18 de Mayo de 2022

Gobierno duplicará todas las multas de tránsito

Por el 17 de Abril de 2017

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, anunció que el gobierno presentará esta tarde parte de las medidas legislativas que dan apoyo al plan fiscal certificado, entre las que destaca un proyecto para aumentar en un 100% la mayoría de las multas de tránsito establecidas en la Ley 22 e incrementar en 10% el pago de licencias y marbetes. 

Este proyecto de ley también concede descuentos de 30% a quienes paguen los boletos de tránsito en 15 días y de 15% a quienes lo hagan en 30 días, dinero que iría al fondo general. La medida autoriza al secretario de Transportación y Obras Públicas a implementar otros mecanismos para el cobro de multas, lo cual abrirá la puerta a una posible alianza público privada en ese renglón, anticipó Rosario.

(Juan J. Rodríguez/CB)

El secretario de Asuntos Públicos adelantó que las medidas que apoyan el plan fiscal serán aprobadas por la Asamblea Legislativa con premura para que las cifras puedan ser incluidas en el presupuesto, que se presentará en o antes del 30 de abril. (Juan J. Rodríguez/CB Archivo)

Las medidas deberán ser atendidas en los próximos días por la Asamblea Legislativa y el plan es que estén aprobadas antes de que se presente el presupuesto del país en o antes del 30 de abril, fecha establecida por la junta de control fiscal, sostuvo Rosario en una rueda de prensa en La Fortaleza.

La segunda medida legislativa ya fue presentada por el representante Antonio Soto (Proyecto de la Cámara 849) y busca orientar sobre el cobro del impuesto sobre ventas y uso (IVU) por internet y promover que los comercios que no tienen presencia en Puerto Rico cobren este gravamen. Con esto, se espera que se alleguen $300 millones.

Reducirán a 15 días las vacaciones en el sector público

El tercer proyecto de ley incluirá una serie de cambios a los beneficios de los empleados públicos, al seguro de responsabilidad obligatorio y a los dividendos de las corporaciones públicas, además de enmiendas a otras leyes, con el propósito de allegar los fondos necesarios para subsanar el “déficit de $7,600 millones heredado”.

Aunque la reducción de jornada laboral y eliminación del bono de Navidad siguen sobre la mesa hasta que el gobierno le garantice a la junta de control fiscal que tienen los fondos para pagar sus obligaciones, Rosario explicó que el proyecto no afectará estos asuntos, más allá de establecer un bono de Navidad de $600 y eliminar el resto de los bonos. 

El proyecto equipara los beneficios marginales en la agencias y las corporaciones públicas, lo cual afectará la aportación al pago de planes médicos, la acumulación de vacaciones (ahora serán 15 días para todos los empleados, como en el sector privado) y reduce los días feriados disponibles (también serán 15 días).

Esto no afectará el salario base de los empleados, afirmó Rosario, quien destacó que en el caso del plan médico la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) desarrolla un plan para equiparar los beneficios en corporaciones y agencias.

Los cambios a los beneficios de los empleados públicos no aplican a la Universidad de Puerto Rico (UPR) ni a los municipios, a menos que estos últimos decidan implementarlos.

En cuanto a los cambios a los dividendos de las corporaciones públicas, estos no aplicarán a la UPR ni a la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y buscan que el gobierno esté autorizado de utilizar los sobrantes de estas entidades como “fondos disponibles” para el pago de servicios esenciales, pensiones y salarios de empleados públicos.

De otro lado, las enmiendas a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) del seguro de responsabilidad obligatorio aumentarían de $4,000 a $4,500 esta cubierta y dispondría que los sobrantes de la prima adicional se transfieran al fondo general.

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Más libertad para el gobierno transferir sus propiedades

Este proyecto también establecerá un procedimiento uniforme en la transferencia y manejo de propiedades inmuebles excedentes del gobierno, la cual podrá ser mediante procesos competitivos de subasta pública o venta directa. El organismo a cargo de este proceso será el nuevo Comité de Evaluación y Transferencia de Propiedades Inmuebles, el cual estará compuesto por Aafaf, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Esto tampoco aplicaría a la UPR.

Además, la medida reduciría de tres a un año el tiempo que ciertas asignaciones de fondos —destinadas a cualquier asunto menos a mejoras permanentes— permanecen en los libros del gobierno sin desembolso u obligación con el propósito de que sean transferidos al fondo general.

Otros cambios de este tercer proyecto son: aumentar de 20 a 40% el presupuesto para compras en pequeñas y medianas empresas; aumentar de $17 a $25.50 el arbitrio por cada 100 cigarrillos, de $1 a $5 el impuesto a la libra de tabaco de mascar y se impone un arbitrio de $3 a cada unidad de cigarrillos electrónicos.

Por último, el proyecto establece que la aportación al Fondo de Emergencia será de $10 millones anuales, y no mediante la formula de 0.5% que “no se ajusta a la realidad fiscal del gobierno”.

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