20 de Septiembre de 2018

Gobierno de EE.UU. defenderá constitucionalidad de Promesa

Por el 6 de Noviembre de 2017
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El Gobierno de Estados Unidos notificó hoy al tribunal federal que defenderá, como parte de los procesos de quiebra de Puerto Rico, la validez de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, o Promesa en inglés.

“Estados Unidos presentará su memorando de derecho en apoyo a la constitucionalidad de la ley Promesa en o antes del 6 de diciembre”, lee la moción presentada por abogados del Departamento de Justicia federal ante la jueza Laura Taylor Swain, quien está a cargo de los casos de quiebra bajo el Título III.

La acción del Gobierno federal responde a dos demandas presentadas a principios de agosto por Aurelius, un grupo de bonistas de obligaciones generales (GOs), y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Ambos cuestionan la validez de las designaciones de los siete miembros de la junta de control fiscal, bajo la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, la cual requiere confirmación del Senado para oficiales del Gobierno federal.

Bajo Promesa, los miembros de la junta son nombrados por el presidente de Estados Unidos, seis de ellos escogidos de listas de candidatos presentados por las delegaciones de mayoría y minoría del Congreso.

Al retar la constitucionalidad de los nombramientos al ente rector, Aurelius y Utier buscan invalidar todas las acciones tomadas por la junta desde que se estableció en septiembre de 2016.

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La jueza Swain tendrá una vista el próximo 10 de enero en la ciudad de Nueva York para atender las acciones de Aurelius y Utier.

Inicialmente, el Gobierno de Estados Unidos tenía hasta el 6 de octubre para notificar si defendería la constitucionalidad de Promesa, pero el 4 de octubre el tribunal extendió la fecha límite hasta el 6 de noviembre.

Por su parte, el gobierno central, el comité de acreedores no asegurados, el comité de retirados y bonistas sénior de Cofina se han manifestado en oposición a la petición de Aurelius de invalidar el caso de Título III del Gobierno de Puerto Rico por motivos de índole constitucional.

Argumentan mayormente que, contrario a lo que dicen Aurelius y la Utier, la junta no es una entidad federal ya que reside bajo el andamiaje del gobierno territorial, mientras que sus miembros no están sujetos a la cláusula de nombramientos porque no son oficiales del Gobierno federal.

“La cláusula de nombramientos no limita los poderes plenarios del Congreso para diseñar oficinas territoriales” como lo sería la junta fiscal, argumentó el Gobierno de Puerto Rico.

El Grupo Ad Hoc de Bonistas de GO recientemente presentó una moción en apoyo a la acción de Aurelius.

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