27 de Enero de 2023

Junta de control fiscal busca examinador de facturas

Por el 11 de Abril de 2017

La junta de control fiscal está en búsqueda de una firma que examine las facturas por servicios profesionales que paga el ente creado por la ley federal Promesa con fondos del erario de Puerto Rico.

Así lo dejó saber mediante una solicitud de propuestas con fecha del 10 de abril y colgada en su página cibernética hoy.

“La junta de supervisión busca solicitudes de (firmas) interesadas en ser contratadas como examinadores profesionales de compensación para ayudar a la junta de supervisión en la revisión de facturas (por servicios) profesionales basado en tiempo y desembolsos”, reza el RFP, por sus siglas en inglés, que culmina el viernes, 21 de abril, aunque la junta se reserva el derecho a recibir documentación fuera de término.

El proceso ocurre en momentos en que la junta recibe fuertes críticas de diferentes sectores por el alto costo que representa la contratación de varios asesores y personal durante su primer año en función. CB en Español ha reportado sobre la veintena de contratos otorgados por servicios profesionales y los $22 millones en fondos públicos que han sido destinados para cubrir los gastos de la junta. Mientras, los gastos del ente rector aumentarían significativamente tan temprano como el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio.

[DEL IMPRESO] Se disparan los costos de la junta de control fiscal

“Si bien es cierto que el Congreso, mediante el proyecto Promesa, le permite una cantidad de fondos a la Junta de Supervisión Fiscal, no es menos cierto que son fondos públicos del pueblo de Puerto Rico”, sentenció recientemente el gobernador Ricardo Rosselló a preguntas sobre los $625,000 anuales que devengará la directora ejecutiva del cuerpo, Natalie Jaresko. Horas después, el presidente de la junta, José Carrión III, fue enfático al decir que no revisará el acuerdo con Jaresko.

Por otro lado, como parte de las cualificaciones necesarias, la junta pide a los interesados que incluyan cualquier experiencia previa con casos de quiebra bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras federal.

“Hay gastos administrativos que se reclamarían ante el tribunal para su pago, pero que no necesariamente se incluyen en el presupuesto (de la junta) bajo la sección 107 (de Promesa)”, advirtió una fuente en referencia al Capítulo III de la ley federal, mediante el cual el tribunal evaluaría y requeriría la compensación de todo profesional que contrate el gobierno y la junta como parte del proceso de reestructuración de deuda que establece.

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