4 de Abril de 2020

Gobierno le responde a la junta y le dice que se equivoca

Por el 20 de Junio de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló se distanció hoy de los planteamientos esbozados por la junta de control fiscal en una carta del 16 de junio en la que solicitaban al Gobierno que definiera los “servicios esenciales”, mientras alegaban que la relación entre los bandos se ha “deteriorado”, exigían “transparencia” y mostraban preocupación por expresiones de funcionarios en torno a la situación fiscal del país.

En una misiva enviada hoy y firmada por Rosselló, así como por los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, los funcionarios plantearon a la junta que su carta “es confusa” y “preocupante”, y que las alegaciones de que el Gobierno no ha sido directo en torno a la crisis que enfrenta la isla son “falsas”.

El gobernador y los presidentes legislativos respondieron a la carta de la junta diciendo que sus planteamientos son “falsos”, “confusos” y “preocupantes”. El Gobierno niega falta de transparencia y afirma tener buena relación con la junta. Sin embargo, rechazó definir los servicios esenciales. (Jaime Rivera/CB archivo)

Sobre la definición de “servicios esenciales”, manifestaron que el plan fiscal certificado se aprobó bajo la premisa de garantizar “el financiamiento de los servicios esenciales”.

Sin esbozar una definición al respecto, el Gobierno indicó que la carta de la junta “daba la impresión” de que las partes no trabajaban cercanas y no estaban de acuerdo en la necesidad de que el presupuesto incluyera partidas para cubrir los “servicios esenciales”.

Junta fiscal exige a Rosselló que diga qué constituye “servicio esencial”

“De hecho, el Gobierno está actualmente, y continuará, trabajando con la junta para finalizar el presupuesto del año fiscal 2018, que incluye recortes de gastos de hasta $1,000 millones, incluidas las áreas de educación y salud, según requiere el plan fiscal”, lee el documento de cinco páginas.

Los funcionarios destacaron que el Gobierno ha trabajado de buena fe para cumplir con los plazos de la junta respecto a la presentación del plan fiscal y del presupuesto, así como en la producción de “una extensa documentación de respaldo” para estos.

Sobre las críticas a la relación entre el Gobierno y la junta y que esta podría estar “retrocediendo”, Rosselló manifestó que “no refleja la realidad”, ya que el equipo fiscal ha mantenido “reuniones y convocatorias diarias” con los asesores del ente creado por la ley Promesa para completar la certificación del presupuesto.

“La junta ha fallado en reconocer las diversas acciones significativas que ha tomado el Gobierno por los pasados seis meses, más allá de los requisitos de Promesa y la junta, dirigidas a corregir la terrible situación financiera”, declaran los funcionarios, que dicen estar dispuestos a trabajar para la certificación de los planes de liquidez y de implementación. Estos documentos serán fundamentales para la puesta en vigor del plan fiscal y del presupuesto.

En torno al reclamo de transparencia, el gobernador indicó que está “en desacuerdo” con la apreciación de la junta, ya que “no le han solicitado al Gobierno que divulgue ninguna información que debiera haberse divulgado en relación al plan fiscal o el proceso presupuestario”.

Rosselló sostuvo que su administración está comprometida con la transparencia, razón por la cual sometió un proyecto legislativo para establecer como derecho estatutario que los ciudadanos soliciten acceso a los récords públicos.

Sobre la situación fiscal del país, el Gobierno le dijo a la junta que los reportes sobre una supuesta mejoría en la liquidez “fueron inesperados” y que por eso la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) emitió comunicaciones corrigiendo que el dinero disponible se debía a acciones “extraordinarias y no recurrentes”, que no representan una mejor situación financiera.

Rosselló cataloga como “contradictoria” petición de la junta sobre servicios esenciales

Los estimados de liquidez apuntan que hay más de $1,100 millones en caja una vez finalice el año fiscal el 30 de junio. Este dinero se utilizaría para financiar las operaciones del Gobierno el primer semestre del año fiscal 2018, momento en que se experimenta una mayor necesidad de efectivo por la falta de ingresos relacionados al impuesto sobre ventas y uso (IVU) y Cofina. Tampoco tienen acceso a instrumentos como las notas a corto plazo (TRANs, en inglés).

Al momento, la Legislatura incumplió con la fecha para entregar a la junta el presupuesto del próximo año fiscal, que inicia en julio. El documento sigue en discusión en la Asamblea Legislativa, aunque debía entregarse el 19 de junio. Si el Gobierno no entregara un presupuesto para la consideración de la junta antes del 30 de junio, esta podría desarrollar el documento que crea pertinente y darlo por aprobado, según establece Promesa.

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