26 de Octubre de 2020

Gobierno continúa en pleitos legales a pesar de Promesa

Por el 26 de Agosto de 2016

Si bien la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) impone un alto en las demandas en curso y prohíbe que los acreedores demanden para cobrar deudas, el gobierno continúa inmerso en pleitos legales ya que las empresas impugnan las alegaciones de que sus demandas han sido suspendidas.

Apenas la semana pasada, U.S. Bank Trust National Association, síndico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), incluyó una solicitud para que se levante la suspensión automática de Promesa en una demanda que busca evitar que la UPR utilice para otros fines el dinero destinado a pagar la deuda.

A menos que el juez de distrito de los Estados Unidos Francisco Besosa, que preside todos los casos incoados por diferentes inversionistas a nivel local, esté programado para tener una vista en algún momento en septiembre y decida si la suspensión prevalece en muchas de las demandas.

Promesa dice que 45 días después que una petición de levante de la suspensión ha sido presentada, la solicitud se dará por terminada con respecto a la parte que haya hecho la petición, a menos que el tribunal, después de un aviso y una vista, ordene que dicha suspensión continuará en efecto, lo que significa que Besosa tendrá que actuar entre esta semana y la primera semana de septiembre.

Esta semana, Besosa suspendió una demanda presentada por Ambac Assurance Corp. contra la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT). Ambac solicitaba que un síndico administrara la agencia gubernamental y afirmaba que un contrato con un operador externo podría desviar $115 millones de la ACT, lo que podría afectar el pago de la deuda.

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Aún así, los fondos de cobertura, las compañías de seguros y los tenedores de bonos están tratando de proteger sus inversiones dándole la vuelta a la provisión de suspensión. Lo están haciendo al tratar de evitar que el gobierno recupere ingresos de otras áreas, así como cuestionando la legalidad de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico que le permite al gobierno imponer una moratoria en el pago de la deuda.

Es una línea muy fina. Promesa impone una suspensión automática a los acreedores que poseen reclamaciones de responsabilidad -definidas como bonos, pagarés u otras obligaciones de deuda financiera- evitando que inicien pleitos contra Puerto Rico. La suspensión opera como una moratoria general y medida cautelar ordenada por la corte que se activó automáticamente al entrar en vigor. La suspensión automática permanece vigente hasta el 15 de febrero de 2017 o seis meses después de la creación de la junta de supervisión para Puerto Rico, lo que ocurra más tarde.

Los tipos de demandas cubiertas por la suspensión automática incluyen, pero no se limitan a, las demandas en curso; las acciones legales para obtener posesión de la propiedad de Puerto Rico o sus dependencias o que ejerzan control sobre la propiedad de Puerto Rico o sus dependencias; las acciones legales que crean, perfeccionan o imponen la mayoría de los gravámenes contra la propiedad de Puerto Rico o sus dependencias; y aquellas que activan cualquier deuda que se le deba a Puerto Rico o sus dependencias contra cualquier reclamación de responsabilidad que se le deba a dicho acreedor y que haya surgido antes de la promulgación de Promesa.

Cualquiera de las partes podrá solicitarle al tribunal de distrito que lo releve de la suspensión automática “por causa”, pero con toda probabilidad tendrá que demostrar que su adversidad superará significativamente la adversidad para Puerto Rico, si la suspensión se mantiene vigente.

De acuerdo a Promesa, los acreedores tampoco pueden utilizar recursos disponibles bajo contratos, incluyendo disposiciones inaplicables que le permitan a los acreedores declarar un incumplimiento o liquidar un contrato basado en la situación financiera, el inicio de una insolvencia de reestructuración, una quiebra o cualquier otro procedimiento judicial.

Hay por lo menos ocho demandas cuyos demandantes están luchando contra la suspensión de Promesa. La primera es Assured Guaranty Corp. vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que busca evitar que Puerto Rico tome los ingresos de peajes que repagan los bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación. Assured presentó una demanda el 21 de mayo solicitando que se levante la suspensión.

El segundo caso es Lex Claims y otros vs. García Padilla, que también solicita que Puerto Rico deje de transferir fondos fuera del alcance de los tenedores de bonos, argumentando que viola la Ley Promesa. Otro caso es la demanda de Jacana Holdings vs. Estado Libre Asociado, que fue presentada en Nueva York y alega que la isla no puede utilizar la Ley de Moratoria para suspender los pagos a los tenedores de bonos.

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National Public Finance Guarantee Corp. vs. García Padilla también es una demanda que reclama que la ley de quiebras se adelanta la ley moratoria de la deuda. National asegura alrededor de $3,800 millones en deuda de Puerto Rico. El caso se consolidó con demandas radicadas por Berigade Leveraged Capital Structures y Dionisio Trigo, que representa a los tenedores de bonos locales con el propósito de decidir si se desea mantener o levantar la suspensión. Brigade solicita que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) deje de dirigir fondos a las agencias locales mientras el BGF reestructura su deuda. La demanda de Dionisio Trigo busca paralizar la Ley de Moratoria.

En sus argumentos a favor de levantar la suspensión de Promesa, National dijo que Promesa no suspendió su acción legal porque la demanda no exige que se cumpla con ningún derecho contractual o perteneciente a los acreedores.

“National no le pide a la corte que asigne daños monetarios u otros remedios a los acreedores. Por el contrario, National le pide al tribunal que declare y decrete que las leyes del ELA y las órdenes ejecutivas que pretenden despojar a los acreedores de sus derechos son inconstitucionales y están prohibidas por la ley federal”, dice el bufete.

El gobierno, por su parte, sostiene que Promesa acaba de cambiar el panorama jurídico que rige la deuda de Puerto Rico y que los demandantes nunca han explicado cómo, si en algo, la Ley de Moratoria les perjudica tras la promulgación de Promesa.

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“Por el contrario, si se levanta la suspensión, los demandados enfrentarían la carga de continuar defendiéndose en los litigios en un momento en que necesitan enfocarse en poner su casa fiscal en orden,” planteó el gobierno.

Por otro lado, Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance demandaron al gobierno para que deje de tomar los ingresos originalmente utilizados para pagar ciertos bonos de agencias y que el ELA utilizó para cubrir los bonos de obligación general. Las compañías de seguros afirman que la acción viola la Constitución de los Estados Unidos ya que les priva de sus derechos de propiedad. Los dos casos fueron consolidados.

La ACT también enfrenta una tercera demanda radicada por Peaje Investments, que es dueño de más de $ 63 millones en bonos del 1968 emitidos por la dependencia gubernamental. Peaje está objetando a la transferencia de fondos.

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