Industriales piden al tribunal que aclare si RSA contraviene política pública energética
La Asociación de Industriales presentó una demanda de sentencia declaratoria para que se aclare si el acuerdo firmado entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la corporación pública contraviene el marco regulatorio y la nueva política energética establecida en la Ley 17 de 2019.
En esa misma línea, el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses solicitó con caracter de urgencia, a los Comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico, que se expresen en torno a la Política Energética de Puerto Rico, con el objetivo de comenzar el proceso para presentar un mandamus la semana próxima requiriendo al Negociado de Energía que ejerza los deberes que requiere su cargo.
Ambas acciones tienen el propósito de evitar que el acuerdo (RSA) que está ante la consideración de la jueza Laura Tylor Swain, imponga cargos adicionales a los clientes privados y comerciales, e inhiba el crecimiento de alternativas renovables.
El presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz dijo a Caribbean Business esta semana que a pesar de que el acuerdo no contempla que el ente fiscalizador revise el acuerdo de restructuración de la AEE, ellos si entrarán a evaluar lo relacionado al impacto a la tarifa.
“Vamos a ver el análisis que lo justifica y si es parte de la tarifa o un cargo separado”, dijo Avilés Deliz.
“La AIPR y su matrícula, consideran que el factor energético es de vital importancia para el mantenimiento y desarrollo futuro del sector de la manufactura en Puerto Rico. Por ello, la AIPR, por sí y a través de su Comité de Asuntos de Energía; ha venido desempeñando un rol de liderazgo en el esfuerzo social y comunitario para el desarrollo de una política pública energética a tono con las exigencias del Siglo XXI”, destacó Masses en comunicado de prensa.
Las disposiciones legales vigentes reflejan la adopción de una política pública energética encaminada al fomento del uso, no solo de la energía proveniente de fuentes renovables, sino de todo esfuerzo del consumidor residencial, comercial e industrial para tomar en sus manos el control del factor del costo energético mediante la generación de su propia energía eléctrica, indica el comunicado.
“Desde que fue concebida y creada por mandato legislativo la Comisión de Energía de Puerto Rico (ahora Negociado de Energía), la AIPR ha venido apoyando la existencia y gestiones del Negociado; ello por considerar que se trata de una entidad gubernamental independiente y capacitada; la cual ha venido demostrando un elevado nivel cualitativo en el descargue de sus ejecutorias. Entendemos que el Negociado es y debe ser piedra angular del proceso de transformación de nuestra industria energética”, señala la organización.
La AIPR destacó que con el propósito de garantizar la certeza jurídica que las inversiones que los consumidores oprosumidores puedan hacer en dichas alternativas de producción energética; solicitan al Negociado, que en el término de 5 días se pronuncie y certifique que cumplirá su deber ministerial en torno al principio de garantizar a los consumidores de energía eléctrica clientes de la AEE, la oportunidad de participar en un proceso tarifario adversativo, donde se ventilen todos y cada uno de los aspectos e impactos socioeconómicos de la tarifa propuesta.
Además de garantizar que ningún cargo pueda gravar la energía que el propio consumidor o prosumidor de energía eléctrica haya generado detrás del metro de la AEE con sus propios equipos, bien sea por energía renovable, (eólica, solar, pluvial) mediante motores o turbinas de CHP o cualquier combinación de estas.