21 de Julio de 2019

Investigan incongruencias en presupuesto de la Aafaf

Por el 27 de Febrero de 2018

Serias interrogantes sobre el presupuesto de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) salieron a relucir hoy durante el proceso de vistas públicas que realiza la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, presidida por el representante Antonio “Tony” Soto Torres.

La comisión analiza el presupuesto y los gastos incurridos en los primeros seis meses del año fiscal 2017-2018 de la entidad pública, que es el organismo gubernamental encargado de la coordinación y comunicación entre el Gobierno y la junta de control fiscal de renegociar, reestructurar y lograr acuerdos con los acreedores de la deuda pública.

“La presente Asamblea Legislativa y esta Comisión también tiene la responsabilidad conferida por ley para atender la situación fiscal de Puerto Rico. Tenemos que trabajar en conjunto y para eso necesitamos datos que sean confiables, que debe provenir de las agencias pertinentes y de una manera directa de Aafaf”, indicó Soto Torres luego de señalar varias incongruencias de gastos durante el periodo mencionado.

A la vista comparecieron el director interino de la agencia, Alejandro Camporreale Mundo, y el secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado.

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Por su parte, el director interino indicó que se han hecho ajustes para cumplir con todas las encomiendas con el presupuesto que fue aprobado para el año fiscal en cuestión, que asciende a $90,000,000, de los cuales informó que $8,634,000 van dirigidos a nómina y costos relacionados; $79,741,000 para gastos de funcionamiento y $1,625,000 de pagos de pensiones, lo cual ha sido retenido por OGP.

“Basado en el estado de situación no auditado al 31 de diciembre de 2017, el total de obligaciones acumuladas por la Aafaf fue de $10,475,343. Adicionalmente, la Aafaf espera obtener aproximadamente $6.2 millones en reembolsos a través de acuerdos de entendimiento con varias entidades gubernamentales para recuperar gastos pagados por la Aafaf”, explicó Camporreale Mundo.

El funcionario dijo, sin embargo, que ha surgido la necesidad de presentar planes fiscales revisados para todas las entidades, lo cual conlleva tiempo y gastos que originalmente no fueron contemplados.

“Debemos mencionar que en estos procedimientos el Gobierno se está enfrentando a grupos de acreedores que prácticamente tienen acceso ilimitado a recursos y que han mencionado que parte de su estrategia legal es litigar todos los asuntos en controversia hasta sus últimas consecuencias”, denunció.

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Camporreale Mundo destacó que al presente la Aafaf se encuentra trabajando junto al Gobierno para implementar su mandato de reducir de manera fiscalmente responsable el tamaño del gobierno a través de Planes de Reorganización.

“El paso de los huracanes Irma y María ha trastocado el curso ordinario de los procedimientos de reestructuración pendientes, así como las demás encomiendas que la Aafaf lleva a cabo”, dijo a la vez que indicó que la agencia se encuentra en medio de un proceso de convocatorias para llenar hasta 47 puestos de carrera, conforme a la nueva estructura operacional de la Aafaf, que le permita continuar operando cuando concluya el cierre programado para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

No obstante, Soto Torres le salió al paso al señalar que existe una discrepancia en los números al respecto.

“Le recuerdo que en cuanto a nómina es un gasto en términos de presupuesto que fue aprobado pero que no es un gasto real, y necesito el número real de las 47 plazas que quieren contratar”, aseguró el presidente de la comisión.

“Cuando vamos a los próximos seis meses que es de enero a junio, hay una diferencia de la cantidad utilizada a la cantidad proyectada […] han hecho un ‘plugging’ [encubrimiento]. Por ejemplo, si yo le daba $100 para nómina y utilizaron $25 del primer periodo, es difícil que utilicen los restantes $75 en el segundo periodo si el comportamiento fue de $25. Queremos identificar si hay un sobrante, y que se pueda redirigir a Salud, u otra agencia y así atender necesidades prioritarias de la gente del pueblo”, apuntó el legislador.

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Del mismo modo, el secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, presentó la asignación aprobada y transferencias recibidas durante el mismo periodo, de $316,693,000 en el Fondo General. No obstante aclaró que solo fue contabilizada la cantidad de $314,193,000.

“Una diferencia de $2,500,000 menos, ya que no fueron asignados los fondos para el funcionamiento del ‘Puerto Rico Information Exchange’. Esta diferencia se le ha reclamado a la OGP”, dijo Rodríguez Mercado.

Este informó además que los gastos de su agencia ascendieron a $85,574,561, siendo el más significativo el de la partida de nómina y costos relacionados ascendente a la cantidad de $47,511,263. La partida de Facilidades y Pagos por Servicios Públicos fue de $25,994, 322.

“Es importante mencionar que esta partida incluye los pagos a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y las autoridades de servicio público tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, añadió.

Durante la vista trascendió que la partida de Servicios Comprados tiene un gasto de $6,823,963, siendo el pago de Servicios Prestados por Instituciones en el Programa de Discapacidad Intelectual el de mayor gasto. Mientras, abordó que la partida de Servicios Profesionales tiene gastos acumulados por $1,838,721.

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También el Programa de Discapacidad Intelectual tiene el mayor gasto en dicha partida, seguidos por los contratos de servicios médicos que se prestan en el CDT de Vieques.

“Cabe señalar que el gasto acumulado en nuestra agencia representa un 27% aproximadamente del presupuesto total. Esto se debe a que, conforme a las normas establecidas en la Resolución Conjunta Núm. 9, las transferencias entre partidas deben ser solicitadas a la OGP. No obstante y debido a la emergencia surgida con el huracán María las mismas no fueron autorizadas por la junta de control fiscal y la OGP hasta el pasado mes de enero del 2018”, concluyó el secretario.

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