23 de Octubre de 2020

Identifican serias fallas de controles en División de Finanzas del Departamento de Agricultura

Por el 8 de Octubre de 2020

(Suministrada)
(Suministrada)

Una investigación realizada por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), reveló serios problemas en los controles internos y la preintervención de pagos, de la División de Finanzas del Departamento de Agricultura. 

La OIG, conforme a las facultades conferidas por la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, indagó sobre posibles irregularidades dentro del proceso de preintervención de facturas por parte de empleados o personas pertenecientes a la Oficina de Asuntos Financieros del Departamento de Agricultura (DA), luego de haber recibido información a través de una queja confidencial.

Dentro de la investigación, se identificó una muestra, en la que se pudo haber falsificado firmas en el proceso de preintervención de Comprobantes de Pagos Contra Obligación (CPCO), utilizando iniciales de otro funcionario público sin su previa autorización o consentimiento para el desembolso de fondos públicos.

Además, surgió que, ha sido uso y costumbre compartirse las contraseñas de usuario para acceder a diferentes aplicaciones dentro de la Oficina de Asuntos Financieros.

Al momento de la investigación se encontró que un exempleado retirado del DA, realizó funciones de preintervención, como voluntario y que, para poder cumplir con las funciones delegadas, recibió instrucciones para firmar los comprobantes con las iniciales de otra empleada en propiedad, sin la autorización o consentimiento de ésta.

En la investigación se identificaron los siguientes hallazgos: Posible Falsificación y Archivo de Documentos Falsos; Falta de Reglamentación; falta de segregación de labores; incumplimiento con la Ley Núm. 261-2004, según enmendada, conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico”; falta de Controles Generales para el Acceso Exclusivo a Datos y Aplicaciones

De otra parte, la investigación resalta que el DA le asignó labores a un voluntario contrario a las disposiciones establecidas en la citada Ley 261, debido que se formalizó una orden administrativa y un acuerdo que adolecen de fuerza legal, por no cumplir con lo dispuesto en la referida ley de voluntariado. Por lo antes expuesto, se le recomendó al secretario rescindir el acuerdo.

La OIG, realizó los correspondientes referidos ya que conforme a la información evaluada, la conducta expuesta en los hallazgos que corresponden pudiesen constituir infracciones a las siguientes normas y estatutos vigentes los cuales incluyen: Ley Núm. 261, antes citada; Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y Ley Núm. 1-2012, según enmendada conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico” 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.

No obstante, se reitera el su compromiso con continuar atendiendo situaciones de fraude o irregularidades con fondos públicos, por lo que es importante el llamado a la colaboración para que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Consultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.

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