Junta fiscal alcanza acuerdo con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico

Por José Alvarado Vega el 11 de Febrero de 2021

David Skeel, profesor de derecho y miembro de la junta fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

La Junta de Administración y Supervisión Financiera de Puerto Rico (FOMB, en inglés) anunció el miércoles que llegó a un acuerdo “en principio” con varios grupos de acreedores para reducir la deuda de Puerto Rico a niveles “sostenibles” y solicitó a la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Laura Taylor Swain, una prórroga de un mes de la fecha límite para presentar un plan de ajuste modificado (PSA, en inglés).

“Puerto Rico necesita dejar atrás la reestructuración de la deuda tan pronto como sea razonablemente posible con un acuerdo que sea sostenible para Puerto Rico”, dijo el presidente del FOMB, David Skeel, en un comunicado de prensa. “Lo que logramos en este momento es una propuesta realista que abrirá un camino hacia la recuperación de la quiebra, e informamos al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de nuestro acuerdo”.

Skeel dijo que el objetivo de la junta de supervisión es presentar un “plan consensuado de ajuste para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible”.

Si bien la jueza Swain le había dado al FOMB hasta el miércoles para presentar un plan de ajuste enmendado o una hoja de términos del plan para liquidar unos $35 billones en deuda de obligación general (GO, en inglés) del gobierno de Puerto Rico, el ente fiscal también presentó una solicitud para extender el plazo hasta el 8 de marzo.

“Con el apoyo del equipo de mediación designado por el tribunal, solicitamos que el tribunal otorgue más tiempo para continuar el proceso de mediación, establezca los términos acordados en un acuerdo de apoyo al plan y extienda el apoyo para el acuerdo a un amplio espectro de grupos de acreedores por un plan de ajuste justo y asequible que permitirá que la economía de Puerto Rico crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”, dijo la directora ejecutiva del FOMB, Natalie Jaresko, en un comunicado de prensa.

La junta dijo que llegó al acuerdo con los acreedores que poseen alrededor de $7 billones en bonos de la Autoridad de Construcción Pública (PBA, en inglés) y GO, y agregó que el ente fiscal hará que los términos del acuerdo estén “disponibles en poco tiempo para permitir que otras partes se unan”.

Este acuerdo “en principio” se basa en los acuerdos de apoyo al plan ya alcanzados con el Comité Oficial de Jubilados (COR) y ciertos sindicatos, dijo el FOMB en el comunicado, destacando que sigue “alcanzando un plan consensuado de ajuste con tantos partes como sea posible, incluido el Comité de Acreedores, los sindicatos, los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (ERS, en inglés) y las aseguradoras de bonos”.

“[E]l proceso de mediación nuevamente resultó exitoso con los acreedores que poseían cantidades sustanciales de bonos GO y PBA que se comprometieron a respaldar un plan de ajuste. Sobre la base de la ejecución de los acuerdos de unión al PSA existente, la Junta de Supervisión anticipa que los tenedores de más del cincuenta por ciento (50 por ciento) de la deuda pendiente financiada por el gobierno habrán manifestado su apoyo a un plan de ajuste”, dijo el FOMB en una moción urgente, presentado en la corte el miércoles.

Más tarde en el día, la jueza Swain respondió a la moción, ordenando a las partes a que presenten respuestas a la moción antes del viernes,12 de febrero a las 5 p.m. La junta tiene hasta el 16 de febrero a las 5 p.m. para responder.

El documento judicial agregó: “Sin embargo, la Junta de Supervisión cree que una extensión de las fechas límites establecidas en las Órdenes de Programación hasta el 8 de marzo de 2021 para presentar la Moción Informativa y un plan de ajuste propuesto permitirá al Equipo de Mediación programar y realizar más sesiones con las partes interesadas y la Junta de Supervisión para promover las discusiones de mediación y aumentar el apoyo fundamental (en un amplio espectro de reclamos de acreedores) para un plan de ajuste”.

En febrero, el FOMB había presentado un plan de ajuste para reestructurar aproximadamente $35 billones de deuda y otras reclamaciones contra el gobierno de Puerto Rico, PBA y ERS. En respuesta a la pandemia de Covid-19, la junta le pidió a la corte que suspendiera el plan para evaluar el efecto a largo plazo de la pandemia en Puerto Rico. El ente fiscal y los acreedores reanudaron su mediación el verano pasado.

En un comunicado emitido luego del anuncio del FOMB, el gobernador, Pedro Pierluisi, se mostró complacido con los desarrollos, afirmando que si bien los detalles del acuerdo “en principio” no pueden ser revelados, dado que las partes aún se encuentran en proceso de mediación, dijo que el gobierno cree que los términos económicos del acuerdo en principio “son factibles”.

El gobernador dijo que la junta le pidió a la jueza Swain, quien supervisa el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), una extensión para presentar un plan de ajuste enmendado que se ajuste al acuerdo en principio que el entidad ha llegado con el grupo de acreedores.

Sin embargo, Pierluisi destacó que el FOMB fue informado de que el gobierno de Puerto Rico no apoyará un plan de ajuste que “contenga recortes o ajustes a nuestros pensionados”.

“Instamos a la Junta a presentar un Plan de Ajuste que no contenga recortes a las pensiones y que solo refleje en principio los términos económicos del acuerdo. De esa manera, podemos avanzar juntos para completar este proceso de reestructuración”, agregó el gobernador. “El Gobierno continuará participando activamente en el proceso de mediación a fin de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.

Mientras, el analista sénior de políticas públicas del ente regulador del gobierno, Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots, dijo que la nueva propuesta de la junta para pagar la deuda pública es insostenible porque sus datos establecen que, incluso si los ahorros proyectados se logran con la implementación de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin efectivo en 2029.

El economista indicó que inicialmente, la propuesta de la junta en octubre de un pago de deuda de $1.05 billones a $1.1 billones y un pago inicial en efectivo de $5.98 billones, “aunque insostenible”, podría parecer un alivio en medio de un escenario en el que Puerto Rico estaba fuera de un proceso de reestructuración que involucró entre $3 billones y $3.5 billones anuales, según un comunicado de prensa de Espacios Abiertos. Sin embargo, el analista agregó que “la situación se agrava porque desde 2017 se han destinado $2.3 billones anuales a pensiones “PayGo” [pay-as-you-go] y se agrega un pago adicional con propiedades gubernamentales, según lo exige la aseguradora Ambac Assurance Corp.”

La nueva propuesta implicaría pagos anuales de $1.15 billones a $1.3 billones del gobierno central más el pago de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) durante 20 años, hasta 2041, y pagos anuales de Cofina de $991 millones entre 2042 y 2058.

“Con el nuevo pago de $2.3 billones anuales en pensiones (‘PayGo’), el Fondo General queda en una situación de estrés similar a la del período anterior a la reestructuración”, mencionó Santamaría.

El analista señaló que la nueva propuesta representaría un recorte al principal de la deuda que oscilaría entre el 55 por ciento y el 58 por ciento, mucho menor que el propuesto en octubre, que estaba entre el 66 por ciento y el 69 por ciento.

“Si el escenario base de la propuesta de modificación del ajuste fiscal de la deuda propuesta en octubre de 2020 por la Junta, resultó en un déficit fiscal primario ajustado acumulado en 10 años: menos-$3.568 billones (déficit de caja acumulado en 10 años de menos-$1.109 billones a partir de 2029), debemos preguntarnos ¿cómo va a pagar Puerto Rico su deuda con la propuesta actual aún más acomodaticia?”, advirtió el economista.

Santamaría destacó que este escenario se sustenta en proyecciones optimistas del ahorro con las reformas estructurales —cerca de $8.98 billones en 10 años— y las proyecciones conservadoras de contracción de la economía por las medidas de austeridad propuestas por el ente fiscal.

“La pregunta fundamental aquí es: ¿Qué pasará si no se cumplen estas proyecciones? ¿Qué servicios presupuestarios esenciales planean recortar para pagar una deuda claramente insostenible?”, cuestionó Santamaría.

Asimismo, dijo que para el año fiscal 2022, la junta propone un recorte de $23.5 millones más que en el presupuesto del fondo general certificado en el año fiscal 2021.