15 de Agosto de 2022

Informe descarta malversación de fondos públicos en becas presidenciales

Por el 27 de Febrero de 2017

Según el informe firmado por la exjueza Mercedes Bauermeister a nombre del comité que revisó el otorgamiento de la Beca Presidencial de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a varias personas en el 2016, se determinó que “altos funcionarios fueron injustificadamente destituidos en julio del año pasado”.

Una carta de la expresidente interina de la UPR, Celeste Freytes, exonera de faltas a los funcionarios. En declaraciones escritas, expresó que “no hubo, en ningún momento, mal uso o malversación de fondos públicos. Del informe de 219 páginas se puede concluir que el verdadero escándalo fue el primer informe fatulo por el cual tres abogados cobraron 160 mil dólares de fondos públicos”.

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Del informe de Bauermeister se desprende, además, que la primera investigación fue “parcializada y discriminatoria expresamente contra el Recinto de Río Piedras”. Además, se recomendó la eliminación de la Beca Presidencial, dada la situación económica de la institución educativa.

“Recomiendo a la Junta de Gobierno que ante la situación fiscal y medidas de ajuste presupuestarios que enfrenta la Universidad de Puerto Rico, se derogue la Certificación Número 7 (2006-2007) Concesión de las Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post Doctorales de la Universidad de Puerto Rico” , reza la carta de la doctora Freytes que introduce el informe.

En el voluminoso informe que rindió la exjueza Bauermeister, en el contexto del proceso investigativo ulterior llevado a cabo, también se concluye que “la Junta de Gobierno fue inducida a error por parte de la Comisión de las Becas en el primer informe”.

Además, se concluyó que las acciones tomadas por la Junta de Gobierno el 7 de julio de 2016 fueron “destempladas, erradas y apresuradas al no brindar a los funcionarios involucrados oportunidad de examinar y reaccionar a un informe repleto de falsedades y de una teoría conspirativa comprada a un programa radial amarillo. Y que esa práctica constituyó una violación crasa al debido proceso de ley, derecho que le garantiza la constitución de Puerto Rico a todo ciudadano”.

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“La destitución de funcionarios de la alta gerencia de la UPR se hizo por causa de los hallazgos de aquel nefasto informe. Por tanto, no había base para tal acción a la luz de lo establecido por el nuevo informe”, se sostiene en el documento firmado por Bauermeister.

El informe será discutido por la Junta de Gobierno de la institución el lunes, a las cinco de la tarde. Además, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, informó que la agencia reactivó la investigación sobre el particular.

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