Investigarán programas de rehabilitación a los que se envían adictos puertorriqueños

Por Cindy Burgos Alvarado el 6 de Marzo de 2017

El Senado aprobó hoy unánimemente una resolución para investigar los programas de rehabilitación de Puerto Rico y Estados Unidos a los que el gobierno envía a personas adictas a sustancias controladas, el proceso de coordinación de estos, el dinero que se invierte y la cantidad de personas que han sido beneficiadas —o afectadas— con el procedimiento.

Según el autor de la Resolución del Senado 95, el senador Carmelo Ríos, su preocupación surge luego de conocer que sobre 200 puertorriqueños vivían bajo puentes en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, muchos de los que viajaron desde Puerto Rico con la intención de “curarse” de sus adicciones, pero los “exprimieron” en las casas de rehabilitación a las que acudieron.

El portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos. (Felipe Torres/CB)

El senador Carmelo Ríos presentó una resolución para investigar los programas de rehabilitación a los que el gobierno envía decenas de personas con problemas de adicción a drogas en Puerto Rico y Estados Unidos, por entender que muchos de estos engañan a los participantes. (Felipe Torres/CB)

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Ríos explicó durante el debate de la medida que en estas casas de rehabilitación les prometen trabajo, una “nueva vida” y tratamiento, pero luego les piden sus identificaciones —muchas veces no se las devuelven—, les solicitan ayudas del gobierno federal, pero no se las entregan, e incluso los hacinan en los habitaciones “al ritmo de 10 y 12 por cuarto”. A las mujeres, en algunos casos, las utilizan para prostituirlas o en trata humana, dijo el legislador.

Por esto, entendió pertinente realizar una vista ocular en Filadelfia —mediante un traslado “ya sea al pecunio de cada uno de los senadores o en un viaje oficial”— para evaluar estos programas de rehabilitación y sus resultados, así como los costos para el estado.

Sobre el particular, el senador independiente José Vargas Vidot manifestó que, en el caso del programa Da Vuelta a la Vida, uno de los que se investigará con la resolución, entiende que ha dado resultados. Dio la bienvenida a la investigación porque considera que ayudará a dar un “abordaje nacional” al problema de adicción a drogas, que afecta a unas 185,000 personas en la isla.

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Sin embargo, reconoció que “esta costumbre” de trasladar a personas con problemas de adicción a drogas a Estados Unidos “no empezó por organizaciones de base de fe. Empezó por los alcaldes de Puerto Rico”.

“Me encantaría que esta investigación se trasladara a ver el trato, negocio o empresa que se ha desarrollado en algunos municipios para lo cual se cobran exhorbitantes cantidades de dinero. No sabemos si ese pago corresponde a servicios que se ofrecen o es una manera de limpiar dinero, no lo sé… Quisiera pensar de forma benigna”, declaró el legislador, quien es cofundador del programa Iniciativa Comunitaria que atiende precisamente a personas con adicción.

De otro lado, el Senado aprobó resoluciones para investigar el sistema de detección de disparos “ShotSpotter”, el cumplimiento de la Ley 109 de 1985 que exige el uso de materiales de construcción manufacturados en Puerto Rico y la situación de la PR-111, conocida como la “Ruta de la Muerte”.