18 de Octubre de 2018

Junta concede siete días para que Gobierno corrija planes fiscales

Por el 6 de Febrero de 2018
image_pdfimage_print

La junta de control fiscal envió ayer tres cartas al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, en las que solicita revisiones a los planes fiscales propuestos para el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Los cambios deben realizarse en o antes del 12 de febrero y la expectativa es que los planes fiscales sean certificados el 23 de febrero.

En esas misivas, que según el ente rector sirven como aviso de incumplimiento al Gobierno por violar los requisitos de la ley federal Promesa, el organismo que rige las finanzas de la isla también defendió la permanencia de un regulador energético separado e independiente.

“Es imperativo que Puerto Rico aproveche este momento para reformar fundamentalmente una economía que ha estado en una recesión a largo plazo, incluso antes de los huracanes Irma y María”, escribió José Carrión, presidente de la junta. “Nuestros objetivos de lograr el balance fiscal y reanudar el acceso a los mercados de capital solo son posibles si cambiamos las tendencias económicas subyacentes que caracterizaron la economía de Puerto Rico antes de los huracanes”, aseveró.

La junta fiscal requiere cambios y más detalles en torno a las reformas estructurales en las áreas de: facilidad para hacer negocios, trabajo, impuestos, infraestructura, inversión de capital, capital humano y el sector energético. (Juan J. Rodríguez/CB)

La junta acogió con beneplácito el anuncio del gobernador sobre la propuesta de privatización para la AEE. No obstante, el ente pidió al Gobierno presentar un plan de cinco años enfocado en “reducir costos, mejorar la confiabilidad y garantizar la resiliencia” de la entidad. Además, el plan propuesto “debe delinear el camino, el calendario y los parámetros de la transacción”.

“Promesa le proporciona al Gobierno una herramienta poderosa para restaurar el crecimiento económico y las oportunidades para la gente de Puerto Rico. La Junta exhorta al Gobierno a utilizar esta herramienta para proveerle un futuro fiscal sostenible a la AEE y al sector energético de la isla y para crear las condiciones que permitan energía más barata, energía más confiable, energía más limpia y una infraestructura energética más resistente”, indicó Carrión.

En cuanto a la AAA, la junta manifestó que el plan “pronosticó una reducción significativa de los ingresos después del huracán María, pero no prevé una reducción proporcional de los gastos operacionales”. Añadió que la corporación pública “debe adoptar un programa de gestión de efectivo para minimizar activamente” su falta de liquidez.

Al pedirle a Rosselló Nevares que modifique su plan fiscal de cinco años para el gobierno central con el fin de certificarlo, la junta aseveró que las pensiones deben reducirse, algo que el primer ejecutivo se ha negado a hacer. El ente rector también criticó la propuesta creación de la Oficina del CFO porque no tenía las garras suficientes para garantizar la gobernanza fiscal.

Anoche, el representante del gobernador ante la junta, Christian Sobrino, reaccionó a las cartas del organismo diciendo que el proceso de certificación de planes fiscales es uno “interactivo”, “por lo cual revisaremos cuidadosamente los comentarios de la junta de supervisión fiscal, al igual que cumpliremos con cualquier petición adicional de información incluida en la carta”.

El Gobierno presentó el plan fiscal revisado el pasado 24 de enero teniendo en cuenta el impacto del huracán María sobre Puerto Rico. Ese plan modificó el plan anterior a 10 años que había sido certificado por la junta en marzo de 2017.

Lo más importante del nuevo plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico

La junta dijo en un comunicado ayer que el plan recientemente revisado del gobierno central incluye muchas “propuestas importantes necesarias para mover a Puerto Rico hacia la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico”. Sin embargo, la junta fiscal requiere cambios y más detalles en torno a las reformas estructurales en las áreas de: facilidad para hacer negocios, trabajo, impuestos, infraestructura, inversión de capital, capital humano y el sector energético.

La junta le dijo al gobernador que su plan propuesto:

-Debe reflejar nueva información sobre asignaciones federales de auxilio en caso de desastre y respaldar las proyecciones de ingresos del Fondo General a base de un plan línea por línea.

-Debe incluir fondos suficientes para los gastos de capital que sean necesarios para mantener los activos del Gobierno ya que el plan actual asigna $400 millones.

Debe tener en cuenta el financiamiento de una reserva de emergencia, y señala que una reserva de $1,300 millones es una cantidad razonable.

Debe comprometerse, para generar crecimiento, a mejorar medidas específicas que faciliten hacer negocios, según las guías del World Bank, en las áreas en las que Puerto Rico se encuentra más rezagado, particularmente en las categorías de permisos de construcción, registro de propiedades, pago de impuestos y obtención electricidad.

Debe incluir reformas laborales y de beneficios para aumentar la participación en el mercado laboral formal, reducir el costo de la contratación de nuevos empleados e impulsar un mercado laboral más flexible y competitivo. Estas reformas pueden incluir convertirse en una jurisdicción de empleo a voluntad para reducir el costo y el riesgo de contratar nuevos empleados; hacer que la indemnización por despido y el bono de Navidad sean opcionales; reducir los requisitos de licencia por vacaciones y por enfermedad a niveles de Estados Unidos o eliminar los requisitos que los empleadores deben pagar por vacaciones y licencia por enfermedad.

-Instituir un requisito de trabajo para los adultos sanos que reciben cupones de alimentos.

-La reforma contributiva incluida debe ser al menos neutral a los ingresos y las exenciones e incentivos deben eliminarse gradualmente antes de reducir las tasas impositivas. Los incentivos fiscales, los créditos y otros subsidios relacionados con los impuestos deben mostrarse como un gasto, en lugar de como un ingreso neto, que requiere un informe integral de gastos tributarios.

-Incluir específicamente un plan para la inversión de capital que esté vinculado a la estrategia económica más amplia del Gobierno, incluida una lista priorizada de inversiones y modelos de financiación sostenible.

-Debería incluir estrategias para el empleo juvenil.

Debe incluir planes para mantener un regulador de energía independiente como una agencia separada, y rechazar la legislación del Gobierno que consolidaría la Comisión de Energía con otras entidades.

Debe reducir subsidios municipales y cualquier “plan para consolidar los servicios municipales y crear nuevas estructuras a nivel regional debe ser respaldado con suficiente detalle para asegurar que dichas acciones impulsarán las eficiencias operativas, la reducción de costos y mejorarán la administración local y los resultados de los ciudadanos”.

-Debe incluir acciones específicas que el Gobierno tomará para garantizar reducciones a largo plazo en las pensiones.

-Desglosar los ahorros proyectados de atención médica por iniciativa para que la junta pueda evaluar y calificar apropiadamente el nuevo modelo propuesto del plan de salud del Gobierno, Mi Salud.

-Debe incluir mayores detalles sobre las eliminaciones de servicios a nivel de agencia para lograr la reducción de costos en todas las entidades gubernamentales, a base de la suposición de que los ahorros serán impulsados únicamente como resultado del modelo de Empleador Único y el Programa de Transición Voluntaria.

-Debe ir más allá de su propuesta para la Oficina del Principal Oficial de Finanzas, ya que “no garantiza suficientemente una mejora en la gobernanza fiscal, la responsabilidad y los controles internos”.

-Debe incluir un análisis más específico de las proyecciones de sostenibilidad de la deuda del Gobierno a 30 años.

You must be logged in to post a comment Login