25 de Enero de 2022

Informe del Task Force de Promesa es un “preámbulo a la estadidad”

Por el 20 de Diciembre de 2016

Garantizar los fondos de Medicaid para la isla —que culminan en 2017— dar mejor trato en Medicare, impulsar el desarrollo de los terrenos de Roosevelt Roads, asignar fondos para culminar el dragado del Caño Martín Peña y mantener las operaciones del Observatorio de Arecibo son algunas de las 75 recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo del Congreso sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, creado por la ley Promesa.

El documento de 125 páginas, que fue aprobado unánimemente por el grupo de trabajo bipartita y bicameral y que se entrega con una semana de retraso, también incluye la recomendación de celebrar una consulta de estatus autorizada y financiada por el gobierno federal, de manera que pueda tomarse acción legislativa en el Congreso de Estados Unidos.

“[Este informe] valida el que tratar a Puerto Rico injustamente, diferentemente, no funciona. Este informe, en gran medida, lo que busca es un mejor trato para los puertorriqueños como ciudadanos americanos en diferentes áreas. Y yo te diré que eso es un preámbulo a la estadidad, porque está validando la igualdad que conlleva la estadidad”, manifestó el comisionado residente saliente, Pedro Pierluisi, en su última rueda de prensa antes de concluir sus funciones en la que presentó el informe.

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(AP / Pablo Martinez Monsivais)

Para el comisionado residente saliente, el informe del Task Force para el desarrollo económico de Puerto Rico creado por Promesa es un “preámbulo a la estadidad”. (Pablo Martinez Monsivais/AP)

Aunque la mayoría de las recomendaciones del informe van dirigidas al Congreso, este no tiene por qué actuar al respecto. Sin embargo, Pierluisi indicó que el documento tiene un “gran peso” en el liderato congresional por tratarse de propuestas desarrolladas por los propios congresistas de ambas cámaras de ambos partidos (Republicano y Demócrata).

Pese a que las recomendaciones van dirigidas a impulsar el crecimiento económico en la isla, el comisionado residente confirmó que no se calculó el impacto económico de estas. Sí destacó que medidas como ampliar el crédito contributivo federal por hijos dependientes (CTC, en inglés) representan $2,900 millones adicionales a la economía puertorriqueña en 10 años. En el caso de los fondos de Medicaid, se trata de $1,200 millones anuales que recibiría la Administración de Servicios de Salud (ASES).

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En el tema de salud, el grupo de trabajo recomienda al Congreso atender de manera expedita el precipicio fiscal de los fondos de Medicaid en la isla, que culminan el año entrante. También pide mejorar el trato para Puerto Rico en Medicare para asegurar que los hospitales sean compensados justamente (Parte A), trato igualitario a los pacientes (Parte B), asegurar compensación adecuada en Medicare Advantage (Parte C) y aumentar la asignación anual del programa de asignación mejorada para beneficiar a personas de escasos recursos y envejecientes (Parte D).

En términos contributivos, el informe recomienda ampliar el CTC, extender el crédito por ingreso devengado (EITC, en inglés) a hogares elegibles en la isla y dar permanencia al programa de reembolsos de arbitrios al ron importado.

Recomienda, además, enmiendas al Código de Rentas Internas federal para que la sección 199 sobre la deducción contributiva por actividades de producción doméstica aplique permanentemente en la isla, así como cambios en la sección 181 para que la industria de cine local pueda recibir los mismos beneficios contributivos que en los 50 estados.

Para las pequeñas y medianas empresas, se sugiere al Congreso mejorar el trato que recibe la isla en los programas de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés). También se recomiendan reformas operacionales en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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El documento recomienda al Departamento del Tesoro federal asistir a la isla en los temas fiscales y permitir que compita más efectivamente en programas de desarrollo comunitario y nuevos mercados. También pide aprobar la Ley para la Protección de Inversionistas de los Territorios de Estados Unidos, incluir a la isla en las estadísticas federales y establecer un consejo asesor sobre la pobreza infantil que incluya a Puerto Rico.

Por otro lado, se sugiere evaluar el estado de los vertederos de la isla y su cumplimiento, y que se haga permanente la estrategia anti narcóticos para la Frontera del Caribe.

Para la redacción del informe se evaluaron 450 escritos de individuos y organizaciones, y se tuvieron unas 15 reuniones informativas con agencias y departamentos federales. Además de Pierluisi, el grupo estaba compuesto por: los senadores Orrin Hatch (R-Utah), Marco Rubio (R-Florida), Robert Menéndez (D-Nueva Jersey) y Bill Nelson (D-Florida); así como por los representantes Sean Duffy (R-Wisconsin), Tom MacArthur (R-Nueva Jersey) y la puertorriqueña Nydia Velázquez (D-Nueva York).

Pierluisi manifestó que el documento será el “mapa que debe seguir la comisionada residente electa”, Jenniffer González. “Me siento bien orgulloso de haber participado de este Task Force. Es la mejor manera en que puede concluir mi incumbencia como comisionado residente”, apuntó Pierluisi desde su oficina en Puerto Rico, en el Distrito Capitolino.

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