4 de Diciembre de 2021

Gobernador veta resolución para posponer el contrato de Luma Energy

Por el 5 de Mayo de 2021

Empapelado promocional de LUMA frente a la sede la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce, Puerto Rico. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)
Empapelado promocional de LUMA frente a la sede la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce, Puerto Rico. (Foto por Gabriel López Albarrán | Centro de Periodismo Investigativo)

El gobernador Pedro R. Pierluisi emitió este miércoles un veto expreso a la Resolución Conjunta de la Cámara de Representes que, entre otros asuntos, buscaba posponer el contrato de Luma Energy que entra en vigor el próximo 1 de junio. En su veto, el gobernador expone que la medida de por sí es inconstitucional, pues menoscaba obligaciones contractuales vigentes.  

La posición del gobernador es acorde con lo expresado por la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresco.

Pierluisi indicó al emitir su veto que la medida es significativamente inconsistente con los Planes Fiscales del Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). También, sostiene que la pieza legislativa es innecesaria ya que las protecciones que pretende implementar se encuentran en el estado de derecho y que es inconsistente con la transformación del sector energético que el gobierno exige. Además destacó que si fuera estrictamente necesario “evaluar” enmiendas al contrato ya existen los mecanismos para negociarlo.  

“Entiendo que no existe causa justificada para posponer la ejecución del contrato de Luma a enero de 2022 o alguna fecha posterior, ya que todos los requisitos para dar comienzo a dicha ejecución se han cumplido o se espera que se cumplan en o antes del 1 de junio de 2021.  Reitero mi apoyo al modelo de alianzas público-privadas para lograr modernizar y restaurar la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico con el fin de que mejore el servicio a nuestro pueblo, se provea energía más accesible y barata, y se promueva la diversificación de nuestras fuentes de energía. Asimismo, entiendo que no es necesaria la aprobación de esta Resolución Conjunta ya que, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la AEE estarán en posición de negociar cualquier enmienda al contrato de Luma que sea beneficiosa para el interés público”, dijo el gobernador.  

El gobernador insistió en que su posición es que el contrato garantizar que no se soliciten aumentos en la tarifa eléctrica para compensar gastos administrativos de Luma “y que se cumpla con la Ley 120-2018 para que se garantice que los empleados de la AEE sean considerados para empleo con Luma con los mismos beneficios que recibían en la Autoridad o mejores, incluyendo el plan de pensión al que Luma como patrono deberá ahora aportar. En la alternativa, que se les garantice un puesto en el gobierno, ya sea en la AEE u otra agencia”.  

De igual forma, el gobernador dijo que el contrato tiene que cumplir con los estándares de servicios y de mejoras al sistema conforme a la política pública establecida en la Ley 17-2019, que existan medidas que eviten conflictos de intereses en la otorgación de contratos, y que se establezcan y se cumplan con las métricas claras y específicas de cumplimiento y desempeño.  

“Para velar porque estos asuntos se cumplan, tan pronto comencé mi gobierno firmé la Orden Ejecutiva 2021-012 que creó el comité timón presidido por el secretario de Estado, Larry Seilhamer. Ese comité podrá también evaluar y recomendar posibles enmiendas. Todos queremos un sistema eléctrico robusto y resiliente, y mi gobierno está comprometido con la transformación energética que encamina a Puerto Rico hacia la energía renovable. Continuar haciendo lo mismo no es una opción. Siempre estoy enfocado en lo mejor para nuestro pueblo y mis acciones así lo demuestran”, sentenció Pierluisi.  

La Cámara de Representantes ha condicionado la confirmación de Seilhamer como secretario de Estado a que se comprometa con enmendar la nueva Ley Electoral. Ya el Senado, aprobó la designación.

Según tres expertos consultados por el Centro de Periodismo Investigativo, no es correcto que el contrato con LUMA es cónsono con la política pública energética. Tampoco fue aprobado de forma ponderada y transparente.

Si bien la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019), ordena minimizar la dependencia de combustibles fósiles con la meta de que para el 2050 Puerto Rico genere el 100% de energía mediante fuentes renovables, el contrato con LUMA deja en manos de la empresa este proceso sin que haya supervisión alguna, coincidieron Agustín Irizarry y Rolando Emmanuelli, Catedrático del Departamento de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y abogado experto en quiebras y PROMESA, respectivamente.

“No hay garantía de que se cumpla la política energética pues quien controla el proceso es LUMA. El Plan de Remediación sometido por LUMA privilegia el gas natural”, sostuvo Emmanuelli, quien además es abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

El contrato no incluye ninguna disposición para apoyar la transformación del sistema eléctrico utilizando energías renovables, afirmó por su parte Irizarry.

“El acuerdo designa a LUMA como el representante del sistema eléctrico ante el Negociado de Energía de Puerto Rico para los fines de futuros procesos de PIR [Plan Integrado de Recursos]. El contrato, por ejemplo, ordena a LUMA que alinee su planificación con el plan de modernización de la red. Este plan aumenta el uso del gas natural licuado (GNL) como combustible de transición que es más eficiente y menos contaminante que el uso actual del combustible diésel, así como la colocación de GNL a largo plazo, en igualdad de condiciones con las inversiones en capacidad solar y de almacenamiento”, concluye un informe emitido por Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero

“El contrato elimina la supervisión de la AEE. LUMA se supervisa a sí misma con un monitoreo que estaría a cargo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. El contrato debe ser enmendado para que la AEE —que se mantiene como dueña de los activos y recibe los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)— supervise la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento con la política pública energética”, añadió Tomás Torres Placa.

Aunque el contrato pasó el cedazo de las entidades gubernamentales que requiere la ley, se trató de una transacción entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la empresa, que fue refrendado por la Junta de Gobierno de la AEE en una reunión de 43 minutos en la que apenas se discutió el acuerdo y con sólo tres días para que evaluaran el documento de más de 336 páginas, según trascendió en las vistas públicas que llevó a cabo la Cámara de Representantes para evaluar el contrato. En menos de una semana, el documento fue aprobado por las juntas de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, la Junta de Control Fiscal, la AEE y firmado por la exgobernadora, Wanda Vázquez el 22 de junio. La transacción no contó con un proceso de participación ciudadana ya que ese proceso no es parte de la ley que reglamenta la negociación de un contrato de APP.

“La aprobación de este contrato fue altamente cuestionable. El contrato se proveyó a la Junta de la AEE el viernes del fin de semana del Día de los Padres para aprobarse el lunes siguiente. La primera vez que se discutió ese contrato fue ese viernes. Fue una presentación de la Autoridad a los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE. Posteriormente fuimos citados para una reunión ese lunes, 22 de junio de 2020”, confirmó al CPI Torres Placa, representante de los abonados en la Junta de Gobierno de la AEE. La reunión comenzó a las 12:00 pm y terminó a las 12:43 pm.

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