la firma en ley del PS 1121 envía un mensaje contundente a los mercados de inversión y la industria energética internacional. El mensaje es que en Puerto Rico hay consenso, voluntad y determinación de transformar su sistema energético a uno resiliente y de avanzada”.

Por otra parte, la nueva ley promueve el desarrollo de energía renovable distribuida al establecer una Absoluta Medición Neta al Detal (“full retail net metering”, en inglés) para los participantes del Programa de Medición Neta.

Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación elegible —que utilice una fuente renovable de energía— puede exportar a la red de la AEE el exceso de energía que su sistema genere.

La AEE medirá la energía que el cliente exporte a la red y facturará al cliente por la energía neta que este consuma; la energía neta es igual a la energía consumida por el cliente menos la que este exporte a la red.

Si el cliente exporta más energía de la que consume de la AEE, el exceso se contabilizará en su cuenta y podrá utilizarlo en meses subsiguientes.

Mediante el Programa de Medición Neta y bajo la nueva medida, el operador de la red compensará al consumidor-proveedor por la energía que exporte a la red a la misma tarifa por kilovatio hora al que compra la energía de la red, luego de que consuma la energía autogenerada.

El decreto, además, fortalece el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) como ente regulador encargado de ejecutar la implementación de la política pública energética.

El presupuesto del Negociado se aumentará a $20 millones, se le otorgará mayor autonomía operacional y se le darán nuevas facultades para regular mediante mecanismos basados en métricas de desempeño de las compañías de energía.

Por otra parte, la medida crea un Fideicomiso de Energía Verde que promoverá que los consumidores puedan convertirse en consumidores-proveedores.

El Fideicomiso estará encargado de establecer programas o apoyar financieramente a proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos.

La entidad, además, apoyará a empresas municipales de energía, así como a comunidades solares, microrredes en comunidades aisladas y aquellas comunidades de bajos y medianos ingresos; y facilitará el financiamiento de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o microempresas.

Se informó, además, que la nueva ley ordena reemplazar el 100 por ciento del alumbrado público por luces LED o renovables para el 2030; y también garantiza que ningún empleado de la AEE pierda su empleo

Sobre si la Legislatura tendrá alguna participación en la transformación del sistema, el gobernador dijo que miembros de la Legislatura forman parte de los comités de alianza público-privadas que supervisarán los contratos con las compañías privadas.