12 de Noviembre de 2019

Jueza contemplaría préstamo de emergencia de $300 millones para la AEE

Por el 16 de Febrero de 2018

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Laura Taylor Swain, impidió ayer que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pidiera prestados $1,000 millones al Gobierno de Puerto Rico para mantener las operaciones de la corporación pública, pero dejó la moción abierta para que las partes presenten un pedido de un préstamo menor “no garantizado” de $300 millones, que fue sometido esta madrugada.

Swain señaló que la junta de control fiscal, la AEE y el Gobierno no demostraron equidad para todas las partes involucradas en la transacción ni presentaron un financiamiento ajustado a las necesidades de la corporación pública. En ese sentido, Swain dijo que dejaría abierta la moción para permitir enmiendas al préstamo propuesto que eliminen las disposiciones que impedían que el tribunal aprobara cambios sustanciales. También alentó al Gobierno a trabajar con otros posibles prestamistas externos.

Durante la audiencia, la AEE indicó que su liquidez se verá afectada a partir del viernes, cuando quedarán unos $144 millones en su cuenta bancaria y que, a menos que obtenga el préstamo, deberá alertar al público sobre la necesidad de comenzar a interrumpir el servicio durante el fin de semana. Los abogados describieron un panorama apocalíptico y agregaron que a principios de marzo la corporación pública estaría sin dinero para operar a pesar de tomar medidas de emergencia, dejando a la isla a oscuras.

Ayer, Swain rechazó la petición de un préstamo de $1,000 millones por entender que no era justo para todas las partes; AEE advierte que tendría que comenzar a hacer interrupciones de servicio este fin de semana. (iStock))

Quienes se oponen a la línea de crédito de $1,000 millones, principalmente tenedores de bonos de obligaciones generales, de bonos prepagos y monolíneas, dijeron que el préstamo era demasiado oneroso para el Estado, que tiene problemas fiscales propios.

Según los términos del financiamiento, el Gobierno tenía una “súperprioridad” en el pago por encima de otros acreedores y un privilegio principal sobre los ingresos. Además, el préstamo no podía suspenderse, restringirse, anularse o impugnarse conforme a la ley federal Promesa o el Código de Quiebras. Sujeto a la aprobación de la junta fiscal, la AEE podría modificar el préstamo sin informar a los acreedores o tener que asistir a una audiencia judicial. Los pagos del préstamo también podrían acelerarse una vez que hubiera un plan confirmado de ajuste de deuda para la AEE en su caso de quiebra.

Los bonistas del Grupo Ad Hoc de la AEE presentaron el miércoles por la noche un préstamo alternativo de $524 millones en dinero de ocho instituciones. El Grupo Ad Hoc argumentó que el Gobierno y la junta habían buscado financiación alternativa. No obstante, los abogados del ente rector y la AEE rechazaron el préstamo de los bonistas argumentando que la cantidad era insuficiente. La AEE había planificado inicialmente tomar prestado alrededor de $550 millones de la línea de crédito renovable. Un abogado de los bonistas trató de convencer a Swain de obligar a la AEE a aceptar el préstamo, algo que ella dijo no podía hacer.

Tom Meyer, abogado del grupo Ad Hoc, dijo que el préstamo de los bonistas podría estar disponible para la próxima semana. “No queremos perder nuestra garantía cuando podemos ofrecer una alternativa. Usted dijo que el préstamo del Estado es el único préstamo que se le ha presentado hoy, pero no es así”, le dijo a Swain.

Mientras, Todd Filsinger, un experto en energía y reestructuración contratado por la AEE, dijo que esperaba que la Autoridad se quede sin efectivo en marzo, ya que gasta $50 millones por semana. Su saldo en efectivo fue de $144 millones el viernes. Dijo que la corporación pública tenía que comenzar a implementar medidas de emergencia para interrumpir por fases el suplido energético a servicios no esenciales para la próxima semana. “La generación comenzará a disminuir la próxima semana”, aseveró.

Durante un contrainterrogatorio, Filsinger dijo, sin embargo, que si bien se espera que la Autoridad esté en negativo $327 millones para mayo, a partir de ese mes se debe ver un aumento en el cobro a los clientes, lo que resultaría en un flujo de efectivo positivo.

De otro lado, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, admitió durante su testimonio que la agencia representa los intereses del Estado y de la AEE, a pesar de que ambos eran lados opuestos en la transacción. También dijo que delegó a sus subordinados la tarea de desarrollar la transacción.

Portela manifestó además que no estaba al tanto de una ley de 2016 que requiere que las agencias paguen sus deudas pendientes a la AEE. El funcionario indicó que envió cartas a las entidades en un intento de cobrar las cuentas pendientes con la Autoridad. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, tuvo que reconocer que las sumas que solicitó fueron mucho menores de lo que en realidad debían a la corporación pública. Por ejemplo, envió una carta al Centro Cardiovascular de Puerto Rico solicitando $920,000 en pago a pesar de que la institución debe $12 millones.

En torno a los montos por cobrar adeudados a la AEE, Dustin Mondell, quien trabaja con Rotschild Inc., la firma que asesora al Gobierno sobre la deuda, reconoció que no hubo negociaciones dirigidas a utilizar ese dinero como compensación. La AEE no solicitó que el préstamo fuera no asegurado o que se le otorgue la súperprioridad.

Admitió que las negociaciones fueron simplemente una colaboración para tratar de obtener una solución a los problemas de liquidez de la AEE. También reconoció que la Autoridad no pudo obtener financiamiento de terceros que no fuera el Estado porque los prestamistas potenciales querían protecciones más sólidas y la mayoría estaban preocupados por el impacto de la privatización en los préstamos.

Desestimó las afirmaciones de que la AEE puede aumentar su liquidez mediante retiros inmediatos o a corto plazo de los montos que tiene depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) porque es una entidad insolvente en el proceso de liquidación de sus operaciones y resolución de reclamos de los acreedores a través de la recientemente promulgada “Ley para la Reestructuración de la Deuda del BGF”.

Los acreedores del BGF, de los cuales la AEE es parte, deben, en conjunto, más de $7,300 millones. Esto incluye más de $3,500 millones en depósitos casi en su totalidad de entidades públicas tales como municipalidades, corporaciones públicas y otras agencias gubernamentales, y más de $3,700 millones en deuda pública. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, el efectivo no restringido del BGF era menos del 5% de los $7,300 millones en reclamos competitivos.

image_print

You must be logged in to post a comment Login