24 de Septiembre de 2018

Jueza Swain decidirá si designación de miembros de junta fiscal es constitucional

Por el 11 de Enero de 2018
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La jueza federal Laura Taylor Swain anunció ayer que tomará su tiempo para decidir en torno a demandas que buscan paralizar el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el argumento de que el Senado federal nunca confirmó a los miembros de la junta de control fiscal.

Al anunciar que tomaría el asunto bajo consideración, Swain dijo al final de la vista que fue una “extraordinariamente larga y extraordinariamente importante”.

Aurelius Capital Management LP, un grupo de bonistas de obligaciones generales (GOs), y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que representa a trabajadores puertorriqueños, argumentaron que el Congreso no está exento de la Cláusula de Nombramientos -y las otras protecciones estructurales de la Constitución- cuando legisla con respecto a los territorios de Estados Unidos.

La Cláusula de Nombramientos establece que todos los funcionarios del Gobierno federal deben ser nombrados por el presidente y luego confirmados por el Senado. Los siete miembros de la junta nunca fueron confirmados por el Senado de Estados Unidos. En cambio, el expresidente Barack Obama eligió a los miembros de las listas de candidatos seleccionados por los líderes del Congreso.

La controversia planteada por Aurelius y por Utier es prácticamente un desafío constitucional a la ley federal Promesa, promulgada en 2016 con el fin de crear un proceso de quiebra para la isla para manejar la deuda del Gobierno de unos $69,000 millones.

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La controversia en la vista giró en torno a si lo miembros de la junta fiscal son funcionarios federales que deberían haber sido confirmados por el Senado o si son funcionarios territoriales exentos del proceso de confirmación establecido por la Cláusula de Nombramientos.

Los abogados de Aurelius dijeron que, de estar en lo correcto en su planteamiento de que la junta es inconstitucional, la decisión no invalidaría por completo la ley Promesa ni privaría a Puerto Rico de las protecciones de quiebra bajo el Título III.

Los abogados dijeron que una decisión a su favor simplemente permitiría que el presidente designe, y el Senado confirme, una nueva junta como establece la Cláusula de Nombramientos. Mientras eso sucede, dijeron que el tribunal puede dejar en suspenso el caso de quiebra en lo que se apela la decisión.

En su argumento a favor de que la junta fiscal es una entidad federal, el abogado de Aurelius, Ted Olson, señaló que la autoridad de la junta se ejerce en virtud de la ley federal de Promesa y que sus miembros ejercen una “autoridad significativa” porque se extiende “más allá de los asuntos locales” ya que tienen que decidir, no sólo sobre asuntos relacionados al dinero que se les debe a los bonistas locales, sino también sobre los millones que se deben a bonistas fuera de Puerto Rico.

Olson argumentó que cada vez que la junta tiene que tomar decisiones consulta la ley Promesa y no las leyes locales.

“Lo que el Congreso pretendía aquí era crear una junta federal de funcionarios federales para supervisar los asuntos financieros de Puerto Rico […] No estaban interesados en permitir que los funcionarios locales manejen asuntos financieros”, aseveró.

Sin embargo, abogados de la junta de control fiscal y un abogado del Departamento de Justicia federal dijeron que si fuera cierto el argumento esbozado por Aurelius, entonces todos los funcionarios electos del Estado Libre Asociado y el propio gobernador tendrían que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado porque su autoridad proviene de una ley congresional que hizo posible su existencia.

 

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Si eso fuera cierto entonces, “Puerto Rico tiene problemas mayores porque su gobierno también es inconstitucional”, señaló Thomas Ward, un abogado del Departamento de Justicia federal.

La jueza Swain le cuestionó a Olson que, de ser cierto que la junta de control fiscal es una entidad federal, ¿por qué el Congreso declaró en Promesa que la junta era una entidad territorial? Olson contestó que la etiqueta no convirtió a la junta en una entidad territorial ya que la misma fue creada por autoridad federal para hacer cumplir una ley federal. Citó el caso de una junta creada por el Congreso para supervisar los aeropuertos de Washington, que fue declarada entidad federal por un tribunal.

En respuesta a otra pregunta hecha por Swain, Olson dijo que la Cláusula de Nombramientos obligaría al Senado a confirmar a los miembros de la junta, incluso si el Congreso hubiera dicho que dicha selección hecha por el presidente tenía que ser ratificada por una elección en Puerto Rico.

No obstante, Swain preguntó a Olson “qué cambió” en 1947 cuando el Congreso promulgó una ley que permitió a los puertorriqueños elegir un gobernador, Olson ripostó que en ese caso, el Congreso delegó su autoridad a los funcionarios locales, que la ejercen en virtud de las leyes locales. Señaló que los funcionarios elegidos por los votantes de un territorio no son funcionarios federales.

Olson agregó que la “fuente de donde emana la autoridad” es lo que determina si un funcionario es un oficial de Estados Unidos o un oficial territorial. “Puede haberlo llamado una junta territorial, pero [el Congreso] lo que quería crear una junta federal”, señaló.

El abogado de la Utier, Rolando Emanuelli, por el contrario, argumentó que la junta no era una entidad territorial porque tiene el poder de ajustar la deuda de los bonistas, incluyendo los que viven fuera de Puerto Rico. “El ajuste de la deuda es un poder federal exclusivo”, dijo tras destacar que el Gobierno federal tiene jurisdicción exclusiva sobre las leyes de quiebra.

Por su parte, los abogados del Gobierno señalaron que el Tribunal Supremo en el caso de Sánchez Valle ha dicho que el Congreso tiene amplia libertad para desarrollar enfoques innovadores para atender la gobernanza territorial.

Mientras, Donald B. Verrilli Jr., abogado de la junta, dijo que los miembros del ente rector son funcionarios territoriales que prestan servicio al ELA y cuyos gastos son sufragados por el gobierno local. “Promesa se aplica solo a Puerto Rico”, manifestó.

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