7 de Diciembre de 2022

Gobierno federal pondera defender constitucionalidad de Promesa

Por el 16 de Agosto de 2017

En o antes del 6 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos le dejará saber a la jueza federal Laura Taylor Swain si interesa defender la constitucionalidad de la ley Promesa como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico.

Así lo expresó el Gobierno norteamericano en una declaración radicada ayer en el tribunal federal por abogados del Departamento de Justicia federal, en respuesta a una acción legal recientemente presentada por Aurelius, un grupo de acreedores de Puerto Rico que cuestiona la validez constitucional de los nombramientos a la junta de control fiscal.

“Al buscar que la junta de supervisión se declare inconstitucional, Aurelius intenta anular cualquier acción tomada por la junta desde su creación y finalizar lo que ha caracterizado como ‘el proceso de quiebra más grande y complicado en la historia de la nación'”, lee el documento.

En el documento presentado ayer, el Gobierno federal recuerda que tiene derecho a intervenir en cualquier reclamo constitucional en contra de cualquier ley federal y que tiene 60 días para hacerlo luego de radicado el reclamo. Por lo tanto, asegura que tiene hasta el 6 de octubre para expresarse en torno a la acción presentada por Aurelius, que buscaba acortar el término.

Divulgan información sobre deuda en manos de ‘hedge funds’

Si el actual procurador general de EE.UU., Jeffrey Wall, decide que debe defenderse la constitucionalidad de Promesa ante los reclamos de Aurelius, el Gobierno federal presentará una opinión completa dentro de los siguientes 30 días.

Aurelius, dueña de más de $470 millones en bonos de obligaciones generales, presentó el pasado 7 de agosto una demanda en la que alega que el proceso que establece Promesa para el nombramiento de los miembros de la junta es inconstitucional ya que no incluye el cedazo del Senado, violando la cláusula de nombramientos y los principios de separación de poderes de la Constitución de EE.UU.

El “hedge fund” con oficinas en Nueva York —y conocido por su rol en la crisis de la deuda de Argentina— también posee alrededor de $2.5 millones en bonos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Según la ley federal firmada en el verano de 2016, los siete miembros de la junta son nombrados por el presidente de Estados Unidos, seis de ellos producto de listas de candidatos que presentan las delegaciones de mayoría y minoría del Senado y Cámara federal.

Utier demanda a junta de control fiscal y Gobierno de Puerto Rico

Por otro lado, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) también radicó el pasado 7 de agosto una demanda similar a la de Aurelius, en la que también retan la validez de los nombramientos a la junta. No obstante, no fue hasta hoy que la unión notificó al procurador general de EE.UU. sobre su reclamo constitucional en contra de la ley federal Promesa.

image_print

You must be logged in to post a comment Login