21 de Octubre de 2019

[VIDEO] Gobernador pagará intereses de GOs

Por el 9 de Febrero de 2017

En un hotel rodeado de policías, en medio de protestas y durante el evento Caucus con el Gobierno de la Asociación de Industriales (AIPR), el gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que pagará los intereses de las obligaciones generales (GOs), que se dejaron de pagar el pasado 1 de febrero y ascendentes a $1.3 millones. 

Además, adelantó que creará un fideicomiso (trust) en el cual se depositarán los más de $145 millones que se encuentran en el Banco Popular correspondientes a los “clawbacks” o la retención de ciertos ingresos que garantizan el pago de deuda. Este dinero se utilizará para cumplir con parte de la deuda de los GOs, que está garantizada por la Constitución de Puerto Rico.

(Juan J. Rodríguez/CB)

“Esto cambia la política pública de manera dramática… Este es el primer paso afirmativo hacia cumplir.”, manifestó Rosselló. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Estoy implementando esa Ley [5 de Cumplimiento] hoy mismo. Hemos identificado un fideicomiso fuera del gobierno donde se van utilizar $148 millones atrapados en el ‘clawback’, que no tenían ningún uso para el gobierno, que no tenían ningún uso para lo que eran los servicios esenciales y se van a traspasar a ese fideicomiso para que, conjunto a una renegociación en unos términos de reestructuración, ese dinero se le pueda otorgar a aquellos que invirtieron en Puerto Rico”, declaró el primer mandatario durante su mensaje.

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La maniobra de “clawbacks” fue ejercida por la administración del exgobernador Alejandro García Padilla desde noviembre de 2015 hasta junio de 2016, lo que logró la retención de sobre $600 millones. La mitad de este dinero se utilizó para un pago de GOs en enero de 2016.

En cuanto a los fondos restantes, $140 millones permanecen congelados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Otros $147 millones se encontraban en una cuenta del Banco Popular, que ahora serán transferidos al fideicomiso.

“Esto cambia la política pública de manera dramática. Desde junio del año pasado aquí ha habido una política de impago a las obligaciones generales. Este es el primer paso afirmativo hacia cumplir, y también les anuncio que vamos a pagar los intereses que no se habían pagado en febrero. Vamos a cumplir con ese pago esta semana”, sentenció Rosselló, distanciándose de la política pública de García Padilla y diferenciando su Ley 5 de la Ley de Moratoria.

Con estas acciones, el mandatario entiende que restablecerá la credibilidad en el país y que encaminará una renegociación de la deuda —que deberá estar aprobada por la junta de control fiscal impuesta por la ley federal Promesa— que sea “sensata y que beneficie a todos los participantes de la mejor manera”.

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Rosselló se distancia de la junta y adelanta la ruta de su plan fiscal

De otro lado, el gobernador aprovechó su presentación, titulada “Del plan a la acción: Con el gobernador somos uno”, para distanciarse de algunas de las políticas públicas que ha recomendado la junta de control fiscal, en especial el despido de 45,000 empleados públicos, y adelantar detalles de lo que será su plan fiscal, el cual presentará en o antes del 28 de febrero, según solicitó el ente federal.

“La junta de supervisión y nuestro gobierno está de acuerdo en la magnitud del problema: $7.6 billones [$7,600 millones] en déficit. En lo que no estamos de acuerdo es en la política pública que se tiene que implementar para poder llegar a esos objetivos. No estamos de acuerdo en que se deben despedir 45,000 puertorriqueños de manera rápida del gobierno”, declaró Rosselló, que tampoco está de acuerdo con reducir beneficios a los pensionados o recortar $1,000 millones a los fondos de salud, como recomendó la junta.

El primer ejecutivo dijo que su plan fiscal será uno de “desarrollo económico y de impacto social”, que reducirá “los obstáculos de hacer negocios en Puerto Rico”, externalizará servicios del gobierno al sector privado y a las entidades sin fines de lucro y de base comunitaria, e implementará iniciativas para aumentar los empleos y crear riquezas. También implementará reformas en las áreas de educación, salud y permisos.

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“Las decisiones que vamos a tomar los próximos 21 días son decisiones que van a impactar las próximas generaciones, que no podemos tomar livianas, van a afectar el bienestar de sus hijos, de mi hija, de si se quedan aquí o se van a otras jurisdicciones, y por eso en anticipación de ese momento nosotros trabajamos por cuatro años… y por eso, aunque es una extensión muy limitada [la solicitada a la junta para la entrega del plan fiscal], la pedimos para poder asegurarnos que la política pública conjugue con lo que son los números que hemos identificado”, sostuvo.

Aunque solicitó una oportunidad a la AIPR para implementar su política pública pese a las diferencias que puedan existir, el gobernador no hizo referencia a las manifestaciones que en las afueras del hotel Sheraton transcurrieron durante toda la mañana y parte de la tarde. En las afueras, un grupo de empleados públicos y unionados protestaba contra las leyes aprobadas por el mandatario, las cuales afectan la clase trabajadora pública y privada.

 

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