21 de Abril de 2019

Instituto de Estadísticas demanda a su Junta de Directores 

Por el 28 de Julio de 2017

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico demandó esta semana a todos los integrantes de su Junta de Directores —incluyendo los destituidos y los recién nombrados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares— para que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dilucide cuáles de los miembros tienen el poder en ley para tomar las decisiones en la institución.

El recurso legal también solicita un interdicto preliminar para que se ordene a los demandados a “cesar y desistir de llevar a cabo actos en calidad de miembros de la Junta de Directores” del instituto, hasta tanto el tribunal emita una sentencia declaratoria.

El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, fue renominado a un nuevo término de 10 años por los miembros que el gobernados destituyó de la Junta de Directores. Su nombramiento permanece en un limbo legal, hasta tanto se dilucide la demanda en el tribunal. (Archivo)

La demanda busca determinar los alcances del artículo 29 de la Ley 3 de 2017 —Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno—, que permite al gobernador destituir libremente a miembros de juntas de directores de agencias y corporaciones.

Gobernador destituye a varios miembros del Instituto de Estadísticas

Es por esto que el recurso legal plantea que se necesita conocer si la Ley 3 aplica solo a personas naturales nombradas a juntas gubernamentales a partir del 23 de enero, fecha que se aprobó y entró en vigor la legislación, o si puede aplicarse retroactivamente, aunque la destitución surja sin causa justa, ni previa formulación de cargos y oportunidad de ser oído.

Si aplicara retroactivamente, el documento de 25 páginas establece que ello pasaría por encima de la decisión del caso Díaz Carrasquillo versus García Padilla (191 DPR 97, 2004), en el que se determinó que, a tenor con la Ley 209 de 2003 que crea el Instituto de Estadísticas, los integrantes de la Junta de Directores habían adquirido un “interés propietario sobre sus puestos protegido por la Constitución de Puerto Rico” y la de Estados Unidos. 

La situación de tener dos juntas tomando decisiones simultáneamente ha creado “incertidumbre e inestabilidad” en las operaciones diarias del instituto, expresan en el documento los abogados del organismo, José Conway y Mariana Hernández. 

Gobierno reacciona a la demanda

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, vio con buenos ojos el recurso legal que se presentó, pues entiende que es en los tribunales donde debe dilucidarse la controversia. 

“Qué bueno que hayan ido a los tribunales porque ahí es que se ventilan reclamaciones como esta… La junta actual, la única que tiene el derecho en ley para actuar y correr el instituto, es la que nombró el gobernador de Puerto Rico, hasta que un tribunal determine lo contrario”, afirmó el abogado de profesión en una rueda de prensa el jueves en La Fortaleza, adelantando la postura oficial del Gobierno.

Los hechos

Fue el pasado 21 de julio cuando Rosselló Nevares anunció por escrito la destitución de cuatro de los siete miembros de la Junta de Directores por los supuestos problemas del Instituto de Estadísticas con la recopilación de datos en el Gobierno y la falta de integración con otras agencias. Los destituidos bajo la Ley 3 fueron: el presidente Antonio Fernós Sagebién, la vicepresidenta Ana Dávila, Marta Álvarez y Sonia Balet Dalmau.

El mandatario dejó en su cargo al secretario de la junta, Antonio Cruz Sanabria, y volvió a nominar al abogado Alex López Echegaray y a la contable Bethsié Rosa Reyes. 

Inmediatamente, el gobernador nominó como nueva integrante del organismo a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, y a la abogada y contable Jeannelle Alemar Escabí. La intención fue completar cinco de siete miembros para que la junta no perdiera su quórum.

Pese a esto, el 24 de julio Fernós Sagebién convocó a los antiguos miembros de la junta y anunció que renominarían por un nuevo término de 10 años al director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi. 

Aunque la intención del primer ejecutivo era que Marazzi permaneciera en su cargo, según se dijo por escrito, su renominación fue criticada por el Gobierno porque entendían que se realizó fuera del marco legal.

Un día después, se reunieron los nuevos miembros de la junta para designar las posiciones de jefatura en el organismo y actualmente, todos los miembros parecen estar dando órdenes en el instituto.

Fortaleza condena forma en que se renominó al director del Instituto de Estadísticas

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