16 de Octubre de 2019

Junta convoca reunión pública para este viernes

Por el 1 de Agosto de 2017

Ante la expectativa de algún anuncio sobre la reducción en la jornada laboral de los empleados del Gobierno a partir del 1 de septiembre, la junta de control fiscal convocó una nueva reunión pública—su novena—para este próximo viernes, 4 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Hotel El Conquistador en Fajardo.

Según el comunicado que envió la junta hoy, la agenda incluye discusión sobre acciones relacionadas a “medidas de ajuste en el Gobierno”. Se espera que esto último gire en torno a la reducción de jornada—medida que la administración de Ricardo Rosselló Nevares asegura retará hasta las últimas consecuencias.

Mientras, la convocatoria incluye la presentación, discusión y certificación del plan fiscal de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec). La junta también atenderá la reforma de pensiones.

La reunión se dará en momentos que la administración intenta convencer a la junta de que no es necesario activar el recorte de cuatro días de trabajo al mes a los empleados públicos y dos para los maestros, según requirió el ente rector al certificar el plan fiscal del Gobierno el pasado 13 de marzo. La medida no afectaría a los empleados de seguridad pública.

En espera de evaluación cameral reforma de retiro

“La posición de nuestra administración es que [la reducción de jornada] no es necesaria”, dijo ayer el gobernador a CB en Español en entrevista telefónica desde Nueva York. Asimismo, reiteró la posición de la administración de acudir al tribunal, de ser necesario, si la junta mantiene en vigor la medida.

El mandatario sentenció que “este tipo de iniciativas no puede ser de manera unilateral”, al apuntar a la sección 205 de la ley federal Promesa. La administración argumenta que esta sección da al Gobierno la discreción de adoptar o no “recomendaciones” de la junta tales como la reducción de jornada.

Por su parte, el ente rector ha manifestado en repetidas ocasiones que la medida forma parte del plan fiscal certificado el pasado 13 de marzo y, así las cosas, no es una “recomendación” al Gobierno, según plantea la administración.

Mientras, con el nombre de “Programa de Transición Voluntaria”, el gobernador explicó que su administración trabaja en una ventana de retiro para aquellos empleados públicos en puestos no esenciales. La medida ahorraría al Gobierno unos $1,000 millones adicionales durante los próximos 10 años. El programa—sobre el cual aún afinan detalles—incluiría un incentivo económico equivalente al salario del empleado hasta el final del año fiscal 2018, que culmina el próximo 30 de junio.

“Independientemente de la medida, nosotros hemos demostrado que estamos sobrepasando las expectativas de ahorros y que hemos impuesto controles fiscales. Lo cierto es que no hay necesidad para tenerla”, manifestó Rosselló, quien añadió que apela “a la sensatez y a la razón” para evitar la reducción de jornada.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), se desconoce si formará parte de la discusión de la reunión de la junta. Ayer durante una reunión de la Junta de Gobierno de la universidad, se indicó que la UPR tenía hasta hoy, martes, para entregar su plan fiscal al ente rector creado por Promesa. Durante el encuentro, la Junta de Gobierno aprobó el documento que incluye ajustes de alrededor de $1,400 millones durante los próximos 10 años.

Queda en manos de la junta fiscal rechazar, adoptar o enmendar el plan aprobado por la institución académica.

En la reunión pública de la junta el pasado 28 de abril, el presidente del ente, José Carrión, indicó que tanto Cossec como la UPR entregarían sus planes fiscales “dentro de los próximos 30 a 45 días”. Inicialmente, la junta tenía previsto recibir los documentos correspondientes a Cossec y la UPR para el 21 de febrero y 31 de marzo, respectivamente.

Ultimátum de la junta fiscal a la UPR

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