Junta divulga plan fiscal que certificaría hoy para el gobierno de Puerto Rico

El plan fiscal que se espera que la junta de control fiscal certifique el jueves para el gobierno de Puerto Rico consolidaría 114 agencias en 22, impondría una congelación de nómina de cinco años en el sector público, derogaría las leyes de protección laboral, reduciría pensiones así como los subsidios municipales y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El plan “propuesto” fue uno de varios presentados el miércoles por el ente rector -que contiene numerosos cambios a las versiones presentadas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 5 de abril- y que reveló atípicamente un día antes de la reunión pública para su certificación, lo que podría dar lugar a una acalorada reacción por parte del gobierno.

“El Gobierno de Puerto Rico ha sido claro en establecer la política pública para el plan fiscal luego del embate de un huracán catastrófico como María. La postura es firme en cuanto al recorte de pensiones y de otras medidas que consideramos innecesarias y que además detendrían nuestro desarrollo económico”, reaccionó por su parte Christian Sobrino, el representante del gobernador ante la junta fiscal, en un comunicado emitido la noche del miércoles.

El plan fiscal elaborado por la junta proyecta que $62,000 millones en fondos de ayuda por desastre para huracanes ingresarán a la economía de la isla de fuentes federales y privadas. De ese dinero, se espera que se utilicen unos $35,000 millones para asistencia pública, como grandes proyectos de infraestructura y mejoras de carreteras y escuelas por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); el Departamento de Vivienda de Estados Unidos, a través de su programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG); otras agencias federales; y lo que se conoce como “commonwealth match-spend”.

Unos $19,000 millones serían para asistencia individual en forma de reconstrucciones de viviendas y gastos relacionados con huracanes, como ropa y suministros; y alrededor de $8,000 millones serían utilizados para pagos de seguros privados y comerciales.

Se estima que aproximadamente $375 millones en fondos de CDBG se asignarán para compensar los requisitos de costos compartidos esperados por el gobierno en virtud de los programas federales, que es de $1,000 millones en seis años.

El plan además propone cambios estructurales que tendrían un impacto negativo en el producto interno bruto.

Congelación del plan de retiro de maestros y judicatura

La junta también solicitó “mejoras a la estabilidad financiera” de los fondos de jubilación de los empleados públicos, lo que debe resultar en $185 millones en ahorros a tasa de ejecución para el año fiscal 2023.

“Para evitar crear futuros pasivos por pensiones y estabilizar el sistema en beneficio tanto de los contribuyentes como de los futuros jubilados, el Sistema de Retiro de la Judicatura y los planes del Sistema de Retiro para Maestros deben congelarse lo más rápido posible. Los miembros retendrán los beneficios que han acumulado hasta la fecha, sujetos a la fórmula de reducción de beneficios”, dice el plan.

“Los beneficios futuros deben basarse en las contribuciones y los ingresos en las nuevas cuentas de jubilación de contribuciones definidas”, añade el documento.

Aunque la reducción promedio de los beneficios será del 10%, no habrá reducción para aquellos con un plan combinado de jubilación y beneficios de Seguro Social por debajo del nivel de pobreza que es de $1,000 al mes. Esta fórmula equivale a imponerle a cada pensionado una reducción del 25% en los beneficios mensuales que reciben a partir de los $600 y desde $1,000 para los que no tienen Seguro Social.

“Bajo este enfoque, aproximadamente el 25% no recibiría ninguna reducción en sus beneficios mientras que un 18% adicional de los jubilados experimentaría una reducción de beneficios del 5% o menos. Alrededor del 60% de los jubilados experimentará una reducción de beneficios del 10% o menos, y más del 80% de los jubilados experimentarán una reducción de beneficios del 15% o menos. Muy pocos jubilados tendrán una reducción de más del 20%, y ninguno tendrá una reducción del 25% o más “, dice el borrador del plan fiscal.

Cualquier cambio en la pensión necesitaría ser aprobado por la Legislatura.

De vuelta la reforma laboral

La junta reconoció que los cambios en las leyes laborales y de bienestar social en Puerto Rico son controversiales, y advirtió que los residentes tendrían que renunciar a los beneficios y la protección laboral cuando, “a través de la recesión económica y luego del huracán María, ya hayan perdido tanto”.

Sin embargo, agregó que “cambios dramáticos a las políticas de mercado laboral de Puerto Rico son necesarios para brindar oportunidades para un mayor nivel de vida en el hogar, revirtiendo la historia de alta pobreza de la isla, presupuestos limitados y presión para que los jóvenes puertorriqueños abandonen su hogar por Estados Unidos”.

La junta le dijo al gobierno que debería aspirar a aumentar la tasa de participación laboral al 47% y reducir la tasa de desempleo juvenil al 20.2% para el año fiscal 2023. El organismo asevera que la reforma laboral generará $50,000 millones en ingresos.

Para llevar a cabo la reforma, el gobierno debe implementar regulaciones laborales flexibles; reformar la asistencia social, incluido un crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) para trabajadores de bajos ingresos y un requisito de trabajo para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional “sin discapacidad”; e implementar programas para desarrollar “habilidades críticas” en la fuerza de trabajo.

Para reducir el costo de contratación y alentar la creación de empleos, incluido el movimiento de empleos informales a la economía formal, la junta dice que Puerto Rico debe convertirse en una jurisdicción de empleo a voluntad; reducir las licencias pagadas obligatorias, incluidos los días por enfermedad y las vacaciones, en un 50%; y hacer que la bonificación de Navidad sea voluntaria para los patronos.

El empleo a voluntad, lo que significa la derogación de la ley que penaliza el despido injustificado (Ley 80), debería estar en vigencia en enero, de acuerdo con el plan, junto con la derogación de la ley del bono de Navidad.

La reducción de las vacaciones pagadas debería entrar en vigor inmediatamente ya que “la mayoría de los estados de Estados Unidos no imponen ninguna licencia por vacaciones o por enfermedad”, dice el plan.

Propuesta de salario mínimo

Para compensar algunas de las protecciones y beneficios reducidos de los empleados del sector privado, estas reformas podrían ir acompañadas de un modesto aumento en el salario mínimo para los trabajadores de 25 años o más. Según la propuesta, el salario mínimo aumentaría en 25 centavos por hora, “efectivo tan pronto como el bono de Navidad se haga voluntario”. Tal aumento significaría unos $520 adicionales al año para un empleado que trabaje a tiempo completo.

Los trabajadores menores de 25 años mantendrían el salario mínimo federal de $7.25 con el objetivo de “aumentar las oportunidades para que los jóvenes adquieran experiencia y habilidades valiosas en la fuerza laboral y eviten agravar la alta tasa de desempleo juvenil”. Los pequeños patronos también estarían exentos del aumento.

En cuanto a las reformas de la estructura de bienestar, el gobierno debe poner en marcha un programa de crédito tributario por ingresos devengados (EITC) antes de enero, así como un requisito de trabajo para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) antes del 1 de julio, “sin periodo de transición”.

Para que sea más fácil para las empresas operar, la junta dijo que deben reducirse los requisitos de licencia ocupacional; desregular el manejo de carga en la isla; llevar a cabo una racionalización de permisos; hacer el registro de la propiedad más fácil; se debe mejorar la facilidad de pago de impuestos y el acceso a un sistema energético confiable.

Para permitir la transformación del sector de la energía, la junta propone un nuevo regulador que utilice el modelo de la Comisión de Servicios Públicos para supervisar los servicios estatales. El regulador sería independiente del gobierno y operaría bajo las normas de ética y conducta del servicio público.

La transición a una nueva estructura regulatoria “debe ocurrir inmediatamente”, enfatiza el borrador del plan, con una enmienda a la ley orgánica de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) que establezca que la Comisión de Servicios Públicos no tiene la autoridad para atender apelaciones del Buró de Energía o ” participar en cualquier revisión sustantiva” de su trabajo.

Supervisión del sector energético

“Esto es necesario para garantizar que la estructura y el financiamiento de la Buró de Energía se establezcan antes de que se soliciten las ofertas para la transacción. La autoridad y el financiamiento del Buró de Energía deberían tener un periodo de transición para tener en cuenta la pre-transformación de la junta, que continuará hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica salga del Título III [proceso de bancarrota según la ley Promesa]. Durante este periodo de transición, el gobernador designará nuevos comisionados reguladores, y los fondos del regulador pueden ser más bajos que el estado futuro ya que la junta fiscal tendrá algunas responsabilidades de supervisión”, lee el documento.

“Durante el periodo de transición”, la junta fiscal aprobará los requisitos de ingresos y gastos, incluido un plan de capital, en el plan fiscal certificado de la AEE. También estará a cargo del presupuesto y la creación de tarifas, aprobará nuevas deudas para la corporación y contratos y ventas de activos.

En cuanto a las reformas estructurales, el plan que la junta certificaría hoy propone una reducción y consolidación de 114 agencias en 22. Incluye iniciativas en los Departamentos de Educación, Salud, Seguridad Pública, Corrección y Desarrollo Económico, así como Hacienda y su propuesta Oficina del CFO. Las medidas de eficiencia deben generar $1,620 millones en ahorros en tasa de ejecución para el año fiscal 2023.

“En algunos casos, las consolidaciones están diseñadas para enfocar mejor los esfuerzos competitivos de múltiples agencias, como la agrupación de Desarrollo Económico que consolidará 10 agencias en una sola. En otros casos, las consolidaciones deberían servir para acercar los servicios a los ciudadanos, como las agrupaciones de Servicios Sociales y de Salud que consolidarán puntos de acceso a servicios importantes como Medicaid “, dice el documento.

Además, se ha propuesto la clausura de cinco entidades administradas por el gobierno: el Bosque Modelo; Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra; Empresa para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera; Banco de Desarrollo Económico; y la Autoridad de Financiamiento de Instalaciones Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (Afica).

La junta también dice que el Departamento de Educación, que ha tenido numerosos recortes, debe lograr $53 millones en ahorros netos de personal y $6 millones en ahorros no personales en el año fiscal 2019. Para lograr esto, dice el plan, el Departamento “podría consolidar su huella” así como también “modernizar las instalaciones, revisar el plan de estudios y equipar a los maestros con lo que necesitan para tener éxito”.

Las medidas “deben generar $465.8 millones en ahorros en tasa de ejecución, incluidos los fondos necesarios para las reinversiones necesarias para aumentar la calidad. Sin embargo, estos ahorros se compensan con $160 millones en fondos reinvertidos provenientes de mayores ingresos provenientes de la reforma laboral para programas de desarrollo juvenil y materiales educativos”, agrega el plan.

Aumento en la Policía

Citando una reducción en la delincuencia, el Departamento de Policía también recibiría recortes, pero para asegurar que el Departamento de Seguridad Pública continúe reteniendo oficiales, a pesar de la presencia de puestos significativamente mejor pagados en los Departamentos de Policía de Estados Unidos, “debe instituir un aumento anual de $1,500 para todo personal juramentado para el año fiscal 2019″.

El plan fiscal certificado en marzo incluía una medida para congelar todos los gastos de nómina, que se convirtió en ley en el año fiscal 2018. “Sin embargo, el congelamiento expiraba a fines del año fiscal 2019. Para extender los ahorros de congelar los aumentos de nómina, el congelamiento debe continuarse durante la duración del nuevo plan fiscal. Esta medida debería ascender a $276.6 millones en ahorros anuales para el año fiscal 2023”, dice el plan.

También propone reducir los subsidios del gobierno a los municipios y la UPR para obtener un ahorro anual de $451 millones para el año fiscal 2023. El plan exige la consolidación de los servicios municipales y el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento del impuesto a la propiedad.

“En asociación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), los municipios deberían identificar y registrar decenas de miles de propiedades no registradas para comenzar a recaudar impuestos”, dice el plan.

 

FOMB Draft New Fiscal Plan for PREPA (Text)