23 de Agosto de 2019

Informe del CAAPR señala existen bases jurídicas para el residenciamiento de Rosselló

Por el 19 de Julio de 2019

(Archivo/CB)
(Archivo/CB)

Una Comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), sostuvo el viernes que no es necesario esperar diez días adicionales para iniciar un proceso de residenciamiento contra gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Ese análisis previo y los diez días no son necesarios. Mi apreciación personalísima, no de la Comisión ni del Colegio es que, el presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez) está dándole tiempo al tiempo a ver si es innecesario el proceso de residenciamiento porque todos los indicios son que esto podría ocurrir en la medida en que las planas mayores del partido de gobierno le están pidiendo al gobernador la renuncia”, dijo en conferencia de prensa el licenciado Carlos Iván Gorrín Peralta coaurtor del informe.

Explicó que existen bases jurídicas suficientes para que la Cámara de Representantes inicie un proceso de residenciamiento contra el gobernador.

Como parte de los supuestos delitos encontrados figuran el delito federal de conspiración, malversación de fondos públicos, violaciones a la Ley de Etica Gubernamental, enriquecimiento ilícito, recopilar información para discriminar contra otra persona en su permanencia en el empleo, obstrucción a la autoridad pública, conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia y emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública.

La institución divulgó el contenido del informe realizado por juristas del más alto calibre, que revela supuestas conductas y omisiones del gobernador en un chat, que pueden constituir delitos graves y menos graves que implican depravación.

“En medio de la debacle económica histórica que atraviesa nuestro País y la crisis humanitaria desatada por la pobre atención de los gobiernos tras los efectos del huracán María, es terrible para el Pueblo enfrentar las acusaciones de corrupción por el saqueo de fondos públicos y la conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada, en la que incurrió el gobernador”, expresó el presidente del Colegio, licenciado Edgardo Román Espada.

El informe elaborado por los profesores Yanira Reyes Gil y Carlos Iván Gorrín Peralta, y el expresidente del CAAPR Eduardo Villanueva Muñoz, establece que por no tratarse de un proceso judicial de naturaleza penal, sino de un proceso político, no corresponde las amplias garantías de un juicio criminal ordinario.

Se explica en el documento que el residenciamiento está basado en el poder que brinda la Constitución a la Rama Legislativa, basado en causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación. Sin excluir otras posibilidades, el análisis del chat evidencia incidentes que requieren mayor investigación porque revelan la posible participación del mandatario en la comisión de delitos públicos.

Por ejemplo, la participación e involucramiento del gobernador en las conversaciones que están dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado puede ser constituir una violación al delito federal de conspiración, recogido en el 18 U.S.C. 241. Además, de una violación al artículo 244 del Código Penal.

De otra parte, wxplicaron que el artículo 264 del Código Penal sobre malversación de fondos públicos dispone que un funcionario comete delito si se utilizan fondos públicos para un fin no autorizado, como lo es la exaltación de la figura propia del gobernador. “Es razonable concluir que un chat de largas durante 50 días constituyó un gasto público para adelantar intereses no relacionados con la función gubernamental propiamente, sino con otros intereses políticos y económicos indebidos”, lo cual a su vez puede ser una violación a los artículos 4.2 y 4.7 de la Ley de Ética Gubernamental.

Se mencionó que la participación del licenciado Elías Sánchez, exfuncionario de la actual administración y cabildero podría constituir violaciones a los artículos 250 y 251 del Código Penal (enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injusto, respectivamente), al artículo 252 sobre aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y el artículo 254 sobre intervención indebida en las operaciones del gobierno, todo esto “con plena anuencia del gobernador”.

Otro de los puntos es relacionado al artículo 167 del Código Penal prohíbe la recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo. A estos fines, Rosselló Nevares intervino directamente en una conversación sobre la intención de sustituir a la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el puesto que ha ocupado durante años en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Explicaron que el primer ejecutivo también pudo haber violado el artículo 246 del Código Penal de resistencia y obstrucción a la autoridad pública por impedir el cumplimiento de obligaciones, así como el artículo 284 sobre conspiración, amenazas o atentados contra funcionarios del sistema de justicia, en relación con las funciones del exmonitor federal de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio.

Además, mencionaron que la expresión “salivando por caerle a tiros”, empleada en el chat en que participaba el gobernador y dirigida a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto, podría constituir violaciones a los artículos 245 de emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública y 242 A de incitación a la violencia.

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