19 de Octubre de 2018

Juez rechaza solicitud de la junta fiscal para desestimar demanda por divulgación de documentos

Por el 7 de Mayo de 2018
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El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Jay García Gregory, rechazó una solicitud de la junta de control fiscal para desestimar una demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que busca acceso a documentos bajo el control del ente rector.

El juez García Gregory desestimó el argumento de la junta fiscal de que, según la jurisprudencia, era inmune a las demandas en un tribunal federal que buscaba una reparación de acuerdo con la ley de Puerto Rico. El juez también desestimó las afirmaciones de la junta en torno a que el derecho de obtener documentos públicos bajo la ley de Puerto Rico fue reemplazado por Promesa.

En un fallo emitido la semana pasada, el tribunal sostuvo que “de conformidad con sus facultades plenarias, el Congreso suspendió, o en su defecto abrogó, la inmunidad soberana de la junta”, lo que significa que permitió que la junta fuera demandada ante un tribunal federal.

“El Congreso da, el Congreso retira”, dijo el juez.

En el fallo, el juez también declaró: “Es evidente en la Sección 106 (a) que el Congreso pretendía someter a la junta a un juicio ante un tribunal federal. La sección 106 (a) establece, en la parte relevante, que ‘cualquier acción contra la junta de supervisión […] se presentará en un tribunal de distrito de Estados Unidos para el territorio cubierto […]’. El Congreso, por lo tanto, indicó claramente que cualquier acción contra la junta debe ser litigado en este tribunal“.



CPI v Board Opinion and Order (4 May 2018) (Text)

El juez García Gregory también dijo que Promesa, la ley que creó la junta de control fiscal de Puerto Rico, no prevalece sobre la ley de Puerto Rico que otorga acceso a documentos públicos bajo el control del organismo.

“El Congreso podría haber agregado un lenguaje que adelantó específicamente la ley de divulgación de Puerto Rico, pero optó por no hacerlo. Sin embargo, el Congreso sí utilizó un lenguaje preventivo claro en otras secciones de Promesa. Por ejemplo, Promesa § 303 (3) impide que el gobierno de Puerto Rico promulgue leyes de reestructuración o expida órdenes ejecutivas ilegales que alteren, modifiquen o modifiquen los derechos de los tenedores de cualquier deuda del territorio, o que desvíen fondos de una instrumentalidad territorial a otro o al territorio. De manera similar, la Sección 504 reemplaza las leyes o regulaciones de Puerto Rico relativas al proceso de aprobación para proyectos de infraestructura crítica. […] El Congreso, sin embargo, no incluyó un lenguaje preventivo específico que se refiera a la divulgación de información”, dijo García Gregory.

El juez García Gregory agregó que no había una apropiación implícita.

“Asimismo, como correctamente señaló el CPI, “[si] Promesa puede ser extremadamente integral con respecto a asuntos como la reestructuración de la deuda y el acceso a los mercados […] esto está muy lejos de la prioridad sobre el acceso público a los documentos”, aseveró.

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