25 de Noviembre de 2020

[VIDEO] González a la junta fiscal: “Vamos a defender al pueblo de Puerto Rico”

Por el 20 de Diciembre de 2016

La comisionada residente electa, Jenniffer González, aseguró a Caribbean Business que, tanto ella como el gobernador electo Ricardo Rosselló, defenderán los intereses de los residentes de la isla ante la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

De igual forma, sentenció que extenderán la efectividad de la Ley 154 de 2010, conocida como el impuesto de 4% a las empresas foráneas y el cual expira en 2017, para lo cual únicamente se necesitaría legislación local, ya que González considera que el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) aún no se ha manifestado en contra de dicha extensión. Un memorando de entendimiento con el IRS permite que las empresas extranjeras que pagan este impuesto en la isla obtengan un crédito en sus planillas federales.

Para la saliente portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, el papel de la junta de control fiscal —que tiene autoridad para derogar leyes y enmendar presupuestos del gobierno de Puerto Rico— debe ir más allá de evaluar los ingresos y gastos del país. 

Para la comisionada residente electa, Jenniffer González, no es necesario discutir con el IRS o el Tesoro federal la extensión del memorando de entendimiento para que las empresas foráneas descuenten de sus impuestos federales lo que pagan en la isla. (Jaime Rivera/CB)

Para la comisionada residente electa, Jenniffer González, no es necesario discutir con el IRS o el Tesoro federal la extensión del memorando de entendimiento para que las empresas foráneas descuenten de sus impuestos federales lo que pagan en la isla. Por esto, impulsa que sea mediante legislación local que se extienda el impuesto, que expira en 2017. (Jaime Rivera/CB)

La próxima comisionada residente, que afirmó ser la única funcionaria electa que tiene poder de supervisión sobre la junta, sostuvo que el organismo deberá determinar cómo se puede encaminar la situación fiscal del país y qué función va a tener el gobierno federal en el proceso. 

De igual forma, manifestó que el ente—en el que el gobernador de Puerto Rico tiene un representante sin voto— deberá ayudar a lograr medidas de desarrollo económico para la isla y asegurar la inversión del exterior y la paridad de fondos de salud bajo los programas de Medicare y Medicaid.

“Si la misma junta establece que la situación fiscal aquí no es buena, deberían ser los primeros en promover que haya igualdad en las asignaciones del [Departamento del] Tesoro [de Estados Unidos]… Eso es parte de lo que nosotros le tenemos que hacer entender [al organismo] y, créeme, el gobernador [Rosselló] y yo vamos a defender al pueblo de Puerto Rico”, expresó González en una entrevista con este medio.

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La funcionaria lanzó críticas contra la administración del gobernador saliente, Alejandro García Padilla, por entregar un plan fiscal que no cumplió con las expectativas de la junta —“lo que sometió fue una porquería”, a juicio de González— y por limitar la información financiera disponible durante el proceso de transición, que culmina en los próximos días.

“La junta también tiene que entender que estamos ante la oscuridad de data… La información pública que había era una y la que se está viendo en la transición es otra… No podemos pretender que el gobierno entrante entregue un informe en dos días, un plan fiscal, sin la data [económica necesaria]”, afirmó la legisladora sobre el interés de la junta de tener un plan fiscal certificado el 31 de enero de 2017.

Esta fecha, además, coincide con la culminación de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación, lo que significa que el gobierno deberá enfrentar la obligación de cumplir con más de $1,300 millones en pagos pendientes por concepto de deuda. Para esto, contaría con poco más de $100 millones en caja, según reseñó Caribbean Business el mes pasado.

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Encima, el 15 de febrero culmina la suspensión, o “stay” en inglés, de demandas de acreedores contra el gobierno de Puerto Rico, según dispuesto por Promesa. Este mecanismo podría extenderse solo si el gobierno está cerca de lograr acuerdos voluntarios con sus acreedores bajo el Título VI de Promesa, a discreción de la junta y el Tribunal Federal.

González estaría dispuesta a impulsar enmiendas a la ley Promesa en enero, cuando juramente como comisionada residente. Sin embargo, afirmó que el periodo para redactarlas y buscar los votos en el Congreso antes de que culmine el “stay” es tan corto, que “las posibilidades de que eso ocurra son ínfimas con la realidad que tenemos”.

En la medida que inicie la renegociación de la deuda, dijo que buscará impulsar otro tipo de enmiendas a la ley federal.

Extenderán impuesto a las foráneas

De otro lado, la comisionada residente electa explicó que para extender el impuesto a las foráneas o Ley 154 lo único que hace falta es que la Asamblea Legislativa apruebe un proyecto al respecto. 

“No ha habido un solo planteamiento para cambiar el memorando de entendimiento [con el IRS] que existe para el reembolso del tax (impuesto) de las foráneas aquí… Quien único ha levantado esa bandera ha sido el propio gobierno [de García Padilla]. No sé si es tan mala fe, pero evidentemente hay una intención del gobierno entrante en mantener ese tax de la [Ley] 154 porque no hay manera que el gobierno pueda operar sin los más de $1,800 millones [anuales] que se reciben de las foráneas”, apuntó.

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 *El periodista Luis Valentín colaboró en esta historia.

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