4 de Diciembre de 2021

Gobierno reitera oposición a comisión de auditoría de la deuda

Por el 7 de Abril de 2017

El gobernador Ricardo Rosselló indicó hoy, viernes, que se estudian “todas las alternativas” ante la decisión de un tribunal que ordenó la restitución de varios miembros de la Comisión de la Auditoría Integral de la Deuda, quienes fueron destituidos a finales de enero.

El mandatario reiteró su oposición al ente creado por la Ley 97 de 2016 y encomendado con auditar las emisiones de deuda que ha realizado el gobierno durante las últimos 44 años. La comisión ha permanecido inoperante durante los primeros tres meses de la administración Rosselló, mientras que fue poco el apoyo de La Fortaleza bajo el exgobernador Alejandro García Padilla.

Ricardo Rosselló en 2do encuentro Bonistas del Patio (Juan J. Rodríguez/CB)

El gobernador Ricardo Rosselló asegura que debe ser el tribunal -y no la comisión de la auditoría para la deuda- el encargado de determinar cualquier ilegalidad sobre la deuda pública. (Juan J. Rodríguez/CB)

“Nuestra posición sigue siendo que quien determina si la deuda es ilegal o legal es el tribunal”, sentenció el gobernador durante una conferencia de prensa en Cataño.

Ayer, la jueza Lauracelis Roques Arroyo decidió a favor del líder sindicalista Roberto Pagán, el economista José Alameda y el profesor de negocios, José González Taboada, quienes presentaron a finales de febrero un “injunction” en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para revertir sus destituciones en la comisión.

Para el gobernador, aún en el mejor de los casos, los hallazgos que pueda hacer la comisión sobre la legalidad de la deuda dependen al final del día de lo que decida un tribunal. Explicó que de la comisión declarar como ilegal cualquier emisión del gobierno, los acreedores afectados llevarán acciones que dejarían en manos de un tribunal la última palabra sobre la legalidad de esta.

“En una situación fiscal como la que nos encontramos, ¿por qué vamos a invertir millones de dólares en algo que no va a tener un resultado?”, añadió Rosselló al justificar su oposición a los trabajos de la comisión.

Defienden la importancia de la comisión

Mientras el gobernador entiende que una auditoría por parte de la comisión sería malgastar fondos públicos en momentos de estrechez económica, el abogado Armando Santiago Pintado recordó que la Ley 97 también faculta a la comisión para otras tareas tales como rendir un informe con recomendaciones sobre cambios a leyes bancarias.

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“(La) deferencia al sector bancario en el proceso legislativo es lo que ha permitido una desregulación total en Puerto Rico en esa industria. Plantearse una manera que evite que esto suceda en el futuro es plantearse una reforma grande, una que en Estados Unidos no han querido realizar para la banca que ellos regulan. Obligar a la banca puertorriqueña atenerse a unos estándares nuestros, que nosotros diseñemos para evitar este tipo de situación”, explicó Santiago Pintado, en referencia a la oportunidad que tendría la comisión de establecer este tipo de legislación.

Durante un conversatorio esta semana sobre la auditoría de la deuda frente a los portones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el abogado enfatizó que a la comisión “se le requiere por ley auditar toda la deuda emitida desde 1972 hasta el presente y eso se iba a poder lograr por menos de $6 millones”.

Santiago Pintado explicó durante la actividad que antes de haber sido dejada inoperante, la comisión -a un costo de $100,000 y en un periodo de tres meses- buscaba auditar cuatro emisiones de deuda del gobierno en cuatro flancos diferentes: estados financieros; cumplimiento con leyes y regulaciones; rendimiento y una auditoría forense que identificaría cualquier acto ilícito en el proceso.

Por su parte, a preguntas sobre los objetivos e importancia de una auditoría de la deuda, la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, la abogada Eva Prados enfatizó que el pueblo puertorriqueño debe “saber cómo fue que llegamos aquí para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

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