18 de Noviembre de 2019

Industriales repudia acción de junta fiscal de demandas para devolución de pagos a suplidores

Por el 1 de Mayo de 2019

El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)
El presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses. (Suministrada)

La Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) repudió el miércoles la acción de la junta de control fiscal de demandar la devolución de pagos efectuados a suplidores de bienes y servicios del gobierno de Puerto Rico por servicios que fueron prestados.

“La acción de la Junta de Supervisión Fiscal de demandar la devolución de pagos efectuados a suplidores de bienes y servicios del gobierno de Puerto Rico por servicios que fueron prestados hace daño a la certidumbre de nuestro clima de negocios y al país. Estaremos evaluando la situación y pendientes de las reclamaciones que se hagan a nuestros socios y a la comunidad de negocios en general”, expresó el presidente de la AIPR, Rodrigo Masses.

“A la misma vez que repudiamos cualquier ilegalidad que pudiera haber contraído cualquiera de las partes, nos reservamos el derecho de utilizar cualquier mecanismo para defender a nuestros socios y mantener un clima de negocios favorable donde impere la certidumbre de los contratos con el gobierno”, señaló.

“Hacemos un llamado a nuestros socios afectados que se comuniquen con nuestra Asociación. Estamos trabajando con nuestro personal y asesores para identificar mecanismos para proteger los derechos de los suplidores en este proceso de la Ley federal Promesa y hacer las expresiones y acciones necesarias para no desestabilizar tantas empresas “bonafide” que son una parte central de nuestra economía. Todo esto como siempre, respetando las normas y procesos federales aplicables”, indicó.

El Comité de Reclamaciones Especiales (SCC, en inglés) de la junta de control fiscal demandó el martes a decenas de empresas e individuos, con la intensión de recuperar millones de dólares en pagos hechos alegadamente “de manera fraudulenta”.

Los pagos que el SCC está tratando de recuperar de los acreedores demandados hoy, se realizaron antes de que el gobierno solicitara la quiebra en virtud del Título III de ley federal Promesa en mayo de 2017.

“El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión identificó a individuos y entidades que recibieron pagos mayores de $2.5 millones sin un contrato válido o para quienes los pagos no corresponden a sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo del 2017, cuando la Junta de Supervisión inició el procedimiento de ajuste de la deuda bajo Promesa”, explicó la junta en un comunicado de prensa.

El gobierno de Puerto Rico, a través de la junta de control, tenía hasta el jueves para presentar este tipo de reclamaciones.

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