24 de Febrero de 2020

[ANÁLISIS] Hacen balance sobre aprobación de ley que regula el cannabis medicinal

Por el 22 de Julio de 2017

La histórica firma de la Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (Ley Medicinal), que regula el uso medicina de la marihuana en Puerto Rico, no despeja aún la incertidumbre sobre cómo el gobierno central establecerá el acceso de todos los pacientes que necesiten la sustancia.

La medida llega luego de dos años de que el Gobierno emitiera e implantara el Reglamento 8766 del Departamento de Salud (DS) y que permitió el establecimiento de varios negocios relacionados a la preparación y venta de productos derivados del cannabis, pero mantuvo la prohibición del uso recreativo de la planta.

"...quién diría que en 2017, bajo una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendríamos una ley de cannabis, con tan conservador que es ese partido. Yo creo que es un avance bien grande”, aseguró el abogado Goodwin Aldarondo Jiménez, presidente de la organización en defensa del cannabis medicinal, Puerto Rico Legal Marihuana (PRLM). (iStock)

“Quién diría que en 2017, bajo una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendríamos una ley de cannabis, con tan conservador que es ese partido. Yo creo que es un avance bien grande”, aseguró el abogado Goodwin Aldarondo Jiménez, presidente de la organización en defensa del cannabis medicinal, Puerto Rico Legal Marihuana. (iStock)

Precisamente, el acceso legal a la flor o “moña” de la marihuana, que es la parte de la planta que se fuma, fue la controversia principal entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Al final, el punto de convergencia se estableció a través del Artículo 5-A2 de la nueva ley, que ofrece la opción de hacer disponible la flor para pacientes con enfermedades terminales y otros que así lo ameriten, siempre y cuando sea estipulado por una evaluación médica. Para muchos sectores a favor del uso medicinal del cannabis, la disposición es absurda.

No obstante, para el abogado Goodwin Aldarondo Jiménez, presidente de la organización en defensa del cannabis medicinal, Puerto Rico Legal Marihuana (PRLM), la Ley Medicinal constituye un avance para el uso de la planta en la isla, a pesar de que admitió que varios de sus renglones no van acorde con las necesidades reales de los pacientes. Además, planteó que la participación de las organizaciones que agrupan a pacientes fue fundamental para la aprobación de la ley.

Aldarondo Jiménez explicó que el mayor logro obtenido con la firma de la legislación fue lograr que el reglamento que regula el cannabis en la Puerto Rico tuviera fuerza de ley, al ser Puerto Rico la única jurisdicción de Estados Unidos donde solo se mantenía un reglamento sin un marco legal apropiado.

“Definitivamente, ha sido un gran logro porque, quién diría que en 2017, bajo una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendríamos una ley de cannabis, con tan conservador que es ese partido. Yo creo que es un avance bien grande”, aseguró el abogado, experto en el tema.

“La otra parte positiva es que se integran cinco agencias del Gobierno para poder crear un nuevo reglamento y eso es positivo en el aspecto de que se están integrando esas otras agencias, el Departamento de Desarrollo Económico, Departamento de Hacienda, el de Agricultura, el de Salud…”, destacó.

Expertos participarán en foro sobre el cannabis medicinal

Aldarondo Jiménez mostró preocupación ante la composición de la junta reglamentadora del cannabis medicinal. Primero, por entender que nueve miembros -cinco jefes de agencia y tres nombrados directamente por el gobernador- dilatarían el proceso de permisos y, segundo, por entender que es crucial que exista presencia de la comunidad de pacientes y la industria del cannabis medicinal dentro de ese organismo regulatorio.

La Ley Medicinal creará una junta adscrita al DS que pondrá en ejecución la ley. Esta junta reglamentará aquellos asuntos que delegue la ley, incluyendo la expedición de licencias de pacientes y de dispensarios, entre otros, y la fiscalización y la facultad de emitir multas.

El letrado explicó, sin embargo, que mientras no sea constituida esa junta reglamentadora, el Gobierno está en la obligación de continuar utilizando el Reglamento 8766 como base para atender las necesidades de los pacientes y de la recién nacida industria.

“Así que todo sigue igual hasta que ellos se organicen. Eso puede tomarles de uno a dos años, fácil. [El exgobernador] García Padilla lo hizo en menos de un año porque era solamente el secretario de Salud que tenía que hacer el reglamento, pero cuando son nueve miembros, cuando tienen que nombrar un comité asesor médico, luego hacer el nuevo reglamento, llevarlo a vistas públicas, realizarles las enmiendas, estamos hablando de fácil un año, siendo conservador”, aseguró.

Aldarondo Jiménez explicó que la experiencia en Estados Unidos es que este tipo de leyes relacionadas al cannabis medicinal sufren enmiendas regularmente por lo que anticipa que la medida recién aprobada corra igual suerte.

“Me parece que hay que afinar en esa ley la parte de la junta, a ver si vamos a tener un representante de los pacientes. Eso es indispensable, porque, ¿cómo es posible que se tenga una junta de nueve miembros, y ninguno de ellos representa al paciente? El gobernador dijo que incluiría a unos representantes de los pacientes y eso es indispensable. También sería prudente alguna representación de la industria. Alguna organización que represente a los establecimientos”, argumentó.

El experto explicó además que la Ley Medicinal crea los parámetros para que se puedan establecer nuevos reglamentos, pero deja para la interpretación de la junta lo relacionado a los métodos de consumo, qué condiciones son consideradas debilitantes, y cuántas licencias se emitirían, entre otros aspectos importantes.

“Se le está dando un poder muy grande a esa junta y desconocemos con nombre y apellido quiénes van a ser los miembros de ella, y eso podría dañar la industria porque si tenemos a gente en esa junta que no sabe nada sobre cannabis, sus decisiones pueden ser erradas”, indicó.

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