Junta fiscal inicia procesos de quiebra para Carreteras y Retiro

Por Luis J. Valentín Ortiz el 22 de Mayo de 2017

La junta de control fiscal inició hoy formalmente los procesos de quiebra bajo el Título III de Promesa para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Administración de los Sistemas de Retiro de empleados del gobierno y la judicatura (ASR).

En los documentos presentados en el tribunal federal, el ente rector asegura que cumplen con todos los requisitos que establece Promesa en cuanto al Título III, incluyendo negociaciones previas de buena fe, esfuerzos para publicar estados financieros auditados y la existencia de un plan fiscal certificado.

El gobernador Ricardo Rosselló anunció en la noche de ayer que pidió a la junta iniciar los procesos de reestructuración bajo el Título III para ambas entidades, las cuales suman más de $7,000 millones en deuda emitida en los mercados de capital.

En cuanto a la ACT, los acreedores de la entidad incluyen otras entidades del gobierno como la Autoridad de Energía Eléctrica y el propio Retiro, a los cuales debe $46 millones y $14.4 millones, respectivamente. El mandatario manifestó que las demandas que ya entablaron acreedores de la corporación pública ponen en riesgo sus operaciones, al mismo tiempo que rechazan el plan fiscal del gobierno.

Mientras, Rosselló apuntó a la “situación precaria” del sistema de retiro público, su “eventual insolvencia en los próximos meses” y el no poder lograr acuerdos con sus acreedores como las razones para iniciar el proceso de reestructuración que provee el tercer capítulo de la ley federal.

El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que las operaciones de la Autoridad de Carreteras y los pagos a los pensionados no se verán afectados de iniciarse procesos de Título III. (Juan J. Rodríguez/CB)

El gobernador aseguró que tanto las operaciones de la ACT, como los pagos mensuales a los pensionados no se verán afectados.

En el caso de los beneficios a los retirados, el financiamiento saldrá directamente del fondo general una vez Retiro agote su liquidez—tan temprano como el próximo año fiscal que comienza en julio. Según el plan fiscal que abarca los próximos 10 años, el gobierno estima que esto le costará alrededor de $1,100 millones anuales.

Por otro lado, las declaraciones escritas de Rosselló en la noche del domingo añaden que el gobierno espera continuar “en lo próximos días (…) negociaciones de buena fe” con grupos de acreedores con miras a lograr acuerdos fuera de un tribunal.

Autoridad de Carreteras y Transportación será la próxima corporación en quiebra

La ACT y ASR se unen al gobierno central -junto a las llamadas obligaciones generales– y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, o Cofina, como los únicos créditos que hasta el momento mantienen procesos de Título III, mecanismo que provee, entre otras cosas, la suspensión de reclamaciones por parte de acreedores.

No obstante, otras corporaciones públicas tales como la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones también podrían acogerse al Título III.

En el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) recientemente se anunció que intenta lograr una resolución consensual con sus acreedores según permite el Título VI de Promesa, tras la firma de un acuerdo preliminar con un grupo de sus acreedores.