20 de Noviembre de 2019

Juez Torruella solicita “boicot económico” y “resistencia civil” contra la junta fiscal

Por el 11 de Septiembre de 2016

El juez del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal Juan Torruella solicitó ayer la organización de un “movimiento de resistencia civil” pacífico que utilice herramientas como el “boicot económico” para oponerse a la junta de supervisión fiscal creada por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

En su discurso como orador invitado en la convención del Colegio de Abogados (CAPR), en Río Grande, el magistrado describió a Promesa como el “acto más denigrante, despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en toda nuestra relación con Estados Unidos”, expresión que le mereció una ovación.

Promesa es “una nueva forma de administrar la colonia” que, más allá de resolver los “problemas fundamentales del país” —entre los que destaca el estatus— los “perpetúa” mediante el establecimiento de “una agencia de cobro”, como llama a la junta, “para reclamar el dinero que se debe a los bonistas”, manifestó Torruella.

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Este estatus colonial, dijo, es lo que está detrás de la negatividad de los puertorriqueños que creen cuando otros dicen que no se pueden gobernar, como si fueran “una partida de niños”.

Tras hacer un recorrido histórico de diversas legislaciones que, a su entender, han propiciado la difícil situación en la que Puerto Rico se encuentra hoy día, con una deuda de $70,000 millones, el juez federal insistió en su llamado a una movilización “pacífica”, ya que “no hay nada como la violencia para quitarle legitimidad al movimiento más justo”.

“Tenemos que unirnos en defensa de nuestros derechos y actuar pacíficamente porque somos un pueblo de paz, pero eso no implica que debemos ser dóciles y aceptar todo lo que nos traten de imponer”, sostuvo el togado, que considera que el llamado debe ser no solo a los puertorriqueños en la isla, sino a los que viven en el exilio y a los latinos en Estados Unidos.

 

El juez describió a Promesa como el “acto más denigrante,

despectivo, antidemocrático y colonial que se haya visto en

toda nuestra relación con Estados Unidos”.

 

Entre las leyes que consideró injustas para el país, destacó la Ley Jones (leyes de cabotaje), que desde 1920 hasta el presente le ha costado $75,800 millones a Puerto Rico, “más que la deuda pública que se reclama hoy día”. Con estas cifras, la isla, con un 1% de la población de Estados Unidos, “subsidia el 27% total de la transportación de la marina mercante”, aseguró.

También criticó la desaparecida Sección 936, que convirtió a la isla “en el centro de ganancia más grande del mundo” con exenciones contributivas locales y federales, lo que provocó un disloque en la economía cuando fueron eliminadas sin nuevos mecanismos de inversión.

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Llamó “media verdad” a la expresión de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales, ya que el gobierno federal “incautó el 14% de tierras mejores y más atractivas para establecer bases militares” y también ha recibido millones de puertorriqueños en las fuerzas armadas, quienes han luchado por Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial.

“Estamos al bate, en la última entrada. El ‘score’ está empate. Tenemos la carrera de ganar en la tercera base con dos ‘outs’ y dos ‘strikes’. Llegó el momento de la verdad. El ojo en la bola y denle con todo lo que tengan”, insistió Torruella utilizando una referencia a un partido de béisbol.

Torruella concluyó su alocución solicitando —en inglés— la excarcelación de Oscar López Rivera, quien”sirvió en Vietnam” y “ha estado más tiempo preso que Nelson Mandela”.

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