19 de Septiembre de 2020

Junta de control fiscal radica quiebra para Cofina

Por el 5 de Mayo de 2017

 La junta de control fiscal anunció esta noche que radicó ante en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una petición voluntaria bajo el Capítulo III de Promesa para la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, mejor conocida como “Cofina”.

Según el presidente de la junta, José Carrión el recurso era necesario “para proteger a los residentes de Puerto Rico, a Cofina y los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en Promesa”.

Carrión detalló, que igual que el gobierno central, el solicitar acogerse al Capitulo III para Cofina no impide que se mantengan los esfuerzos de llegar a acuerdos de consenso con los acreedores. “La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello”, indicó mediante un comunicado de prensa.

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El presidente del ente impuesto por el Congreso de Estados Unidos para asumir el control de las finanzas del gobierno de Puerto Rico  por encima del gobierno electo, explicó que el plan fiscal certificado, “además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda”.

Sostuvo sin embargo, que “los problemas de liquidez y solvencia del gobierno son enormes y el Capítulo III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre”.

En su resolución aprobando y certificando la radicación bajo el Capítulo III para COFINA, la Junta de Supervisión consignó que la misma cumple con los requerimientos de Promesa, incluyendo esfuerzos de buena fe para llegar a una restructuración consensuada con sus acreedores, se adoptaron los procedimientos necesarios para presentar puntualmente estados financieros auditados e hicieron públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible restructuración, entre otras determinaciones.

“La junta toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en Promesa, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital”, concluyó Carrión.

 

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