25 de Enero de 2022

Inversionistas demandan al gobierno de Puerto Rico

Por el 6 de Junio de 2016

Un grupo de individuos y propietarios corporativos de $100 en bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación de Finanzas Públicas de Puerto Rico están imputando la constitucionalidad de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico.

(iStock)

(iStock)

En una demanda presentada la semana pasada, los demandantes, que incluyen los herederos de la fallecida escritora Rosario Ferré, se dijo que la ley sirve esencialmente para transferir activos del BGF que podrían ser utilizados para financiar los pagos a los tenedores de bonos. Esta transferencia a un “banco puente” o un receptor, supuestamente contemplada y autorizada por las órdenes ejecutivas del gobernador Alejandro García Padilla declarando un “estado de emergencia”, les priva de su derecho de propiedad a un financiamiento existente y futuro de los pagos programados por contrato, dijeron los demandantes. Ellos procuran una orden judicial para paralizar el estatuto.

“Dicha privación conforme a la Ley de Moratoria, sin justa compensación ni el debido proceso de ley, constituye privación ilegal en violación de las cláusulas de las Enmiendas 5 y 14 de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo II Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley de Moratoria sirve para dañar sustancialmente las obligaciones del BGD y PRPFC bajo los bonos de manera irrazonable e innecesaria, la cual no se ajusta estrictamente a promover un interés gubernamental legítimo, importante o convincente y por ello viola la cláusula de contrato de la Constitución de los Estados Unidos (véase el Artículo I §10) y la Constitución de Puerto Rico”, dijeron.

Las disposiciones de la Ley de Moratoria análogas a la legislación sobre quiebras se adelantaron a la Cláusula de Bancarrota de la Constitución de los Estados Unidos porque le permiten al gobernador ajustar las deudas. Ellos indicaron que adquirieron los bonos confiando en las promesas y las representaciones del gobierno, pero han habido incumplimientos en relación a los pagos programados para los bonos emitidos por el BGD a partir el 1 de mayo de 2016. Ha habido incumplimientos en los bonos emitidos por PRPFC, que son propiedad de los demandantes desde el 1 de agosto de 2015.

Los demandantes son Dionisio Trigo González, Carmen Regina Suárez Sein y su sociedad de bienes gananciales; Benigno Trigo González, Teresa Bird Zapata y su sociedad de bienes gananciales; Trigo Corp .; Guillermo l. Martínez, Bertita Martínez Martínez y su sociedad de bienes gananciales; Gustavo Hermida Cela, Gloria Colón Suárez y su sociedad de bienes gananciales; Ramón González Cordero, Ketty Simounet de González y su sociedad de bienes gananciales; Jorge Hess, Regina Trigo de Hess y su sociedad de bienes gananciales; Trimar Investments Corp.; San Rafael Holdings; Ceci Montilla Rojo; 322 De Diego Holdings; Jose A. Valdés Muzaurieta, Adrienne Muentes Ortiz y su sociedad de bienes gananciales; Valmu Trust; Eduardo Artau Gómez, Carmen Feliciano Vargas y su sociedad de bienes gananciales; First Medical Health Plan, Inc .; Adriel Longo Ravelo; Ernesto A. Smith alias Ernesto Antonio Smith Bringas, Saress E. Smith alias Saress Ellerbe Smith alias Saress Ellerbe y su sociedad de bienes gananciales; Federico Stubbe M. Arzuaga; Federico Stubbe González; Stugo, LLC; FSA Investments, LLC; Northshore Management, Corp.; herederos de la herencia de Rosario Ferré Ramírez de Arellano: Benigno Trigo Ferré, Rosario Ferré Lorenza Trigo y Luis Alfredo Trigo Ferré.

image_print

You must be logged in to post a comment Login