20 de Octubre de 2019

Gobierno incumplió pago de aportación adicional a sistemas de retiro

Por el 15 de Marzo de 2017

Desde 2013, el gobierno ha acumulado una deuda de $685 millones con el Sistema de Retiro del Gobierno Central y de $37.2 millones con el de la Judicatura, correspondientes a dos leyes especiales que creaban una aportación adicional uniforme y una aportación adicional patronal para subsanar los problemas de financiamiento que enfrentan ambos fideicomisos.

Esta aportación adicional uniforme para el retiro del gobierno central, establecida mediante la Ley 32 de 2013, tenía el propósito de mantener el valor de los activos brutos del fideicomiso en no menos de $1,000 millones, explicó la administradora interina de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Natalia Palmer Cancel, durante una una vista pública conjunta de las Comisiones de Gobierno y Hacienda del Senado, que investigan la situación de los tres sistemas de pensiones (Resoluciones del Senado 12 y 93).

(Cindy Burgos/CB)

La administradora interina de los sistemas de retiro, Natalia Palmer (izquierda), indicó que el dinero que el gobierno le adeuda al retiro del gobierno central y la judicatura no habría resuelto los problemas que enfrentan los fideicomisos, pero le habían brindado un respiro. (Cindy Burgos/CB)

En el año fiscal 2013-14, se debían pagar $140 millones de parte de las agencias —que les correspondía el 60%—, corporaciones públicas y municipios para garantizar el valor de los activos. Sin embargo, el retiro solo recibió $35.4 millones del gobierno central, $5.9 millones de las corporaciones públicas y $14.4 millones de los municipios.

En el año fiscal 2014-15, el retiro debía acoger alrededor de $120 millones de aportación adicional uniforme, pero solo recibió $54.4 millones. Para el año fiscal 2015-16, la aportación adicional uniforme debía ser de casi $600 millones, pero solo se proveyó $21.7 millones de parte de las corporaciones públicas y otros $7.3 millones de un subsidio especial, lo cual ha provocado la monumental deuda, que se suma a la falta de pago de la aportación patronal de diversas agencias y municipios.

“El problema del sistema no se arreglaba solamente con la aportación adicional uniforme. Lo que eso sí le permitía, y lo que es la intención de la ley que está en vigor, es tratar de que los activos del fideicomiso nunca bajaran de $1,000 millones, y esto por lo menos podía ayudar a que el fideicomiso continuara pagando lo que es la garantía de pensiones y beneficios”, indicó Palmer Cancel.

Insuficiente reducir en 10% las pensiones para salvar los sistemas de retiro

En el caso del retiro de la judicatura, se estableció una aportación adicional patronal con la Ley 162 de 2013, pero nunca se incluyó en los presupuestos. Con esta, el gobierno debía pagar adicional al sistema unos $11.6 millones en 2014-15, $12.1 millones en 2015-16 y $13.5 millones en 2016-17.

“El sistema de retiro lo que necesita es inyección de capital. Ya las reformas se hicieron y la verdad es que tiene que ser inyección de capital recurrente, que nos permita a nosotros invertir”, agregó la administradora interina de los sistemas de retiro, que buscan continuar con la venta de activos como método para subsanar la falta de ingresos.

De otro lado, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración, Fiscalización y Asuntos Adjudicativos de la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro, Ana Izquierdo, manifestó que la entidad espera que se resuelva una demanda contra UBS con la cual reclaman $800 millones en daños.

El gobierno alega que la agencia global de servicios financieros dio información poco certera o distorsionada en la emisión de $3,000 millones en bonos en 2008 que “nunca tuvo el rendimiento esperado”, por lo que tendrán que pagar $9,000 millones en intereses.

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