19 de Agosto de 2019

Gobierno pedirá nuevamente extender el “stay” contra demandas

Por el 1 de Marzo de 2017

El representante del gobierno ante la junta de control fiscal, Elías Sánchez, enviará una misiva mañana jueves en la que solicita al ente creado por Promesa que pida en el Congreso una enmienda a la ley federal para extender la protección contra demandas hasta el 31 de diciembre.

(Felipe Torres/CB)

(Felipe Torres/CB)

Así lo manifestó hoy el funcionario a preguntas sobre la información contenida en el plan fiscal publicado hoy por el gobierno, donde se establece que la administración de Ricardo Rosselló propone buscar una extensión del mecanismo conocido en inglés como “stay” y que expira a principios de mayo próximo.

La vigencia del “stay” ya había sido extendida por la junta a principios de año, días antes de su expiración inicial el 15 de febrero. No obstante, Promesa permitía al ente rector otorgar dicha extensión pero no provee para extensiones adicionales, por lo que se requiere enmendar a la ley.

“Cuando se conceptualizó Promesa había una razón para el stay: dar espacio para negociaciones consensuales bajo Título VI”, sostuvo Sánchez. El funcionario argumentó que la pasada administración perdió los primeros seis meses de Promesa y no fue hasta que entró el nuevo gobierno que inició el proceso de atender la crisis fiscal. Añadió que Promesa faculta a la junta a hacer recomendaciones al Congreso sobre enmiendas a la ley que les permita ejecutar su función.

“Queremos cumplir con negociaciones consensuales [y] con el propósito de la ley,” dijo Sánchez. No obstante, también admitió que sobre el asunto, no se ha conversado con los distintos grupos de acreedores.

De lograrse la enmienda que extienda el mecanismo hasta finales de año, el gobierno tendría la oportunidad de evitar un proceso de reestructuración de deuda en el tribunal federal bajo Título III tan temprano como el mes de mayo, lo que Sánchez catalogó como un proceso “freefall” o caída libre. Extender la vigencia del stay permitiría al gobierno tener estados auditados -los cuales esperan tener para septiembre- un plan fiscal “con números reales” y una negociación con acreedores fundamentada en data certera.

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A preguntas de Caribbean Business sobre la poca probabilidad de conseguir la extensión, Sánchez sentenció que se debe “agotar los poderes que tiene la propia junta”, sin despachar el asunto sin haberlo intentado. “¿Por qué se tienen que cohibir de no hacerlo prejuiciado de que no va a ocurrir? Bajo ese supuesto, Óscar López no estaría en Puerto Rico”, indicó el funcionario.

Sánchez también aclaró que aunque sí hay casos activos en el tribunal federal, como el de los bonistas de obligaciones generales, estos no suponen una acción de cobro contra el gobierno. A pesar de que el caso de Lex Claims no ha sido suspendido bajo el stay, indicó que es un litigio entre acreedores de obligaciones generales y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiantes (Cofina) que no representa una acción de cobro al momento. El funcionario evitó comentar en detalle sobre el litigio ya que el gobierno tendrá que presentar en su momento una posición sobre el asunto.

El riesgo de que el stay expire, sin haber logrado acuerdos con los distintos grupos de acreedores, pondría al gobierno en la posición de tener que cubrir, inmediatamente, los impagos que acarrea desde principios de 2016. Esto, a su vez, supondría un posible cierre de gobierno ya que ocasionaría un déficit en caja de sobre $2,000 millones. Según ha dejado entrever la junta, este escenario significaría la posible radicación por parte del ente rector de un proceso de reestructuración de deuda bajo Título III, para el gobierno de Puerto Rico.

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“Hace falta la protección contra litigios porque ya el gobierno viene arrastrando impagos. Hay una cantidad sustancial que es líquida y exigible en un tribunal, dinero que si el gobierno tiene que desembolsarlo hoy, no los tiene. Esa es la realidad”, manifestó Sánchez.

 

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