28 de Febrero de 2020

Junta fiscal activaría recorte de jornada pese a esfuerzos del Gobierno

Por el 2 de Agosto de 2017

En medio de la pugna entre el Gobierno y la junta de control fiscal sobre la reducción de jornada para los empleados públicos, el ente rector anunciaría este viernes la activación de dicho recorte a partir del 1 de septiembre, lo que podría afectar a cerca de 100,000 trabajadores, según indicaron fuentes vinculadas al organismo creado por la ley Promesa.

De cuatro días menos de salario y empleo al mes —según aprobó inicialmente la junta al certificar el plan fiscal del Gobierno el 13 de marzo— se atenuaría la medida a dos días, indicó una de las fuentes a CB en Español. En el caso de los maestros, se desconoce si la reducción se mantendría en dos días mensuales, según los planes originales. La medida excluye a servidores en áreas de seguridad pública.

El anuncio ocurriría como parte de los trabajos de la novena reunión pública del ente, la cual se llevará a cabo este viernes, 4 de agosto, en un hotel en Fajardo.

Según los estimados iniciales del programa, se espera que la iniciativa genere más de $40 millones mensuales en ajustes al gasto gubernamental. El Gobierno, por su parte, prefiere mencionar sus proyecciones del impacto económico que tendría la medida, el cual estima en $500 millones. (Juan J. Rodríguez/CB)

Mientras, no sería hasta finales de septiembre que la junta atenderá la activación de otra de las medidas requeridas en el plan fiscal —la eliminación del bono de Navidad que los empleados públicos recibirían este año. De activarse esto último, se espera que ahorre unos $50 millones.

“Hay ahorros de $200 millones a $250 millones aún sin demostrar [por parte del Gobierno]. Y eso no es aguantar facturas […] Tienen que ser ahorros estructurales. No han llegado a esos números, aunque el Gobierno ha hecho mucho para cumplir con lo que se acordó —no lo que se ‘recomendó’- sino con lo que se acordó”, añadió la fuente. Los estimados de ahorros en ajustes fiscales para este año son $440 millones.

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Por su parte, la administración de Ricardo Rosselló continúa firmemente opuesta a la medida, y argumenta que la ley federal Promesa no obliga al Gobierno a adoptar la reducción de jornada según pide la junta.

“Este tipo de iniciativas no puede ser [impuesta] de manera unilateral”, dijo el gobernador en entrevista con este medio a comienzos de semana.

¿Cuánto será el impacto económico en la eliminación de un día de trabajo y salario cada semana? ¿Realmente se implementará el 1 de septiembre? ¿Está listo el Gobierno para esto? ¿Quién tiene la última palabra?

Estas son sólo algunas de las interrogantes sin respuestas absolutas con poco menos de un mes para la fecha de inicio de la medida.

Según los estimados iniciales del programa, se espera que la iniciativa genere más de $40 millones mensuales en ajustes al gasto gubernamental. El Gobierno, por su parte, prefiere mencionar sus proyecciones del impacto económico que tendría la medida, el cual estima en $500 millones.

En una dinámica que recuerda a tiempos de la Guerra Fría, la disputa entre el Gobierno y la junta en torno a la reducción de jornada se remonta a hace varios meses. Ambos afirman que la ley federal Promesa está de su lado y aseguran que están listos para luchar el asunto en el tribunal, si es necesario. Esto podría dejar la decisión final en manos de la jueza federal Laura Taylor Swain.

“Estoy absolutamente convencido de que terminará en la corte”, expresó John Mudd, abogado de quiebra y analista político.

Al asegurar que estaría dispuesta a ir al tribunal para evitar la medida, la administración Rosselló sostiene que Promesa no le obliga a cumplir con la solicitud de la junta. Fuentes consultadas por este medio coinciden que el análisis político también juega un papel importante en la postura del Gobierno.

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“El Gobierno gana demandando a la junta ya que se vería como que defendió a la gente y lo llevó a la última instancia. Gane o pierda en el tribunal, es un ‘win-win’ para la administración, políticamente”, dijo una fuente cercana a la junta. También advirtió sobre las implicaciones que tendría retrasar el inicio de la reducción de jornada como parte de un proceso litigioso, ya que podría prolongar la vigencia de la medida.

Así las cosas, analistas y fuentes consultados por CB en Español coinciden en que todo apunta a que la disputa sobre la reducción de jornada será decidida por la jueza Swain.

Citando la sección 205 de Promesa, la administración asegura que el Gobierno tiene la autoridad de adoptar o rechazar recomendaciones de la junta, como lo sería la reducción de jornada. Por su parte, el ente rector ha manifestado en repetidas ocasiones que la medida forma parte del plan fiscal certificado y, por ende, no constituye una “recomendación” a discreción del Gobierno, según plantea la administración.

“Aunque no me gusta que sea así, estoy de acuerdo en eso con la junta”, dijo Mudd.

¿Hay efectivo?

En varias ocasiones, la junta ha apuntado a las necesidades de flujo de efectivo y la incapacidad del Gobierno de cumplir con los ahorros proyectados como algunas de las razones por las cuales sería necesaria la implementación de una reducción de jornada.

“El argumento del ‘cash flow’ es equivocado”, advirtió por su parte Rosselló. El mandatario añadió que tan temprano como la semana pasada, Christian Sobrino, su nuevo emisario ante la junta, presentó al ente las más recientes proyecciones de flujo de efectivo del Gobierno.

“La expectativa era de unos $200 millones. Hay alrededor de $1,400 millones a $1,700 millones. El ‘cash flow’ está ahí y es producto de las iniciativas que hemos podido tomar”, señaló el gobernador.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo que las proyecciones de liquidez están en línea con lo que establece el plan fiscal, y “excediendo, en algunos momentos”.

Sin embargo, un argumento diferente sobre la liquidez del Gobierno se encuentra actualmente ante la consideración de la jueza Swain.

La junta -en representación del Gobierno en los casos de quiebra bajo el Título III- presentó el 21 de julio un acuerdo que, de ser aceptado por el tribunal, establecería un procedimiento para resolver la disputa entre el Gobierno, los bonistas de obligaciones generales (GOs) y los de Cofina, sobre quién tiene derecho a los más de $700 millones anuales en ingresos del IVU que previamente iban al pago de la deuda de Cofina.

El documento establece que de no tener acceso al dinero del IVU que garantiza el pago de la deuda de Cofina, el Gobierno enfrentaría problemas serios de flujo de efectivo a partir del 15 de diciembre a falta de ajustes fiscales adicionales o financiamiento.

“Cuando se certificó el plan fiscal, entre las enmiendas estaba la reducción de jornada y la eliminación del bono [de Navidad], a menos que [el Gobierno] demostrara lo contrario. El Gobierno está haciendo todo lo que puede, pero no puede decirle a la juez que va a tomar prestado [de Cofina] sin hacer nada [más]”, opinó Mudd.

Un último intento

Con el nombre de “Programa de Transición Voluntaria”, el gobernador anunció recientemente que trabaja en una especie de ventana de salida para empleados públicos que trabajen en puestos no esenciales. La medida ahorraría al Gobierno unos $1,000 millones adicionales durante los próximos 10 años.

El programa—sobre el cual aún afinan detalles—incluiría un incentivo económico equivalente al salario del empleado hasta el final del año fiscal 2018, que finaliza el 30 de junio.

Rosselló explicó que el Gobierno actualmente identifica las posiciones que no son esenciales y cuyos empleados podrían optar por participar de algunos de los programas de transición bajo la medida, o continuar siendo empleados del Gobierno.

Sin embargo, este nuevo esfuerzo de la Administración para evitar la reducción de jornada parece que no logrará convencer a la junta, según fuentes cercanas a la entidad creada por Promesa.

La mayoría de las veces, esas medidas adicionales vienen en el último minuto. No vienen con números”, dijo una de las fuentes, quien recordó el intento infructuoso de la administración en evitar una reducción de $13 millones al presupuesto de la Legislatura.

“Independientemente de la medida, nosotros hemos demostrado que estamos sobrepasando las expectativas de ahorros y que hemos impuesto controles fiscales. Lo cierto es que no hay necesidad para tenerla”, manifestó Rosselló.

Golpe a la economía

Si bien es difícil validar en este punto la proyección del Gobierno de $500 millones en el impacto que tendría la medida sobre la economía, cualquier recorte al salario de un trabajador es negativo al crecimiento económico.

Añada una reducción de jornada a casi 100,000 personas, más de 10 años de contracción continua, una migración desenfrenada y una base contributiva erosionada, y el panorama económico no luce muy alentador.

“Es una medida muy regresiva y tremendamente injusta”, dijo Argeo Quiñones, economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Apuntó que la medida afecta, nuevamente, a un sector vulnerable de la sociedad puertorriqueña, sumando a una lista que ya incluye educación, salud, comunidades especiales y el medio ambiente, entre otros.

Por otro lado, varias organizaciones locales como la Cámara de Comercio y la Asociación de Bancos, también han advertido sobre los efectos que tendría la reducción de jornada en la economía.

Quiñones agregó que la medida aumentará el desempleo, la pérdida de ingresos y la desigualdad económica.

“Es una medicina totalmente innecesaria. No están buscando donde deberían”, opinó el economista en referencia a otras áreas en las cuales el Gobierno podría encontrar los ahorros que necesita. Sugiere mirar más hacia el sector corporativo, aquel que tenga ingresos altos, incentivos fiscales y evasión contributiva.

Mientras, un analista financiero que pidió permanecer anónimo, cuestionó si el plan fiscal ya contempla el impacto de la reducción de jornada en sus proyecciones macroeconómicas.

“Si el plan no contempla correctamente el impacto de la medida, entonces se necesitarían enmiendas [al plan fiscal], lo que pudiera afectar, a su vez, las proyecciones de ingreso, etc.”, señaló la fuente.

Según la versión más reciente del plan fiscal certificado del Gobierno, se proyecta que el producto nacional bruto de Puerto Rico tenga una merma de un -2.8% durante este año fiscal.

“La junta no está viendo esto como un triunfo neoliberal. Es duro, lamentable y extremadamente triste. Esto ocurre porque por 40 años o más, los políticos han hecho lo que quieren”, manifestó una de las fuentes.

Para Quiñones, “es una vorágine lo que se ha desatado sobre este país […] contra los sectores que tradicionalmente no gozaron de ese proceso llamado “desarrollo económico’. Esa es mi opinión”.

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