27 de Junio de 2019

Jueza Swain aprueba préstamo de $300 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica

Por el 19 de Febrero de 2018

La AEE ha establecido en documentos al Tribunal que podría presentar otra solicitud para que se les apruebe un financiamiento mayor, pues plantean que $300 millones no son suficientes para operar. (Archivo)

La jueza federal Laura Taylor Swain aprobó hoy permitir a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tomar prestado $300 millones del Gobierno de Puerto Rico para financiar su operación y evitar el cese del servicio de electricidad en la isla.

Más temprano, la magistrada había dicho que tomaría una determinación basada en las mociones ante su consideración, por lo que canceló la audiencia programada para el martes.

La orden ocurre en momentos en que la corporación pública alega sufrir serios problemas de liquidez, con apenas $144 millones en caja el pasado viernes. La jueza Swain declaró con lugar el préstamo tal y como fue solicitado por el Gobierno y la junta de control fiscal. De acuerdo a la orden, el préstamo vencerá y será exigible y pagadero en la fecha en que todos los préstamos y otras obligaciones hayan sido irrevocablemente repagados en su totalidad en efectivo; o la fecha de vigencia de un plan de ajuste confirmado en el caso bajo Título III de Promesa o la fecha de terminación del compromiso y/o la aceleración de cualquier extensión de crédito pendiente después de la ocurrencia y durante la continuación de un “Evento de Mora”.



De acuerdo a los términos del préstamo, el Gobierno de Puerto Rico tendrá un estatus de súper prioridad sobre el resto de los acreedores, lo que significa que cobraría su acreencia en primer rango. Este estatus continuará a través del caso bajo Título III y tendrá un 5% de interés, como fue solicitado.

La AEE ha establecido en documentos al tribunal que podría presentar otra solicitud para que se le apruebe un financiamiento mayor, pues plantea que $300 millones no son suficientes para operar. La corporación pública solo ha restablecido entre el 35% y 40% de su capacidad de facturación a sus clientes y mientras espera retomar los cobros a partir del 13 de marzo, la entidad dice que no alcanzará los niveles previos al azote del huracán María debido a la emigración y la precaria situación económica del país.

Mientras que únicamente las corporaciones públicas le deben a la corporación pública unos $233 millones, la AEE dice que muchas de estas disputan la cuantía y también confrontan dificultades financieras que les impiden ponerse al día con las facturas. Cerca de $164 millones de la suma total cuenta con más de 120 días de retraso y es difícil de cobrar, según el Gobierno.

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En objeciones que se presentaron durante el fin de semana, acreedores sostuvieron que la AEE podría obtener dinero de otras fuentes.

National Public Finance Guarantee Corporation, un monolínea que es uno de los seis acreedores que objetó el préstamo de $300 millones, ofreció como prueba un documento que muestra que el Gobierno adeuda a la AEE cerca de $1,400 millones, sugiriendo que la deuda pública es mucho mayor a lo divulgado.

“Además, al mirar de izquierda a derecha en estas filas, uno puede ver que una gran parte de estas cuentas por cobrar del Gobierno en realidad están vencidas hace mucho”, dijo National en su moción.

Otro exhíbit de ocho páginas enumera el total de cuentas por pagar de varias entidades gubernamentales. El monto total adeudado por las corporaciones públicas, agencias y otras entidades gubernamentales enumeradas en este cuadro particular es de $257,892,369.

“[Funcionarios del Gobierno] no han identificado evidencia para controvertir estas cantidades sustanciales adeudadas por clientes gubernamentales. Por el contrario, han admitido repetidamente que se deben cantidades sustanciales”, dijo National.

La semana pasada, Swain rechazó la solicitud de la AEE para tomar prestado $1,000 millones al Gobierno de Puerto Rico, un préstamo a 30 años que los acreedores objetaron debido al estado fiscal de la corporación pública. Los acreedores también tuvieron reparos en que se le otorgara a la AEE un derecho prendario sobre los ingresos de la entidad y una gran prioridad sobre otros acreedores en el pago. La línea de crédito revolvente tenía una tasa de cero interés inicial que subió al 3%, lo cual se ubica por debajo del valor de mercado de una corporación en quiebra, de acuerdo a los documentos presentados a la jueza federal.

Ante ello, la AEE y la junta de control fiscal presentaron una nueva solicitud para un préstamo inferior de $300 millones con una tasa de interés de 5%. El nuevo préstamo no le otorga a la AEE un privilegio sobre los ingresos pero sí mantuvo la provisión de superprioridad.

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El síndico de la AEE, US Bank National Association, presentó una objeción limitada al préstamo proponiendo algunos cambios. La modificación principal requiere pagos de préstamos al Gobierno antes de la fecha de finalización del préstamo, que puede ser la fecha de entrada en vigencia de un plan de ajuste de la deuda, cancelación del compromiso de crédito revolvente o aceleración del préstamo.

El Grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligación General también había objetado el nuevo préstamo, tras alegar que sus disposiciones no resolvían su oposición al despilfarro de los propios recursos del Gobierno para subsidiar a la AEE, una entidad legal distinta con sus propios activos y acreedores.

“Una vez más, el Gobierno de Puerto Rico ha ofrecido extender el financiamiento a la AEE en términos que son manifiestamente injustos para el Gobierno [y sus propios acreedores]. La tasa de interés propuesta del 5% está muy por debajo del mercado para un préstamo no garantizado a una entidad con dificultades financieras, como la AEE, y el plazo de vencimiento propuesto de 30 años es inaudito en el contexto del financiamiento de deudor en posesión”, manifestó el grupo.

“Especialmente dado que la AEE, Aafaf y la junta de supervisión parecen no haber realizado ningún tipo de análisis para determinar si los términos favorables son necesarios para que la AEE mantenga sus operaciones -y no hay una razón plausible para pensar que lo son- las condiciones de pago propuestas representan una transferencia injustificada de recursos del Gobierno a la AEE “, afirmaron.

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