11 de Diciembre de 2018

Gobernador presenta proyecto que viabiliza acuerdo con acreedores de Cofina

Por el 11 de Octubre de 2018

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para implementar el acuerdo con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

El proyecto viabiliza los beneficios económicos y ahorros del acuerdo alcanzado en el pago del servicio de la deuda.

“Siempre he sido firme en que la deuda de Puerto Rico tiene que reducirse en términos que permitan su repago sin afectar los servicios que ofrecemos al Pueblo. Con este acuerdo, al igual que hicimos con la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, podemos retomar la credibilidad que perdió la pasada Administración y provocó la quiebra del Gobierno, además de la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares afirmó además que “este acuerdo nos permite reestructurar la deuda que otras administraciones asumieron. Con los ahorros alcanzados aseguramos fondos para brindar los servicios gubernamentales y para proteger a los más vulnerables. Además, evitamos más litigios costosos y extensos”.

Una vez sea convertido en ley, este proyecto viabilizará la reestructuración de la deuda de Cofina bajo el Título III, lo que reducirá la deuda de Cofina en un 32% y redundará en ahorros de $17,500 millones en pagos de servicio de la deuda.

“Esto representa que Puerto Rico tendrá acceso a un promedio $425 millones anuales adicionales por los próximos 40 años”, sentenció Rosselló Nevares.

Por otro lado, el acuerdo aumentará la porción del Gobierno de los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y reducirá la porción transferida a Cofina para el pago del servicio de la deuda a sus acreedores: $363 millones en el año fiscal 2019, aumentando hasta $857.5 millones en el año fiscal 2041.

Sin este acuerdo, el Gobierno enfrentaría el riesgo de que Cofina retenga la totalidad de estas cantidades para el pago del servicio de la deuda de sus acreedores y que no pueda utilizarse por el Gobierno para ofrecer servicios esenciales.

El proyecto enviado enmienda la Ley de Cofina para ajustar su estructura corporativa según el acuerdo alcanzado y que permitirá las calificaciones crediticias necesarias y más altas posibles.

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