15 de Agosto de 2022

Gobierno entrante investigará supuesta liquidación de Alberto Lázaro

Por el 27 de Diciembre de 2016

El designado secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, anunció hoy que investigará la supuesta liquidación de $170,000 otorgada al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, tras ser destituido del cargo.

Fue el viernes pasado cuando la Junta de Gobierno de la AAA le quitó la confianza al presidente ejecutivo, quien previamente había indicado en las vistas de transición que no renunciaría a su cargo porque expiraba en 2019.

“Ya se pidió información de la posible liquidación de $170,000, que corresponde a un año de salario de Alberto Lázaro. Lo que aparentemente ocurrió fue que le compraron la renuncia con una oferta muy similar a la que nos hizo llegar Alberto Lázaro para dejar su posición y nosotros nos negamos porque entendíamos que era injusto pagarle un año de salario a una persona que no trabajó”, expresó Rosario en un aparte con los periodistas previo a que el gobernador electo Ricardo Rosselló realizara nuevos nombramientos a su gabinete.

Rosario explicó que personas allegadas a Lázaro solicitaron al gobierno entrante una liquidación similar a cambio de que el presidente ejecutivo entregara su puesto, pero se opusieron. Esto, al parecer, es lo que la Junta de Gobierno de la AAA le otorgó cuando determinó quitarle la confianza, asegura el abogado.

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El entrante secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza dejó sobre la mesa la posible destitución de los miembros de la Junta de Gobierno de la AAA debido a que, si en efecto le otorgaron una liquidación equivalente al salario de Lázaro de un año, no cumplen con la política pública de Rosselló. Recordó la difícil situación que enfrenta la corporación pública, que debe sobre $120 millones a contratistas y suplidores.

“[Los miembros de la Junta de Gobierno] no pueden quedar bien con el gobierno entrante si le dieron $170,000 [a Lázaro] sin haber trabajado. Pero eso es una evaluación que va a tener que hacer el gobernador [electo]. Ciertamente, la junta tendrá que tener miembros de la confianza del gobernador y dispuestos a implementar la política pública que el pueblo de Puerto Rico escogió el pasado 8 de noviembre”, señaló.

Agregó que podría haber acciones legales contra quienes otorgaron el beneficio, que no estaba dentro del contrato firmado por Lázaro.

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“Si se otorgó, porque eso no lo dispone su contrato y su contrato lo vi yo, que se le pague un año si se destituye, si eso ocurrió fuera del marco de la ley se estará acudiendo a los foros que se tenga que acudir para pedir ese dinero de vuelta”, insistió Rosario.

En torno a lo que ocurrirá con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Javier Quintana, Rosario dijo que se reunirán con la Junta de Gobierno para determinar los pasos a tomar.

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