28 de Enero de 2022

Junta concede extensiones para plan fiscal y “stay” de Promesa

Por el 28 de Enero de 2017

Lo que parecía ser un secreto a voces, hoy la junta de control fiscal lo dio por hecho al otorgarle al gobierno de Puerto Rico la extensión a la fecha de entrega del plan fiscal y a la suspensión de demandas, o “stay” de Promesa, durante su cuarta reunión pública en Fajardo.

La administración del gobernador Ricardo Rosselló deberá entregar ahora su borrador del plan fiscal en o antes del 28 de febrero, con miras a que la junta pueda certificar este documento antes del 31 de marzo. También se establecieron fechas de entrega para seis entidades públicas que deberán presentar planes fiscales de manera individual.

Para Rosselló, la determinación de la junta fue “una muestra de confianza” en su gestión hasta el momento.

Durante la reunión, realizada en el hotel El Conquistador y donde nuevamente se presenciaron fuertes medidas de seguridad, participaron varios oficiales del gobierno, quienes hablaron sobre las diferentes medidas de control fiscal ya tomadas por la nueva administración.

Sin embargo, a preguntas de la prensa tras concluir la reunión, la junta dijo no tener una posición oficial sobre la reforma laboral, como tampoco de la legislación que sustituiría la ley de moratoria del exgobernador Alejandro García Padilla.

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Oficiales del gobierno, junto a sus asesores externos, la firma Conway MacKenzie, explicaron que con la extensión del “stay” hasta principios de mayo habría suficiente liquidez para mantener el gobierno abierto durante los próximos meses sin la necesidad de obtener financiamiento externo.

Se informó además que la firma continuará bajo contrato con el gobierno a pesar de haber sido contratada por la pasada administración.

No obstante, una vez expire el “stay” a principios de mayo y ausentes los acuerdos consensuales con los acreedores, Puerto Rico podría nuevamente estar viendo un déficit en caja de más de $1,300 millones y la posibilidad de un cierre de gobierno.

Por otro lado, unos $470 millones se encuentran reservados en caso de que surja cualquier gasto inesperado, habida cuenta los varios riesgos que enfrenta en el gobierno tales como la situación de los sistemas de retiro, el agotamiento de fondos federales de salud bajo Obamacare y el pago que se avecina de casi $400 millones a tres fondos públicos que prestaron dinero al gobierno temprano en el año fiscal.

A través de las recomendaciones hechas por la junta mediante carta el pasado 18 de enero, el organismo reiteró durante la reunión la necesidad de reestructurar la deuda y efectuar recortes sustanciales en el gasto gubernamental, incluyendo salud y pensiones. Sin embargo, el organismo indicó que están receptivos a escuchar alternativas por parte del gobierno, siempre y cuando represente ser una solución que ponga fin al problema de una vez y por todas. Sobre lo último, la junta recalcó que el gobierno no podrá buscar transacciones de financiamiento a corto plazo.

Durante la reunión, también se anunció la elección del ex principal oficial ejecutivo de Triple-S, Ramón Ruiz Comas, como director ejecutivo de la junta, aunque en carácter interino ya que se continúa la búsqueda de la persona que asumirá el rol de manera permanente. De igual forma, la junta anunció la contratación de Citi Group -quienes también trabajaron para la pasada administración- como asesores financieros.

Además, se realizaron una serie de enmiendas a los “bylaws” de la junta -proceso en el que estuvo a cargo el abogado que trabajó la ley de quiebra criolla, Martin Bienenstock, del bufete Proskauer Rose– que incluyen la incorporación de un código de ética y la facultad de tomar acción entre reuniones mediante consentimiento unánime de sus miembros.

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Mientras, habría un nuevo coordinador de revitalización, luego de que el presidente de la junta, José Carrión III, manifestara que estaría sometiendo al gobernador dentro de los próximos dos meses una nueva lista de candidatos para que el mandatario elija. Antes de salir de La Fortaleza, García Padilla nombró a Aaron Bielenberg a la posición tras recibir de la junta una lista de tres candidatos.

Sin definir aún los servicios esenciales

Durante la presentación del gobierno ante la junta, el designado presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Christian Sobrino, manifestó que la legislación que sustituirá a la Ley de Moratoria provee el marco legal para definir lo que serán los servicios esenciales para el gobierno, y a su vez asegurar el pago de la deuda.

No obstante, ante preguntas sobre qué constituirá servicios esenciales, el representante del gobernador ante el organismo, Elías Sánchez, enfatizó que no es un proceso que se completa de la noche a la mañana. También arremetió contra la administración de García Padilla por “gastar” $400 millones en asesores que supuestamente definirían los servicios esenciales, pero no dejar una definición establecida.

  • (Juan J. Rodríguez/CB)

El oficial añadió que los servicios esenciales serán definidos entre integrantes de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) junto con personal de cada una de las 118 agencias. A grandes rasgos, incluiría las áreas de salud, seguridad, educación e infraestructura crítica, afirmó Sánchez.

“Los pagos a servicios esenciales se harán corrientes, [pagos a] servicios no esenciales serán diferidos”, agregó sobre el particular el designado secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, durante la reunión.

Ante ello, algunos integrantes del organismo, incluyendo a Ana Matosantos, mostraron preocupación por el efecto que esto tendría con los suplidores de servicios ya efectuados y que pudieran ser considerados posteriormente como no esenciales.

Durante la rueda de prensa, se les insistió a los miembros de la junta sobre la definición de servicios esenciales, pero estos refirieron el cuestionamiento al gobierno.

No somos el gobierno electo de Puerto Rico [para definir los servicios esenciales]… La junta dicta el número que necesitamos para llegar a balancear el presupuesto”, afirmó Carrión. A lo cual José R. González, otro integrante de la junta, agregó que el gobierno deberá diferenciar ente “lo que es aspiracional (sic) y lo que es costeable”.

*La periodista Cindy Burgos colaboró en esta historia.

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