21 de Enero de 2021

García Padilla a la ONU – “Hay hambre y sed de justicia”

Por el 20 de Junio de 2016

El gobernador Alejandro García Padilla solicitó hoy ante el Comité de Descolonización de la ONU que el caso colonial de la isla sea llevado ante la Asamblea General, porque “hay hambre de sed y justicia” en torno al estatus político de la nación caribeña, un Estado Libre Asociado de EEUU establecido en 1952 que no posee moneda ni Ejército propio ni maneja sus relaciones internaciones.

García Padilla exigió la excarcelación del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, preso hace 35 años en cárceles de EEUU por apoyar la independencia para Puerto Rico. (Inter News Service)

“A nombre del pueblo de Puerto Rico, solicito a los miembros de este Comité que lleven el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y ante su Comité de Derechos Humanos, para que se encausen los procesos necesarios para el ejercicio del derecho a la autodeterminación en cumplimiento con las normas de legitimación establecidas por esta organización y el derecho internacional aplicable”, dijo el gobernante.
Añadió que “Puerto Rico tiene hambre y sed de justicia, y aquí reclamo como gobernador nuestros derechos dentro de la legalidad internacional. Partiendo del derecho de autodeterminación del pueblo puertorriqueño, aquí reclamo la ayuda de esta organización para que se defina nuevamente que es de igualdad y respeto la relación que tiene que existir entre Puerto Rico y los Estados Unidos asentada sobre la voluntad de ambos pueblos, y no de uno sobre el otro”.
Asimismo exigió la excarcelación del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera, preso hace 35 años en cárceles de EEUU por apoyar la independencia para Puerto Rico.
En un discurso que concluyó con aplausos, el mandatario recordó que Estados Unidos, por medio de la Ley 600 de 1950, ofreció al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de adoptar una constitución propia, con la única condición de que proveyera para un gobierno de naturaleza republicana y una carta de derechos, lo que según el gobernador de la isla no ha sido cumplido.
En su mensaje, consignó que “tan recientemente como el 9 de junio de este año, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez Valle 1, reconoció que esa constitución ‘creó una nueva entidad política, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, la cual ‘en resonancia con los principios fundacionales americanos’ describe que su gobierno está ‘subordinado a la soberanía del pueblo de Puerto Rico’”.
No obstante, advirtió que “de algunos años atrás a esta fecha, la Rama Ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos de América ha venido dando señales de su propósito de violentar esta relación”.
Según el gobernador, “así claramente se desprende de los Informes del Task Force del Presidente de los Estados Unidos en el Asunto del Status de Puerto Rico de los años 2005 y 2011, y de las posturas asumidas por el Departamento de Justicia de EEUU”.
“En esencia, esos informes, así como las posturas del Departamento de Justicia señalan que en el 1952 el Congreso de los Estados Unidos le otorgó a Puerto Rico una medida considerable de autogobierno que incluyó autonomía sobre sus asuntos internos. Empero, a juicio de éstos, en el año 1952, Puerto Rico no se transformó en un ente político soberano. Por tanto, según ellos, el estatus constitucional de Puerto Rico como territorio carente de soberanía no cambió en 1952”, declaró García Padilla.
Al respecto, indicó que “entienden ellos que, como territorio, Puerto Rico está sujeto al poder plenario del Congreso de los Estados Unidos al amparo de la cláusula territorial de la Constitución federal”.
A su vez, aseveró que “es mi deber como gobernador electo por la gente de mi pueblo, en votación libre y secreta, comunicarles que entendemos incompatible la postura del gobierno de los Estadios Unidos de afirmar aquí que el poder político del pueblo de Puerto Rico “emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad” y al mismo tiempo afirmar en la metrópolis que se está sometido al poder plenario del congreso de ese otro pueblo”.
Insistió en que “es incompatible, afirmar ante la comunidad de naciones del mundo que el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos están vinculados “por un pacto bilateral cuyos términos podrían alterarse solo mediante consentimiento mutuo”, pero en Washington afirmar que el pueblo de Puerto Rico está sometido al poder plenario del congreso federal”.

Para ejemplificar el caso colonial de la isla, sostuvo que Puerto Rico ha sufrido una fuerte recesión económica con una deuda (de casi 70 mil millones de dólares) que “no se puede pagar y tiene que reestructurarse”.

“Intentamos atender el asunto con legislación puertorriqueña, pero las cortes de los Estados Unidos nos cerraron el camino. Las leyes federales vigentes que tratan este asunto, protegiendo los intereses de los deudores también resultan insuficientes para manejar el problema, puesto que el Congreso federal excluyó de dichas protecciones al pueblo de Puerto Rico en 1984”, manifestó.

Así, en respuesta a los reclamos de Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos presentó una legislación (que incluye una junta de control fiscal federal), dirigida a lograr un mecanismo para reestructurar la deuda de la isla, señaló García Padilla.

Sin embargo, alertó que “atendida la crisis humanitaria, la legislación provoca una crisis política. El problema de la legislación es que, en ella el Congreso pretende innecesariamente, establecer una junta de control fiscal que usurpa los poderes que el pueblo de Puerto Rico delegó en el gobernador y en su Asamblea Legislativa”.

“Esto despoja a Puerto Rico de los atributos de soberanía política que fueron reconocidos por la Resolución 748 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1953”, indicó.

Recalcó que “nuestras luchas en todos los foros nos han puesto en esa encerrona. Se han trastocado los elementos de gobierno propio sobre los que se sostiene la resolución 748 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General en su resolución de 16 de diciembre de 1966, el cual entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y al cual se adhirió con reservas los Estados Unidos”.

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