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Juez cuestiona necesidad de contratar otro agente de servicio para casos de Título III

La juez federal Laura Taylor Swain pidió a la junta de control fiscal que explicara por escrito, a más tardar el 16 de junio, por qué quiere contratar a Epiq Bankruptcy Solutions como agente de servicio para dos de los casos de quiebra del Título III apenas dos semanas luego que el tribunal aprobara la contratación de otro agente de servicio.

Prime Clerk ha estado trabajando como agente de servicios en los casos de quiebra del ELA, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) y el Sistema de Retiro de Empleados desde la presentación de las peticiones de quiebra en mayo. La juez aprobó oficialmente la contratación y el pago a Prime Clerk el 1 de junio.

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Sin embargo, el 9 de junio, la junta pidió retener a Epiq Bankruptcy Solutions como agente de servicio para los casos de quiebra de Carreteras y de Retiro. El ente rector desea que el contrato sea retroactivo al 21 de mayo, cuando ambas entidades presentaron sus peticiones de quiebra bajo el Título III de la ley federal Promesa.

“El nombramiento de Epiq como Agente de Servicio en los casos del Título III de [Carreteras y Retiro] acelera el proceso de notificar a partes relevantes con mociones, contestaciones, avisos, quejas y otras alegaciones presentadas en tales casos”, dijo la junta, agregando que los deudores anticipan que el proceso requerirá notificar decenas de miles de personas y entidades.

La juez Swain, sin embargo, está buscando información adicional.

“Se ordena a la junta que presente una declaración jurada suplementaria a más tardar a las 12:00 p.m. del viernes 16 de junio, explicando las razones por las que la junta considera que es necesario contratar a Epiq y al mismo tiempo retener a Prime Clerk LLC “, dice la orden.

La junta no devolvió a este medio una solicitud para comentar. Ambos contratos contienen precios similares para una gran cantidad de servicios, según una evaluación de CB en Español.

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El presupuesto propuesto por el gobierno para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio, autoriza $60 millones para la junta, una cantidad que ha sido criticada debido a los recortes de gastos y otras medidas de austeridad que ocurrirán en todo el Gobierno.