7 de Julio de 2020

Jueza de San Juan desestima orden judicial sobre tarifas sindicales

Por el 27 de Julio de 2018

La jueza de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo desestimó el viernes una solicitud de orden judicial presentada por el sindicato de Servidores Públicos Unidos (SPU) para evitar que el gobierno de Puerto Rico y su oficina de recursos humanos promuevan la desafiliación de los trabajadores públicos de los sindicatos.

El SPU presentó la solicitud el 13 de julio. “De la ley actual, existe el derecho inequívoco de los servidores públicos de informar a las agencias sobre su deseo de no pertenecer a un (sindicato). En ese sentido, la ley actual permite a las agencias intervenir en esa desafiliación. Por esa razón, la creación de formularios escritos para dar uniformidad al proceso no es una intervención indebida”, dijo la jueza.

Los sindicatos sostienen que una interpretación del Departamento de Justicia de un fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU. es incorrecta y no es aplicable a ellos. En junio, el Tribunal Superior dictaminó que los empleados del gobierno que están representados por un sindicato pero no pertenecen a ese sindicato no pueden ser obligados a pagar una tarifa para cubrir los costos del sindicato para negociar un contrato que se aplica a todos los empleados.

La decisión 5-4 anuló un fallo anterior, que data de 1977, que permitía a los sindicatos cobrar esos honorarios, que a menudo se conocen como honorarios de “participación justa” o de “agencia”.

Uniones del sector público no podrán obligar a empleados que no son miembros a pagar cuota

“La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Janus no es aplicable a los trabajadores afiliados a los sindicatos ni establece un derecho a desafiliarse de un sindicato. Este caso se refiere a trabajadores que no pertenecen a sindicatos pero que tienen dinero de sus salarios descontados para pagar los aranceles sindicales “, dijo Pedro Irene Maymí, líder de la Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia y del Trabajo solicitaron a la oficina de recursos humanos que deje de deducir las cuotas de participación justa de los trabajadores que no desean pertenecer a los sindicatos. También crearon formularios que permiten a los trabajadores rechazar la afiliación sindical o aceptar unirse a un sindicato.

El SPU dijo que el gobierno estaba interviniendo con las obligaciones contractuales entre los trabajadores y sus sindicatos y solicitó una orden judicial temporera que Roques Arroyo desestimó. La demanda avanzó a los efectos de evaluar si la corte debe emitir una orden judicial permanente y para otros procedimientos.

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