28 de Febrero de 2020

Incumple el Municipio de Guaynabo en políticas contra hostigamiento

Por el 4 de Mayo de 2017

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) impuso sobre $30,000 en multas al Municipio de Guaynabo tras determinar que existe “crasa negligencia” en el cumplimiento de la promoción de políticas contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo y la violencia doméstica. Según la procuradora de las Mujeres, Ileana Aymat Ríos, el municipio es merecedor de la multa máxima que se puede otorgar, según se desprende de una investigación de la agencia.

El anuncio se da días después de que el Departamento de Justicia refiriera al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por una veintena de cargos relacionados a un caso de hostigamiento sexual contra una de sus subalternas, agente de la Policía Municipal. Aunque el gobernador Ricardo Rosselló le solicitó la renuncia, el alcalde continúa aferrado a su cargo.

“La investigación que realizó la OPM encontró que existe una negligencia significativa en el Municipio de Guaynabo en lo que respecta a la promoción de la política contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica”, expresó Aymat Ríos por escrito.

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Los investigadores de la OPM visitaron más de una veintena de oficinas municipales, incluyendo los cuarteles de la Policía Municipal. Durante el proceso, el acceso a la información no fue coartado, pero sí controlado por el director de Recursos Humanos, se informó. Donde sí se restringió el acceso a los investigadores fue en la Oficina del Alcalde y la Oficina de la Primera Dama.

“Por alguna razón que nunca se nos especificó, el acceso a la Oficina del Primer Ejecutivo del municipio fue denegado, al igual que el acceso a la Oficina de la Primera Dama. Esto se suma a las prácticas dilatorias y deliberadas exhibidas por el encargado municipal que se supone colaborara con nuestra investigación”, indicó la funcionaria.

De otro lado, la procuradora de las Mujeres aseguró que las multas son solo el primer paso que tomará la agencia, ya que estas “no hacen justicia a la magnitud del problema que encontramos en la dependencia municipal”.

Debido a que la ley solo permite multas de hasta $10,000, Aymat Ríos adelantó que solicitará que se enmiende la legislación para aumentarlas de forma prospectiva.

“En los próximos días estaremos comunicándonos con la Legislatura para que evalúen la posibilidad de enmendar esa disposición de ley con respecto a las multas, de manera prospectiva. El nivel de desapego a una política pública clara contra el hostigamiento sexual en este caso trasciende hallazgos básicos, al punto de que se ha hecho necesario ampliar la investigación”, sostuvo la funcionaria.

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La OPM se encuentra actualmente en una segunda fase de la investigación, lo cual podría redundar en que se refieran los hallazgos a entidades estatales y federales para posible acción.

Agradeció, además, los testimonios de lo empleados del Municipio de Guaynabo y aseguró que la dependencia no permitirá la violación a ninguna ley o reglamento.

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